La activista Boutaina El Hadri, tras los ataques en Torre Pacheco: "O nos criminalizan o nos instrumentalizan, y ese relato tiene consecuencias en la calle"

“Sabíamos que existía racismo y islamofobia, pero nunca imaginamos que se transformaría en una violencia tan directa”, confiesa Boutaina El Hadri, vicepresidenta de Casa Marruecos y del Consejo Valenciano de Migración. La cacería de grupos de extrema derecha contra personas migrantes en Torre Pacheco (Murcia) es para la comunidad marroquí en la Comunitat Valenciana “uno de los momentos más delicados y dolorosos” que recuerdan y, hoy, viven con “miedo, preocupación y una sensación constante de vulnerabilidad”. Por eso, 72 entidades sociales o que trabajan con personas migrantes han firmado un manifiesto en el que reclaman una investigación “inmediata y sin impunidad”, que la Fiscalía actúe de oficio y formación específica para las fuerzas de seguridad. Y critican que la extrema derecha alimente la violencia, pero también que otros enfoques hablen de “migrantes útiles”, en tanto que trabajan. “Unos nos criminalizan, otros nos instrumentalizan, y ese relato tiene consecuencias en la calle”, denuncia.

Desde la Coordinadora Valenciana de ONGDs comparten ese posicionamiento. “Las personas migrantes, racializadas y refugiadas son nuestras vecinas y vecinos”, asegura el presidente de la Coordinadora, Enrique Asensi. “Rechazamos cualquier forma de odio, racismo, islamofobia y xenofobia, venga de donde venga”, afirma, contra un colectivo que forma “parte fundamental del tejido social, cultural y económico de nuestro país”.

“No se nos protege”

Pero la comunidad marroquí en la Comunitat no se siente “parte fundamental” de la sociedad valenciana. “Sentimos que estamos fuera del sistema, que no pertenecemos, y que no se nos protege”, lamenta El Hadri. En territorio valenciano, reconoce que están viviendo “un aumento preocupante de la violencia y del discurso de odio”. “En Elche, un joven marroquí fue asesinado con arma blanca. Se habló de un ajuste de cuentas, pero viendo lo que está ocurriendo en Torre Pacheco, no se puede descartar ningún componente de odio o morofobia: esa persona fue directamente a matarlo”, recuerda. En esa misma ciudad, llevan un año viendo puntadas islamófobas en la puerta de la mezquita, pintadas que se borran de inmediato y no se denuncian, “por miedo”. 

La Guardia Civil carga contra un grupo de jóvenes marroquíes en la cuarta noche de disturbios en Torre Pacheco

La semana pasada, la mezquita de Sagunt despertó con pintadas: “A vuestro país”, “viva Vox”. “Desde Casa Marruecos, al denunciarlo en redes sociales, recibimos una avalancha de insultos y amenazas como nunca habíamos vivido”, recuerda Boutaina El Hadri. Muchos de los ataques venían de perfiles con nombre y apellidos, no de cuentas anónimas. “Eso dice mucho sobre el clima de impunidad actual”, denuncia. En esta organización están convencidos de que hay muchos más casos que no están llegando, “simplemente porque la gente tiene miedo de hablar, de arrepentirse después, de quedar expuesta”.

“Hay personas que querrían contar lo que han vivido, que quieren hablar, pero no se atreven, porque algunas incluso han recibido amenazas de muerte, y eso es gravísimo”, lamenta El Hadri. El miedo a denunciar lo convierte aún más si cabe en un asunto de todos. “No es solo un problema del colectivo marroquí. Además, hay que recordarlo: una gran parte de este colectivo ya son ciudadanos españoles, nacidos y criados aquí, y por eso esto no puede tratarse como un tema externo", critica.

Investigación inmediata y “sin impunidad”

Capitaneadas por Casa Marruecos y CesÁfrica, 72 organizaciones se han adherido a un manifiesto en el que reclaman, entre otros asuntos, “una investigación inmediata y sin impunidad”. “Exigimos esclarecer la agresión al vecino mayor y todos los ataques posteriores, identificando a los responsables materiales e intelectuales para que rindan cuentas ante la justicia”, indica el comunicado. Además, reclama la actuación de oficio de la Red de Fiscales Delegados de Delitos de Odio y Discriminación, “tal y como establece la Instrucción 7/2019 de la Fiscalía General del Estado sobre delitos de odio y discriminación, para perseguir la incitación pública y a quienes instigan estas agresiones, o promuevan discursos de odio, linchamientos o pogromos”.

Además, piden protección real para las familias amenazadas: “medidas de seguridad efectivas, protección policial cercana, realojo si fuera necesario, asesoría jurídica y apoyo psicológico para que todas las personas puedan vivir con tranquilidad y sin miedo a represalias”. Además, con especial protección para la infancia, tanto para los que sufren agresiones o amenazas por su origen, como para quienes son instrumentalizados o captados por grupos de extrema derecha”. Además, reclaman formación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “para prevenir y actuar ante potenciales delitos de odio y evitando que actitudes racistas o discriminatorias se normalicen dentro de los propios cuerpos”.

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