Trabajo endurece el control horario para dejar atrás el fiasco de la reducción de jornada

El Ministerio de Trabajo ha sacado a consulta pública un real decreto para endurecer el control horario en las empresas y atajar en mayor medida los excesos de jornada y las horas extras no registradas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, intenta así pasar página al revés parlamentario de este miércoles, cuando el Congreso echó por tierra la reducción de jornada laboral, su medida estrella con la que se presentó a las generales.

Trabajo abre la puerta a obligar a todas o a una parte de las empresas a abandonar el registro de jornada a través de papel y boli y pasarse a medios digitales, que deberán estar disponibles en todo momento para que un inspector pueda acceder a los registros en remoto. Las empresas también deberán especificar en el registro si las horas realizadas son ordinarias o extraordinarias, así como todas las interrupciones dentro de la jornada (pausa de bocata, por ejemplo), entre otros.

La vicepresidenta segunda ya amenazó a Junts durante las negociaciones con aprobar vía decreto y sin votación un nuevo registro horario para aumentar el control sobre las empresas. Una medida que ya ha sacado a consulta pública. Esta vencerá el próximo 25 de septiembre y apartir de ahí el Gobierno podrá elevarla a Consejo de Estado e implementarla durante el mes de octubre.

Este registro tendrá rango reglamentario, de manera que no tendrá que someterse a votación en el Congreso y podrá sortear el rechazo de Junts, que este miércoles tumbó el anteproyecto de reducción de jornada, que incluía también la reforma del control horario.

Sin embargo, la nueva fórmula que ha activado Díaz tiene limitaciones y no permite modificar el régimen sancionador tal como la vicepresidenta ambicionaba a través del proyecto de ley de reducción de jornada. Por ejemplo, no podrá aumentar el importe de las sanciones a las empresas en caso de incumplimiento, entre otros. Para hacer una modificación de ese calado, indican desde Trabajo, sí habría que pasar por el Congreso.

El nuevo registro

El proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales incluía más elementos que la propia disminución del tiempo de trabajo, y el control horario es el que genera una especial preocupación entre las empresas. La ministra de Trabajo ya advirtió durante las negociaciones que cambiaría, con o sin Junts, una ley vigente desde 2019 y que obliga a toda empresa a recopilar cuántas horas hacen cada día sus empleados.

La principal novedad que puede introducir Díaz una vez concluya la redacción del real decreto que ha activado este jueves es la supresión del registro de jornada a papel y boli. Esta es una de las fórmulas habituales entre pymes o en determinados sectores, como la construcción. Un tipo de registro fácilmente manipulable por aquellas compañías que pretendan engañar a la Inspección de Trabajo, según han denunciado durante los últimos años los sindicatos de este organismo.

La idea es obligar a todas las compañías a pasarse a medios digitales, lo que permitiría a la autoridad laboral acceder a ellos en remoto y supervisar mejor que no se produzcan excesos de jornada. Según datos de la consultora Wolters Kluwer, que comercializa programas de fichado, tres de cada cuatro empresas no tiene totalmente digitalizado su registro de jornada.

No obstante, el documento sacado a consulta pública no acaba de aclarar si finalmente será obligatoria la digitalización para todas las empresas. "Podría determinar la posibilidad de requerir que el registro sea electrónico, con mecanismos de verificación de la identidad", según figura en el texto.

La capacidad del Gobierno de modificar la normativa sin tener que pasar por el Congreso es limitada y desde las organizaciones empresariales están preparadas para presentar demandas al respecto. Lo judicializará el proceso y añade incertidumbre. Algunos aspectos de la norma no los podrá cambiar el Ejecutivo, tal como pretendía vía ley, como, por ejemplo, aumentar el importe de las sanciones.

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