Canarias ve "irresponsable" y un sinsentido el ‘no’ balear a los menores

Críticas y desconcierto en Canarias tras la intención de Baleares de frenar el reparto de menores migrantes no acompañados. La presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, anunció que solicitará al Tribunal Supremo (TS) la suspensión cautelar del decreto que establece la distribución de unos 3.000 niños llegados a Canarias en cayucos y pateras sin la compañía de ningún familiar, de los cuales solo 49 serían o serán trasladados a Baleares. La medida - de la que están exentas Cataluña y el País Vasco - se prevé poner en marcha el próximo 28 de agosto. Pero ante el bloqueo de Baleares, esta derivación prevista en el artículo 35 de la Ley de Extranjería no se presagia un proceso sencillo. Una amenaza, la del Gobierno balear, que ha desatado una oleada de reacciones en la que se acusa al archipiélago mediterráneo de actuar con «irresponsabilidad», «insolidaridad» y con «racismo».

Ante un incremento de llegadas de pateras y cayucos a sus costas - cuyo aumento representa un 77% - la postura de las administraciones baleares es clara: «Aquí ya no les podemos acoger en condiciones de dignidad. No hay medios, no hay profesionales, no hay centros. Nos veremos obligados a habilitar espacios en los que ningún menor debería vivir nunca», dijo la presidenta Prohens, del PP, tras una reunión con los presidentes de los consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. La posición de Canarias también es firme: «Vivimos en solitario la atención de más de 5.600 niños y adolescentes migrantes no acompañados», recordó la directora general de Protección a la Infancia y a las Familias, Sandra Rodríguez.

Sorpresa ante la decisión de Baleares

Porque la situación de Baleares aún se aleja de la de Canarias, cuyos centros de acogida se encuentran a un 750% de su capacidad. Por su parrte, el Archipiélago mediterráneo sostiene que hay saturación en sus recursos: dispone de 56 plazas autorizadas para acoger a niños y adolescentes, pero según los datos del Gobierno, ya acogen a 680 menores no acompañados, de los cuales más de 300 han arribado a lo largo de este año. Por esta misma razón desde la Administración canaria manifestaron «sorpresa» ante el rechazo balear al reparto: «Resulta sorprendente que sean precisamente ellos quienes planteen una suspensión. Llevan todo el mes de agosto denunciando llegadas masivas y el incremento de llegadas de migrantes a sus costas también supone un incremento de menores a los que deben atender», defendió Sandra Rodríguez, quien añadió que «lo incomprensible es cómo no hacen un análisis o una puesta en común por si tuviesen la opción de declararse en contingencia migratoria extraordinaria».

En este contexto, la directora general agregó que es «el Estado» quien tiene que dar soluciones a las diferentes autonomías y a la «sobreocupación» que ya se vive en lugares como Canarias, Ceuta o Melilla. Una congestión que ya permitiría aliviar la aplicación del decreto que establece el reparto de la infancia migrante por el todo el territorio español. Sin embargo, en esta búsqueda de soluciones para aliviar la presión migratoria que sufren las Islas, «siempre se ha tenido en cuenta la situación de todas las Comunidades Autónomas y en varias ocasiones se ha planteado la declaración de la emergencia nacional para que todas las regiones puedan habilitar dispositivos con la mayor celeridad posible para atender a los menores que les correspondería acoger», matizó Rodríguez y agregó que, desde el Ejecutivo autonómico, son conscientes de que es «necesario» que todas las regiones cuenten con la financiación para hacer frente «al gasto que supone la atención de los niños».

Suscríbete para seguir leyendo