Una mujer de 80 años logra que la Justicia le reconozca una incapacidad permanente absoluta

Según informa El Periódico, el recorrido de P.F.R., una mujer de 80 años, ha sido descrito como un ejemplo singular dentro del sistema laboral y de protección social.

A pesar de su avanzada edad, no cumplía los requisitos mínimos para acceder a una jubilación ordinaria en su profesión de administrativa, por lo que mantenía una situación de alta asimilada y continuaba cotizando mediante un convenio especial autorizado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Su situación médica era especialmente delicada.

Padecía enfermedad renal crónica y, tras someterse a un trasplante de riñón, sus síntomas se agravaron, desarrollando además una astenia intensa que limitaba de forma severa su capacidad funcional.

Aun así, el Instituto Nacional de la Seguridad Social rechazó reconocerle una incapacidad permanente absoluta para cualquier profesión.

La vía judicial: una resolución favorable

Ante la negativa administrativa, la mujer, representada por el gabinete jurídico TribunalMedico.com, presentó una demanda que ha sido estimada por el Juzgado de lo Social nº 25 de Barcelona.

La sentencia reconoce que P.F.R. se encuentra en una situación que le impide realizar cualquier tipo de trabajo y condena a la Seguridad Social a abonarle una pensión mensual superior a 900 euros, con efectos retroactivos desde el 4 de octubre de 2024.

El juzgado valoró tanto los informes médicos como su extenso expediente laboral. Debido a su edad, incluso decidió adelantar la fecha del juicio para evitarle una espera prolongada.

La resolución subraya que la documentación aportada demuestra que la recurrente "no puede realizar ninguna profesión", y recuerda que la propia Seguridad Social ya había reconocido en 2023 la existencia de astenia y había propuesto "una incapacidad absoluta".

Reacciones y significado social del fallo

Para Alejandro Rusiñol, director general de TribunalMedico.com, este caso refleja la "esencia de la justicia social". Destaca que los ciudadanos no deben rendirse cuando las limitaciones de salud afectan al desempeño laboral y se cumplen los requisitos de cotización, ya que el derecho a una prestación por incapacidad debe ser garantizado.

Rusiñol también ha señalado que la paciente mantenía un convenio especial para poder alcanzar los años necesarios para jubilarse, pese a encontrarse gravemente enferma.

Considera "injusto que tuviese que seguir cotizando para llegar a los 15 años mínimos requeridos cuando, por incapacidad, se exigen menos años".

A su juicio, la sentencia refuerza el liderazgo de TribunalMedico.com en la defensa médico-legal de pensiones de incapacidad permanente.