Juicio Marta Calvo | Las acusaciones piden tres penas de prisión permanente y 194 años para el asesino en serie

Hasta tres condenas de prisión permanente revisable, por cada uno de los asesinatos consumados de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, con la agravante de género, y otros 194 años de cárcel por diez delitos de

abuso sexual

agravado por la introducción de objetos (cocaína en roca) mientras las víctimas se encontraban privadas de sentido, un delito continuado contra la salud pública y otro delito contra la integridad moral por causar un mayor dolor a la familia de Marta Calvo al generar unas "expectativas frustradas" en la recuperación del cadáver de la joven. Esas son las penas que han solicitado las acusaciones particulares para Jorge Ignacio P. J., la mayor petición de pena realizada hasta la fecha desde que existe la prisión permanente revisable en el ordenamiento jurídico español. 

El Ministerio Fiscal, por su parte, solicita penas que suman 120 años de prisión, diez años menos que en su escrito de conclusiones provisionales al retirar la acusación de una de las víctimas que no quiso acudir al juicio por el terror que le suponía revivir lo ocurrido. La fiscal considera respecto los hechos cometidos por el acusado contra las tres víctimas fallecidas que éstos serían constitutivos de sendos delitos de abuso sexual como medio necesario para cometer un delito de homicidio -no aprecia la circunstancia de alevosía- todos ellos con la agravante de género, de ahí que pida por cada uno de los homicidios quince años de prisión.

Asimismo por las agresiones a cada una de las siete supervivientes la fiscal solicita penas de diez años de cárcel por los delitos de abuso sexual en concurso medial para cometer un delito de lesiones agravadas, así como ocho años de libertad vigilada y doce años de prohibición de comunicación con las agredidas y el destierro de València (prohibición de entrada en la ciudad) durante un plazo de doce años. A dichas penas añade los cinco años de cárcel que solicita por un delito continuado contra la salud pública por favorecimiento del consumo de estupefacientes.

Todas las acusaciones han mantenido las mismas penas que solicitaban inicialmente por cada uno de los asesinatos consumados o en grado de tentativa a las víctimas a las que representan, introduciendo algunas modificaciones en el relato de los hechos tras la prueba practicada en las cuatro semanas que llevamos de juicio. Por ejemplo el matiz introducido por la letrada Isabel Carricondo -que asumió la representación de las siete víctimas que llevaba Juan Carlos Navarro-, sobre la cocaína que el acusado le introducía a sus víctimas por vía genital que era "de gran pureza". Concretamente en el caso de Lady Marcela, segunda víctima mortal del presunto asesino en serie, con un 89,6 % de pureza, según acreditaron los peritos.

Las letradas de los padres de Marta Calvo aprecian un delito contra la integridad moral por el dolor añadido al no encontrar el cuerpo

Tanto la letrada Pilar Jové, en representación de la madre de Marta Calvo, como la abogada Candela Estévez, en nombre del padre de la joven, contemplan el delito contra la integridad moral por el mayor dolor a la familia que ha supuesto que el acusado haya mantenido sus mentiras en el juicio y no haya permitido encontrar el cuerpo de Marta Calvo. Según matiza Jové, la búsqueda se realizó a partir de la versión del acusado, "generando unas expectativas de que iba a recuperar el cuerpo de su hija, expectativas que, a la luz de los hechos, se han quedado frustradas, aumentando el dolor de mi defendida".

Esta acusación también introduce la administración de sustancias para anular la voluntad de la víctima, lo que supondría una agravante en el delito de abuso sexual y que "la actuación del acusado estaba movida en todo momento por su intención de acabar con la vida de Marta".

El letrado Vicente Escribano, que solicita 27 años de prisión por los delitos cometidos contra la víctima a la que representa, introdujo en su escrito final que el presunto asesino en serie actuó "guiado por la intención de acabar con su vida a sabiendas de que esas prácticas producían la muerte".

La defensa mantiene la petición de libre absolución del acusado

Por su parte, la letrada de la defensa de Jorge Ignacio P. J. ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y pide la libre absolución de su patrocinado. María Herrera ha mostrado su disconformidad con todas las conclusiones de las acusaciones y solicita la absolución del acusado al no apreciar que los hechos cometidos por éste sean constitutivos de delito alguno. Ni las muertes de las tres víctimas, ni las intoxicaciones a las supervivientes, ni tan siquiera el delito contra la salud pública por el tráfico de drogas. 

No obstante, alternativamente, en caso de una hipotética condena, pide que se contemple la circunstancia atenuante de toxicomanía, pese a que las pruebas de cabello descartaron que su cliente fuera consumidor habitual de droga en los últimos diez meses anteriores a la toma de la muestra, y el relato de las supervivientes, quienes coinciden en que éste fingía consumir o simplemente no consumía la cocaína que portaba.