No dejemos que manchen el buen nombre del Barça

No existe en el mundo una entidad deportiva que haya destinado, y destine, tantos esfuerzos económicos y humanos a la erradicación de la violencia, dentro y fuera de un estadio de fútbol, como el FCBarcelona. Ninguno.

Nunca, como ahora, se había controlado de forma tan exhaustiva y personal a quienes son proclives a ejercer esa violencia, confundiendo un recinto deportivo con un campo de batalla en el que actuar con total impunidad amparándose, y escondiéndose, en la algarabía grupal.

Y este modo de actuar del FCBarcelona no es como consecuencia de la generación espontánea, puesta en práctica de un día para otro, ni la idea de un presidente o directivo iluminado. Tampoco.

La erradicación de la violencia en el Camp Nou, y la consecuente expulsión de los ‘Boixos Nois’ de la grada, nació por la valentía de la junta directiva presidida por Joan Laporta en 2003, junta en la que estaban, entre otros, Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu y Jordi Moix.

Echar a los violentos y radicales

El Barça de Laporta acabó con las prebendas que tenían los  violentos, a costa de sufrir amenazas y necesitar protección, él y su familia. Los echaron del Camp Nou, cerraron el almacén a su disposición en el Estadi y se  les prohibió desplazarse con el equipo tanto en suelo nacional como en el extranjero. Lo mejor de todo es que quedaron señalados y a partir de entonces dejaron de tener la más mínima simpatía y aceptación. Si es que la tuvieron alguna vez. Desde aquella histórica decisión, aplaudida siempre, incluso por la oposición, el Barça nunca ha bajado la guardia en este terreno. 

Al contrario, ha reforzado los mecanismos de control para eliminar de raíz la presencia de los violentos y dejarlo a la mínima expresión, siempre bajo un paraguas legal: la coordinación con los Mossos d’Esquadra. Aún y así, es humanamente imposible monitorizar los movimientos individuales de algunos de esos mal llamados ‘culés’. Y ha ocurrido en Lyon, donde la negligente actuación de la policía francesa ha provocado un conflicto y un debate que parecía estar ya desterrado.

Desde 2016, en todos los desplazamientos del Barça en Europa (también en la Península), los socios y peñistas que viajan tienen la obligación de recoger la entrada en un hotel de la ciudad donde juega el equipo (lista controlada por Mossos). Deben identificarse con el DNI y junto a la entrada se les coloca una pulsera de un color determinado en la muñeca. Sin esas dos identificaciones no pueden acceder al estadio. Así lo sabe la UEFA, la policía local y los servicios de seguridad de ese estadio. Un protocolo rígido donde también participa la policía autonómica catalana.

¿Qué pasó en Lyon el martes? Sencillamente, que viajaron por su cuenta varios aficionados radicales y que lograron las entradas fuera del circuito del FC Barcelona. La responsabilidad de que fueran ubicados en la grada de los socios del Barça fue única y exclusiva de la policía francesa, que contravino las recomendaciones de la UEFA y, lo que es mucho peor, de todo sentido común. 

Poner en tela de juicio la política antiviolencia del club es una injusticia mayúscula. Por eso, el Barça elevará una denuncia ante la Oficina Nacional del Deporte, dependiente de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, para que en Francia algún estamento afee la falta de profesionalidad  de la policía de Lyon.

El Barça y los socios que viajaron han sido las víctimas. Joan Laporta le hace un flaco favor al club, y a la obra iniciada por él mismo, diciendo que esos radicales viajaron en autobuses del Barça. No es verdad. Ni uno. No pueden. Los tienen controlados. Antes de haber hecho esas declaraciones debería haberse informado mejor. Otra cosa es que algún socio se juntara con los violentos en la grada. El Barça ya sabe quienes son.