Crisis del coronavirus

¿Quién decidirá si la mascarilla es obligatoria en el trabajo? No dependerá del gobierno

El tapabocas dejará de ser imprescindible en los recintos cerrados a partir del 20 de abril

La medida de protección seguirá siendo preceptiva en el transporte público, los hospitales o las residencias

Carolina Darias, tras el Consejo Interterritorial.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, al término de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, celebrado este miércoles en el Palacio de Fuensalida de Toledo. EFE/ Ismael Herrero / EFE

Patricia Martín

El 20 de abril las mascarillas dejarán de ser obligatorias en todos los espacios interiores. La Semana Santa será, por tanto, el último periodo vacacional en el que haya que meter el tapabocas en la maleta para entrar en un bar, centro comercial o iglesia.

Pero ojo, que la medida de protección más icónica de la pandemia no queda desterrada. Seguirá siendo obligatoria en el transporte público, los centros sanitarios y las residencias.

“El objetivo es proteger a los más vulnerables”, ha argumentado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras el Consejo Interterritorial en el que ha anunciado que el Gobierno aprobará el día 19 el real decreto necesario para modificar su uso.

La norma se publicará en el BOE al día siguiente y a partir de ese día ya no será obligatoria la mascarilla en los recintos cerrados. Pero, siguiendo la recomendación de la Ponencia de Alertas, que reúne a los expertos del Gobierno y las autonomías, sí será preceptiva en el transporte público, en los centros de salud para los profesionales, pacientes y visitantes, en los hospitales cuando las personas ingresadas estén en espacios comunes y en las residencias y espacios sociosanitarios para visitas y trabajadores.

En el ámbito laboral, el real decreto dejará en manos de los servicios de prevención donde conviene su uso, que dependerá de si el espacio se puede ventilar o si se pueden guardar las distancias.

En los colegios no se mantendrá "en ningún caso", según la ministra, salvo aquellos profesores o alumnos que quiera seguir llevándola, dado que el uso voluntario, evidentemente, no queda prohibido.

De hecho, la Ponencia de Alertas ha recomendado realizar "un uso responsable" del tapabocas cuando haya aglomeraciones de personas y por parte de las personas vulnerables a la Covid.

Asimismo, la Sociedad Española de Epidemiología, tras conocer la decisión, ha pedido prudencia a la ciudadanía, dado que "persiste la transmisión del virus". No obstante, la mayoría de expertos hace días que había manifestado su apoyo a la retirada del tapabocas -sobre todo en los centros educativos-, en línea con la decisión adoptada por otros países europeos como Francia, Alemania o Reino Unido.

No obstante, como la incidencia no ha bajado tanto como se esperaba, la decisión se ha ido dilatando desde que Pedro Sánchez, el 21 de febrero, abrió por primera vez la puerta a relajar su uso.

Finalmente, la flexibilización ha contado con el apoyo casi unánime de las autonomías, dado que solo Asturias y Andalucía se han abstenido.

Pero Andalucía ha tachado la retirada de "precipitada" mientras que en el lado opuesto Madrid y Cataluña han lamentado que haya que esperar aún 14 días para que se haga efectiva.

La Generalitat, que a primera hora escribió una carta al Ministerio insistiendo en la necesidad de la retirada del tapabocas, ha señalado en una nota que "no hay ningún fundamento jurídico que apoye el mantenimiento de las mascarillas por más tiempo".

A su vez, Euskadi ha mostrado su desacuerdo con "la forma" en la que se ha trasladado el acuerdo, dado que "se ha elevado a definitivo lo que era un borrador de la Ponencia de Alertas". Por el contrario, otras autonomías han aplaudido la decisión.

El anfitrión del encuentro, el presidente castellano manchego Emiliano García-Page, ha considerado "prudente" el fin de la mascarilla porque llega en un momento que "España necesita como nunca tirar para adelante".

Al contrario que otros países, España optó por comenzar lo que se ha denominado la 'gripalización' de la Covid modificando el sistema de vigilancia. Hace tres semanas, el Gobierno y las comunidades acordaron que los contagiados leves y asintomáticos ya no tienen que hacer cuarentena (pero sí llevar mascarilla cuando salgan de casa) y que no es necesario contabilizar todos los casos, lo que impide saber la incidencia del virus en toda la población.

No obstante, los datos en los mayores de 60 años indican que la Covid sigue estancado en torno a 400 casos por 100.000 habitantes (en concreto 426 según los últimos datos), cuando los especialistas pronosticaran que en Semana Santa la incidencia se situaría en unos 50.

El entorno europeo

El descenso de la curva se ha frenado pero como la presión hospitalaria no acusa la ralentización, el Gobierno ha decidido acabar con la restricción más importante que sigue vigente, teniendo en cuenta además que el Congreso solicitó relajar su uso el 31 de marzo con una moción de Cs que salió adelante con el apoyo de PSOE y Vox, la abstención de Unidas Podemos y el voto en contra de PP y PNV. "Ha sido una decisión pensada y valorada", ha subrayado la ministra.