El exministro del Interior del PSOE y exfiscal Antonio Camacho asume la defensa de Begoña Gómez

El que fuera Ministro del Interior en 2011, hombre de confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba y fiscal de carrera Antonio Camacho asumirá la defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 41 a raíz de la denuncia presentada por Manos Limpias por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Así lo han confirmado a El Periódico de España, del mismo grupo editorial, fuentes del bufete, que señalan que Camacho ha aceptado el encargo y ya se encuentra personado en el procedimiento en espera de futuras decisiones que pueda adoptar el juez Juan Carlos Peinado, entre las que no puede descartarse la citación de Gómez. 

Camacho fue secretario de Estado de Seguridad con Pérez Rubalcaba y le sustituyó en Interior entre julio y diciembre de 2011. Fue miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) --de la que formaron también parte la exministra de Justicia y exfiscal general Dolores Delgado, así como su sucesor en este cargo Álvaro García Ortiz-- , una organización cercana al PSOE que llegó a presidir en 2003. Un año después, entraba en el primer gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, como número dos de Interior con José Antonio Alonso. Tras su salida del Ministerio, fichó por el bufete Pérez-Llorca como experto en derecho penal económico.

Este viernes, Camacho ha estado presente en las declaraciones prestadas por periodistas de dos diferentes medios de comunicación que publicaron las noticias en las que Manos Limpias basó su denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno, que han ratificado.

A su llegada al juzgado, el director de El Confidencial, Nacho Cardero, que venía acompañado del periodista autor de las informaciones, José María Olmo, ha explicado que venía a "defender la veracidad de las informaciones" que han dio publicando. "Los periodistas nos debemos al derecho a la información y a satisfacer la necesidad de información que tienen los ciudadanos", aseguró.

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Al abandonar la sede judicial, se remitió a que el magistrado le había pedido discreción sobre las actuaciones y rehusó contestar a los medios si había entregado alguna documentación en el juzgado. Por su parte, el periodista de Esdiario Francisco Mercado, también citado y cuya declaración fue mucho más breve que la de Cardero, abandonó la sede judicial evitando a la prensa y las cámaras que le aguardaban a la entrada.

Hechos denunciados

Manos Limpias presentó denuncia contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios al considerar que "prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

El sindicato apoya su denuncia contra la esposa del jefe del Ejecutivo en lo publicado por varios diarios digitales y de papel, así como lo conocido por tertulias televisivas. En una nota de prensa posterior, Miguel Bernad --secretario general de Manos Limpias-- recalcó que se basaba en informaciones de medios de comunicación y que en caso de que las noticias no fueran ciertas debían ser "quienes las publicaron" quienes asuman "la falsedad".

En dicha denuncia, el sindicato señala que uno de los empresarios "beneficiados por esas recomendaciones o avales" es Carlos Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. "Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada", indica, añadiendo que la cátedra de Gómez fichó como profesor asociado a ese empresario.

Una vez abiertas las diligencias de investigación, Manos Limpias aportó al juez un informe en relación con cuatro contratos por importe de 10,2 millones de euros que adjudicó el ente público 'Red.es' a la mercantil de Barrabés, Innova Next SL. Posteriormente, Manos Limpias amplió su denuncia contra Gómez aportando un informe sobre las ayudas públicas concedidas a Globalia durante la pandemia y en el que apunta al presidente del Gobierno como "presunto encubridor y cooperador necesario de los negocios" de su esposa. Además, pidió al juzgado que retirase el pasaporte a Gómez, alegando que sus relaciones internacionales le pueden servir para "destruir pruebas y alertar a sus contactos" para poner obstáculos a la instrucción.