La dictadura del aval

La junta de Joan Laporta afronta en los próximos días otra peligrosisima eliminatoria. Porque, según establecen los Estatutos del Barça y la Ley del Deporte, la junta electa del Barça debe presentar (atención, antes del próximo jueves) un aval por valor de 124 millones de euros (15% del presupuesto), muy por encima de los 35 millones que la junta del mismo Laporta presentó el 2003. La Liga aumenta todavía más esta presión al exigir que la entidad avaladora tiene que estar aprobada por el Banco de España. Es decir, que un resultado plenamente democrático puede quedar invalidado si, como máximo 10 días después de las elecciones, los legítimos ganadores no reúnen una cantidad equivalente al fichaje de un Haaland o un Mbappé.

Esta aberración tiene su origen en La Ley del Deporte de 1990, cuando la idea era terminar con la gestión irresponsable que se había repetido en inumerables entidades deportivas. Ahora bien: al dispararse exponencialmente los presupuestos de los grandes clubes, las cantidades a avalar se han terminado convirtiendo en un inaceptable peaje y un castigo para los pocos clubes (en LaLiga ya solo quedan cuatro) que someten su gobierno a votación. Con la excusa de la buena gestión, los clubes se han terminado convirtiendo en una siniestra aristocracia, en la que una persona sin recursos, aún ganando las elecciones, nunca podrá gobernar.

Prueba de que la medida es selectiva y disuasoria es que el aval, también en el Barça, solo se exige a los que no han formado parte la junta saliente: por eso Josep Maria Bartomeu no tuvo que avalar nada en 2015 y por eso Laporta y su equipo tienen que hacer ahora funambulismos de última hora, en una negociación in extremis, según avanzó ‘El Confidencial’, con el Banco Sabadell y JB Capital. ¿Saben lo que sucedería si no prosperaran las negociaciones con estas entidades y el aval no entrara dentro del tiempo reglamentario? Que Laporta no podría ser investido presidente y habría que volver a celebrar elecciones. Así de sencillo y así de injusto. Por encima de la democracia de los votos, se ha impuesto la dictadura del aval. Es hora de reflexionar sobre esta injusticia.