Investigación

Brotes de sarna, deshidratación y desnutrición: investigan malos tratos en el mayor geriátrico público de Canarias

Un Juzgado de Puerto de la Cruz abre diligencias a raíz de una denuncia de la Fiscalía | Está previsto que "en las próximas semanas se tome declaración al máximo responsable del centro"

Un imagen de la residencia Santa Rita, en Gran Canaria.

Un imagen de la residencia Santa Rita, en Gran Canaria. / Google

Raúl Sánchez

La pandemia del

Covid-19

mostró sus debilidades e hizo crecer las dudas sobre la gestión del Hogar Santa Rita, la mayor residencia de mayores de

Canarias

, que después de 41 años de atención a ancianos con escasos recursos se enfrenta a una investigación judicial por posibles delitos de maltrato e, incluso, de homicidio imprudente. Un demoledor informe emitido por personal del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria (Hunsc) a finales de 2020, que hablaba de brotes de sarna y de casos de desnutrición y deshidratación, derivó en la denuncia de la Fiscalía que marca el inicio de este caso. Fue admitida a trámite el pasado 17 de noviembre de 2021 y ha dado lugar a la apertura de diligencias en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Puerto de la Cruz, que debe aclarar ahora si ha existido delito o no en la gestión del macrocentro de mayores que fundó el Padre Antonio en 1981.

Los brotes de sarna; los casos de desnutrición y deshidratación, y la escasez y descontrol en las comidas fueron las principales anomalías denunciadas por personal del Hunsc en el Hogar Santa Rita después de hacerse cargo de este geriátrico, a finales de 2020, para tratar de frenar los brotes de Covid que se cerraron con más de 200 positivos y una veintena de fallecidos. Radio Club Tenerife desveló en julio de 2021 el contenido de esos informes, elaborados unos días después de que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ordenara, el 8 de diciembre de 2020, la intervención de esta residencia con 600 internos por el descontrol de los contagios. La información se trasladó posteriormente a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario, la Fiscalía abrió una investigación y la consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, advirtió de que el Cabildo de Tenerife actuaría "sin escudarse en la falta de competencias".

La Ser volvió a adelantar este jueves que la denuncia de la fiscal Carmen Ávila había sido admitida a trámite por el Juzgado, lo que supone un paso clave para el futuro de Santa Rita, tras más de un año de dudas. El primer informe del Hunsc llegó a la Viceconsejería regional de Derechos Sociales el 28 de diciembre de 2020. El 18 de enero de 2021, el Jefe de Sección de Inspección y Registro de Centros de esa consejería envió al Hogar Santa Rita un requerimiento, con apercibimiento de posibles sanciones, en el que solicitaba la adopción urgente de tres medidas: la elaboración de un informe sobre las acciones de la dirección del centro para resolver la ausencia de un especialista en nutrición; otro informe detallado sobre el brote de sarna, y la modificación del horario de comidas para que "se reduzca el tiempo de ayuno entre cenas y desayunos". En ese requerimiento también se instaba al Hogar Santa Rita a entregar copia del contrato de la empresa o del profesional titulado en dietética y nutrición encargado de supervisar "el plan de alimentación y de realizar, en coordinación con el equipo médico, el seguimiento de la situación nutricional de los residentes, estableciéndose dietas individualizadas para los que lo requieran".

Paralelamente, la Fiscalía hizo su trabajo y lo trasladó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Puerto de la Cruz. La labor judicial no ha cesado desde entonces y fuentes de Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han confirmado este jueves que está previsto que "en las próximas semanas se tome declaración al máximo responsable del centro", que en la actualidad es el director gerente Tomás Villar.

La Fundación Canaria Hogar Santa Rita tiene más de 300 plazas concertadas con el IASS, por las que recibe cada año unos 6,5 millones de euros del Cabildo de Tenerife, además de beneficiarse de numerosas subvenciones otorgadas por los ayuntamientos de municipios con vecinos acogidos en este macrocentro.