Neymar, un juicio que nunca debió celebrarse

La justicia tiene recodos insondables. Hemos sido testigos en los últimos tiempos de lo que son capaces de hacer los que manejan los hilos de las llamadas ‘cloacas del Estado’. Haberlas haylas. Han contado con algunos resortes de la justicia para poder llevar a cabo sus maquiavélicos planes. Ya saben: “Podemos hablar con la Fiscalía para que nos afine el tema”, llegó a decir un Ministro.

En esa cruzada contra Catalunya se llevaron por delante a Sandro Rosell, que de no haber sido presidente del FC Barcelona no habría vivido una de las mayores injusticias de este país. 

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela le mantuvo casi dos años en prisión y le denegó trece veces la libertad provisional a Rosell por unos delitos que después se demostró que no había cometido.

Sandro fue detenido en mayo de 2017. En septiembre de 2016, también fue la Audiencia Nacional (la sección cuarta de la Sala de lo Penal) la que revocó el auto del juez José de la Mata de archivar la querella de la empresa brasileña DIS contra Neymar, sus padres, el FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. ¿Casualidad? No. Después de ver lo que hemos visto, no podemos ser tan naïf. En ciertos sectores judiciales de Madrid se dio la orden de atacar al FC Barcelona porque era una forma, también, de hacer daño a Catalunya. 

No vale la pena entrar a analizar ahora las consecuencias que tuvo que el contrato de Neymar acabara en la Audiencia Nacional. Ya está. Lo que sí se puede poner en tela de juicio es lo que se viene juzgando en la Audiencia Provincial de Barcelona, donde la gran conclusión está siendo que un futbolista acaba jugando donde él quiere. ¿Hacía falta tanto ruido e invertir tantos recursos para eso?

La gran paradoja de este caso es que se juzga un delito, corrupción entre particulares, que no existe en Brasil, donde se firmaron los contratos y se llevó a cabo la operación. ¿Cómo es posible que haya terminado en Barcelona? ¿Por qué?

Y otra más. El papel de DIS en el caso Neymar (que compró el 40% de los derechos del jugador) hoy sería ilegal, porque la FIFA no permite que fondos de inversión, que solo buscan el dinero fácil, compren jugadores. 

Si DIS se ha sentido engañado es al Santos a quien debería pedir daños y perjuicios, no al Barça. Y en Brasil, no en España. Además, pedir años de cárcel para Neymar, sus padres, Rosell y Bartomeu, como si fueran vulgares traficantes de drogas, es una aberración y una desproporción. Aun y así, a ver qué sentencia dicta el juez José Manuel del Amo.