Detenidos en Canarias dos directivos de la asociación de protección del menor Quorum Social 77 y clausurado uno de sus centros

Cerco judicial a la entidad que gestiona el mayor número de menores migrantes en las Islas. La Policía Canaria registró esta mañana las oficinas centrales de la Asociación Quorum Social 77 y dos de sus centros de acogida. La operación, que se saldó con la detención de dos directivos y el cierre del centro José García I, ubicado en la playa del Cabrón (Agüimes), fue autorizada por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria). Los 148 menores que residían en el centro fueron trasladados a lo largo del día por la Consejería de Bienestar Social a otros 21 recursos distribuidos en Gran Canaria.

Además de la sede de la entidad, situada en la calle Viera y Clavijo de Las Palmas de Gran Canaria, y del centro clausurado, la Policía Canaria registró también otro recurso gestionado por Quorum Social 77 en el municipio de Firgas, así como otros tres inmuebles cuya ubicación no ha sido concretada. El magistrado instructor ha decretado el secreto de sumario.

Detenidos dos directivos de Quorum Social 77 y clausurado uno de sus centros de menores

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Esta actuación, ejecutada en exclusiva por la Policía Canaria, se enmarca en la investigación abierta en mayo, que ya conllevó el cierre del centro de acogida La Fortaleza I, en Bandama, también gestionado por Quorum Social 77. La intervención se realizó en cumplimiento de una orden de entrada y registro emitida por el mismo órgano judicial, en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución, atentado contra la integridad moral y amenazas. Las pesquisas comenzaron a raíz de una denuncia del Gobierno de Canarias ante la Fiscalía, después de haber recogido varios testimonios de menores que afirmaban haber sido maltratados por parte de trabajadores de la organización. Esa operación concluyó con la detención de nueve personas y la reubicación de los 43 menores que vivían en ese centro.

Compra de inmuebles

La Asociación Quorum Social 77 tiene bajo su guarda a unos 1.900 menores en el Archipiélago, lo que representa aproximadamente el 34 % del total de niños migrantes tutelados por el Gobierno de Canarias. Según datos de la Consejería de Bienestar Social, esta entidad gestiona un presupuesto anual de 62,3 millones de euros, asignado mediante contratos por la vía de emergencia, es decir, sin concurso público y adjudicados de forma directa. Esta cifra supone cerca del 44,5 % del total que destina la comunidad autónoma a la atención de la infancia migrante. La Consejería justifica esta asignación alegando que la entidad «es capaz de dar respuesta rápida a las necesidades del momento». Quorum Social 77 puso en marcha 18 centros de menores durante la etapa de Ángel Víctor Torres como presidente del Gobierno regional y otros 11 a lo largo de los dos últimos años.

Clavijo: «Llevábamos mucho tiempo advirtiendo de que estas circunstancias podían ocurrir y esperemos que sea solo esto»

Según fuentes cercanas a las entidades sociales, las organizaciones que más plazas gestionan en Canarias —entre ellas, Quorum Social 77— están invirtiendo parte de sus beneficios en la compra de inmuebles, como chalets, para abrir nuevos centros y aumentar su capacidad de acogida. Las entidades sociales no pueden repartir beneficios entre sus miembros, ya que su finalidad no es lucrativa, por lo que todo excedente debe destinarse exclusivamente a sus fines sociales. No obstante, surgen dudas sobre la finalidad y utilidad de esos inmuebles una vez se desmantele la red de acogida en las Islas, cuando los menores comiencen a ser trasladados a centros ubicados en otras comunidades autónomas o integrados en la red nacional de protección internacional, gestionada por el Gobierno de España.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lamentó ayer que «con tantos menores y durante tanto tiempo» es difícil que los controles resulten eficaces. Además, destacó que se están investigando «delitos de mucha gravedad» y agregó que el Ejecutivo colaborará para que se esclarezcan todos los detalles. Clavijo expresó su «máxima preocupación» por la posible vulneración de los derechos de los menores. «Llevábamos mucho tiempo advirtiendo de que estas circunstancias podían ocurrir y esperemos que sea solo esto», señaló.

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