División en la Fiscalía

El fiscal general mantiene el Consejo que decidirá el cargo de Delgado pese a la oposición de la mayoría

La sesión ha sido adelantada al próximo 8 de junio tras conocerse la convocatoria electoral, y uno de los miembros del Consejo pide que el fiscal general se abstenga

El fiscal general mantiene el Consejo que decidirá el cargo de Delgado pese a la oposición de la mayoría.

El fiscal general mantiene el Consejo que decidirá el cargo de Delgado pese a la oposición de la mayoría.

Cristina Gallardo

El fiscal general del Estado, 

Álvaro García Ortiz

, ha indicado este miércoles que "no existen razones que justifiquen la suspensión" del

Pleno del Consejo Fiscal

adelantado al 8 de junio donde se resolverá la plaza a la que aspira su predecesora, Dolores Delgado, que la situará previsiblemente como primera responsable de la recientemente creada Fiscalía de Memoria Democrática.

La decisión supone hacer oídos sordos a la petición realizada por siete de los miembros de este órgano consultivo para que la reunión prevista prevista para el próximo 8 de junio fuera aplazada.

Tanto los seis vocales electos pertenecientes a la mayoritaria Asociación de Fiscales como Salvador Viada, representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales argumentan que la sesión debe postergarse dado que el adelanto electoral al 23 de julio podría propiciar que en unos meses hubiera nuevo Gobierno y nuevo fiscal general.

En principio, Delgado no tiene asegurado el puesto al existir otros aspirantes, pero su designación es vista como algo inevitable por amplios sectores de la carrera, que advierten que suele ser una regla no escrita la de evitar nombramientos de trascendencia en la cúpula de la Carrera en plena etapa preelectoral, ya que el fiscal general cesa cuando lo hace el Ejecutivo.

El fiscal general considera sin embargo, según consta en una circular interna, que la celebración de este Pleno en este momento "no constituye una decisión novedosa, sino que mantiene el criterio histórico".

No se paraliza por la convocatoria electoral

García Ortiz explica que "el procedimiento de provisión de destinos se rige por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y el Reglamento del Ministerio Fiscal (RMF), que en ningún caso prevés su paralización a causa de la convocatoria de elecciones generales".

Como precedentes, cita el de la que fuera primera mujer en ocupar la fiscalía general del Estado Consuelo Madrigal --nombrada por el Gobierno de

Mariano Rajoy

--, que propuso la designación del fiscal de sala emérito en el

Tribunal Supremo

"después de las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015, una investidura fallida y unas nuevas elecciones generales celebradas el 26 de junio de 2016".

Añade que hubo otros cuatro nombramientos discrecionales "una vez disueltas las Cortes Generales el 4 de marzo de 2019 y tras la celebración del Pleno del Consejo Fiscal en fecha 13 de marzo de 2019 y posterior propuesta de la entonces fiscal general del Estado, María José Segarra", nombrada por Pedro Sánchez.

En su petición de suspensión, la asociación mayoritaria recuerda que "ninguno de los anteriores fiscales generales del Estado, una vez disuelto el Parlamento, ha realizado nombramientos de plazas discrecionales, y los que estaban pendientes quedaron diferidos para una vez que se aprobase o confirmase el nombramiento de fiscal general por el nuevo parlamento y gobierno".

En este sentido, consideran que la "premura" en la convocatoria "hace pensar que lo que se pretende por el fiscal general es apurar los plazos, legales, pero no adecuados al hasta ahora normal proceder de la Fiscalía General del Estado, para el nombramiento en puestos destacados de personas de su confianza".

Su actuación, en síntesis, "lleva a un aumento de fiscales de sala y al designio de personas en la más alta institución de la Fiscalía que son de la confianza del actual fiscal general del Estado, pero que puede que no compartan razones de política criminal con el próximo fiscal general".

Abstención del fiscal general

Por su parte, el fiscal del Tribunal Supremo Viada cree que, además de la suspensión de la sesión, concurre causa suficiente para que se aparte de la decisión por tener interés personal en el asunto. Por ello, y en caso de optar por no suspender la celebración del Consejo Fiscal, pide expresamente a García Ortiz que examine si existen causas que apunten a que su imparcialidad objetiva "pueda verse afectada por dar una imagen objetiva de interés personal en la resolución de la plaza de Fiscal de Sala de derechos humanos y Memoria democrática, y proceda, en su caso, a abstenerse en el presente expediente".

Fue este martes cuando se conoció que, tras anunciarse elecciones generales para el próximo 23 de julio, el fiscal general había adelantado en once días la reunión prevista del Consejo en el que se designarán, entre otras plazas, la recientemente creada Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, a la que aspira la que fuera primera ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez y fiscal general del Estado. 

El Consejo, cuyas vocalías ocupan mayoritariamente representantes de asociaciones de fiscales de corte conservador, tiene en todo caso tiene carácter consultivo, ya que tras escuchar al Consejo el fiscal general tiene la última palabra para proponer los nombramientos al Gobierno. 

Junto a Delgado aspiran a la plaza tres candidatos varones. Se trata del fiscal provincial de Gipuzkoa Juan Calparsoro, el fiscal especial Antidroga Luis Ibáez y Carlos Castresana, actualmente en el tribunal de cuentas pero que fue candidato español al Tribunal Penal Internacional en 2021.

Motivos de abstención

Entre las causas objetivas que sustentarían la abstención del fiscal general, el vocal Viada apunta las "relaciones personales y profesionales mantenidas con una de las aspirantes a la plaza", en clara alusión a Delgado, así como las manifestaciones de García "mostrando su gratitud a quien objetivamente hizo tanto" por su carrera profesional, ya que fue su predecesora en el cargo la que propuso su nombramiento al Gobierno.

La convocatoria de esta plaza, clave para el desarrollo de la

 Ley de Memoria Democrática

, se suma a la también novedosa Fiscalía de Sala de Delitos de Odio Discriminación y otras cuatro más que se designarán el día 8 en Antidroga, Guadalajara, Navarra y Baleares, se ofertó en el

BOE

del pasado 11 de mayo.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática por la que se creó esa plaza, primero fue la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien asumió las funciones y, después, la propia Delgado, por orden de García Ortiz, al considerar que tiene un amplio conocimiento en la materia. 

Formalmente, la exministra de Justicia y Fiscal general forma parte del grupo de fiscales de máxima categoría como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. A esta plaza ascendió con el voto en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, cuya mayoría está compuesta por miembros de la conservadora Asociación de Fiscales.