Demandado por "explotación laboral" el empresario de Málaga que empleó sin contrato a Abdou, icono de la crisis migratoria

Los seis migrantes senegaleses que trabajaban y vivían con Abdou Ngom, el senegalés cuyo abrazo a una voluntaria de la Cruz Roja dio la vuelta al mundo y que falleció el pasado junio en Málaga, han decidido denunciar la situación de "explotación laboral" en la que se vivían. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, este miércoles han presentado dos demandas ante la oficina de registro y reparto de los juzgados de lo social de Málaga en la que denuncian que trabajaban sin contrato; que vivían en un 'piso patera' por que así lo había dispuesto, dicen, el empresario que les daba empleo; que este presuntamente les debía más de 100.000 euros por horas extras no remuneradas, vacaciones no disfrutadas y festivos no descansados; y que les despidió tras contar su situación a la policía cuando Abdou falleció. "Vivían en un infierno laboral que, lamentablemente, es habitual para muchos migrantes recién llegados a España", explica a este diario el abogado de los trabajadores, Manuel Ponce. El demandado, Antonio Miguel Montoya, responsable de la empresa 'Refor Hogar', ha declinado atender a este diario.

"Solo queremos recuperar nuestra dignidad. Hemos trabajado como locos pero tenemos derechos", argumenta Mbaye Diane, uno de los demandantes y amigo de Abdou Ngom. Ponce está tratando de ponerse en contacto con la viuda de Abdou para que ésta, que vive en Casablanca, también pueda sumarse a la demanda y reclamar el dinero que le corresponde, dado que el fallecido también estaba trabajando en las mismas condiciones abusivas.

Los seis compañeros de Abdou denuncian que trabajaban sin contrato y que su exjefe no les pagaba horas extras ni vacaciones

Fue Mbaye Diane quien, el pasado martes 3 de junio, se encontró con el cuerpo de Ngom tirado en el suelo de la vivienda que compartían. Le había llevado al hospital horas antes. A pesar que tenía derecho a ello, Ngom no estaba empadronado y tampoco tenía tarjeta sanitaria, con lo que no podía acceder a un seguimiento médico que tal vez hubiera evitado su muerte. Vivía en un piso de tres habitaciones en el distrito de Bailén-Miraflores de Málaga junto a otros seis compañeros. Todos, inmigrantes senegaleses que trabajaban para Montoya en su empresa de reformas a particulares.

Sin contrato ni horas extras

El primero en trabajar para Montoya fue Diane. Según recoge su denuncia, empezó a trabajar para él el 9 de noviembre de 2023, aunque no fue hasta el 15 de octubre de 2024, un año después, que el empresario le dio de alta en la Seguridad Social. Es, de hecho, el único que tenía contrato. Los otros cinco denunciantes trabajaban bajo un acuerdo verbal: sin contrato ni dados de alta en la Seguridad Social. Algunos llevaban 15 meses en esta situación, otros tres. De haberles hecho un contrato, hubieran podido regularizar administrativamente su situación legal en España. Entre ellos, Abdou. "Les dejó en una situación de vulnerabilidad laboral", recoge la demanda.

El abogado de los demandantes estima que el empresario les debería más de 100.000 euros en concepto de horas extra

Los siete empleados trabajaban diez horas y media cada día de lunes a sábado. En total, 63 horas semanales, incluídos todos los festivos, por ejemplo el día de Navidad. Las horas extras trabajadas, los festivos y las vacaciones jamás disfrutadas nunca les fueron abonadas, según cuenta la demanda. De hecho, el empresario pagaba, apuntan, cada dos semanas y en un sobre en metálico, excepto a Diane cuando ya le hizo contrato.

El abogado calcula que Montoya debería pagar a los seis demandantes más de 100.000 euros en concepto de horas extras, festivos y vacaciones. Imágenes y vídeos aportados por los migrantes reflejan, además, la falta de medidas de seguridad con las que trabajaban; sin ropa específica, gafas o protecciones básicas en una obra.

Expulsados del piso

La demanda habla de "explotación laboral" teniendo en cuenta los "abusos empresariales" cometidos. Otro abuso, según la denuncia, es el de la vivienda. El empresario habría alquilado un piso en Málaga con tres habitaciones para estas siete personas y cada mes retenía a cada trabajador 350 euros de su sueldo en concepto de alquiler y suministros. En total, 2.400 euros al mes. Pese a ello, cuentan los denunciantes, nunca vieron el contrato de alquiler y no se pudieron empadronar en el piso. La demanda considera que este importe era "excesivo" y que colocaba a estos empleados en una situación de "total dependencia".

Tras morir Abdou, todos los trabajadores fueron despedidos y conminados a abandonar el piso en el que vivían, propiedad de su jefe

La demanda también recoge el despido de los trabajadores. Ocurrió el mismo 3 de junio, con el cadáver de Abdou aún caliente. Después de que la policía y los sanitarios llegaran al piso para tratar de reanimar a Abdou sin éxito, Diane avisó al jefe de lo ocurrido. "Me dijo que no explicara a nadie que trabajabamos para él, que no hablara de su empresa", explica Diane y así consta también en la demanda. Como Diane ya se lo había contado todo a los agentes, Montoya se reunió con él y presuntamente le dijo que estaban todos despedidos y que debían abandonar el piso. No solo perdían el trabajo, también eran desahuciados 'ipso facto' y sin ninguna justificación. "Es relevante destacar la total falta de humanidad con la que se ha materializado el despido de los trabajadores", subraya la demanda.

"Nosotros sólamente queremos recuperar nuestros derechos, nuestra dignidad. El jefe estaba muy contento de nosotros, decía que íbamos el doble de rápido que los españoles. Le hacíamos ganar mucho dinero porque en vez de tardar cuatro días, tardábamos dos", asegura Diane. "La gente trabaja como loca porque piensa que si lo hace muy bien quizás le harán un contrato y conseguirá los papeles, pero al final el dinero se lo quedaba él", insiste.

Ponce asegura que en la conciliación previa a la presentación de la demanda, el empresario no se presentó

Su paciencia terminó con los despidos y el desahucio, pero especialmente cuando Montoya se negó presuntamente a ayudarles para repatriar el cuerpo de Abdou. "Me di cuenta que nosotros no le importamos. Yo no sabía que nos debía todo este dinero, que teníamos estos derechos. Cuando Abdou murió reaccionamos, sólo queremos lo que nos pertenece", sigue este migrante senegalés.

En la demanda, los trabajadores piden ser readmitidos legalmente y que se les abonen todas las cuantías que les corresponden. "Pero sobre todo quieren que se les devuelva su dignidad", asegura su abogado, Manuel Ponce. Ahora está intentando contactar con la viuda de Abdou para que tanto ella como su hija de un año se unan a esta demanda colectiva y pueda recibir el dinero que le correspondería a Abdou.

Ponce asegura que en la conciliación previa a la presentación de la demanda, el empresario no se presentó ni tampoco recibió la notificación en su domicilio. "Ha desaparecido", apunta el letrado. Este diario se ha puesto en contacto con este empresario para conocer su versión, pero al explicarle el motivo de la llamada declinó continuar con la conversación.

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