El 'caso Rosell', algo inaudito en la justicia española

El pasado lunes asistí en Madrid al inicio del juicio a Sandro Rosell y Joan Besolí, y otros cuatro acusados, en la Audiencia Nacional. A las nueve de la mañana, antes de entrar en el edificio de la calle García Gutiérrez, me encontré con Pau Molins, abogado penalista que lidera el equipo de defensa de Rosell. Serio, cabizbajo, andaba lentamente, pensativo: “Estoy esperando a Marta, la mujer de Sandro”, me dijo. Muy amablemente me atendió unos minutos y al despedirnos me comentó: “Sigo teniendo fe en la Justicia”.

Ese primer día de cuestiones previas, a pesar de que no hubo tiempo para que declarara Sandro Rosell, fue tremendamente pedagógico y muy ilustrativo para quienes somos neófitos en estas lides. Incluso estando familiarizado con el escrito de acusación de la Fiscalía, y de conocer en su totalidad el redactado de la defensa, hubo un apunte en la contundente intervención del brillantísimo abogado Andrés Maluenda, miembro del equipo de Molins, que me llamó poderosamente la atención. Un comentario que ha pasado desapercibido pero que, sin embargo, nos permite hacernos una idea de hasta qué punto empezó torcida y contaminada la Instrucción del llamado ‘Caso Rosell’.

¿Por qué actuó de oficio la Fiscalía?

La justicia española puso sus ojos sobre Rosell porque una comisión rogatoria del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a instancias del FBI, solicitó “datos” de las cuentas bancarias del expresidente del FC Barcelona, así como que se “investigara” y “se bloquearan las cuentas”, de Rafael Esquivel, expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, con pasaporte español, y Julio Rocha, presidente de la Federación de Nicaragua. Actuaciones llevadas a cabo dentro del conocido ‘Fifagate’.

Sorprendentemente, la Fiscalía española no tomó medida alguna contra Esquivel y, actuando de oficio, es decir, de ‘motu proprio’, sin que se lo pidiera el FBI ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos, inició una investigación que acabó con Rosell y Besolí en la cárcel acusados de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Después de haber hablado con prestigiosos penalistas, ni uno solo de ellos entiende cómo es posible que la Jueza Carmen Lamela, antes en la Audiencia Nacional y hoy en el Tribunal Supremo, haya  mantenido a Rosell y Besolí un año y nueve meses en prisión rechazando hasta en diez ocasiones la libertad condicional con medidas cautelares: retirada de pasaporte, fianza elevada, etc... 

“Ha sido una salvajada, una animalada”, me dijo ayer uno de esos penalistas, argumentando que ni los antecedentes ni el perfil de Rosell y Besolí coincidían con el de terroristas o criminales internacionales. Los agravios comparativos con otros casos (Rodrigo Rato, Villar, Ignacio González, Francisco Granados, Urdangarín, La Manada, Fórum Filatélico), avergüenza a muchos letrados, que aplaudieron la decisión que ayer tomó la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por la Magistrada Concepción Espejel: libertad sin fianza para Rosell y Besolí.

Es un hecho insólito en la historia reciente de la justicia española que un tribunal dicte libertad provisional para un reo cuando está en plena celebración de juicio: “Ha sido una bofetada con las dos manos abiertas a la jueza Carmen Lamela”, me decían ayer.

Celebremos que, aunque tarde, se haya hecho justicia. Ahora, el equipo de defensa de Rosell y Besolí seguirán trabajando en lograr su absolución. Ojalá sea así.