La reforma de la ley electoral renueva el voto rogado pero aparca los objetivos más ambiciosos

La reforma de la ley electoral renueva el voto rogado pero aparca los objetivos más ambiciosos

Una vista de la bancada del Grupo Socialista en el Congreso.
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El Congreso dejará prácticamente hecha, este miércoles, la reforma del sistema de votación de los españoles que residen en el exterior gracias al pacto logrado por PSOE, PP y Unidas Podemos

El Congreso está a un centímetro de completar una reforma de la ley electoral que llevaba tiempo pendiente. Poco antes de que la legislatura XII acabara, finales de 2018-primeros de 2019, la Cámara estuvo muy cerca de hacerlo, pero el adelanto electoral y la disolución de las Cortes trastocaron el acuerdo. Tres años después, el pacto se encuentra hecho y forjado con un nivel de respaldo muy amplio, de uno 240 escaños ni más ni menos. PSOE (120), PP (88) y Unidas Podemos (33) lo han logrado y la reforma del sistema de votación de los españoles que residen en el extranjero es prácticamente un hecho.

La subcomisión parlamentaria creada para tal fin aprobará este miércoles el dictamen y lo dejará listo para que el pleno, en la sesión siguiente a la de la semana en curso, dé el visto bueno definitivo. Que llegue a tiempo para las elecciones andaluzas del 19 de junio es harto complicado, pero podrá aplicarse para los periodos electorales que vengan. Si no hay anticipos imprevistos, hasta las valencianas y las autonómicas y municipales de 2023 no se activaría el nuevo sistema.

El camino no ha sido sencillo porque la subcomisión ha tardado más tiempo del contemplado inicialmente. La proposición de ley registrada por el grupo socialista, previamente, quedó atascada durante meses en ese limbo de las prórrogas de enmiendas, que se van concatenando hasta que dos grupos de la Mesa, generalmente los del Gobierno, comunican el final de los aplazamientos.

Durante ese largo intervalo, representantes de PSOE, PP y Unidas Podemos celebraron diferentes reuniones a dos y tres bandas para delimitar el campo de la reforma. Según señalan a El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, fuentes que participaron en las conversaciones, la primera condición fijada tuvo que ver con el grado de apoyo. Se trataba de alcanzar un umbral similar al de los dos tercios de la Cámara (210 diputados), más que el de la mayoría absoluta (176). La razón estribó en el blindaje que dar a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que data de 1985 y que sí se ha modificado desde entonces, pero puntualmente. La que se avecina es otra así, ya que afectará al artículo 75, el que regula cómo votan los ciudadanos españoles que residen en el extranjero.

Otro de los aspectos que abordaron los representantes de los tres grupos es hasta dónde llegarían con la reforma. Eran sabedores de que al abrir el melón, los demás partidos intentarían tocar otros artículos, como los que trazan las circunscripciones, los que fijan los porcentajes de acceso a las cámaras legislativas correspondientes o la prohibición de publicar encuestas cinco días antes de la votación. Esto ha ocurrido, no obstante: cuando comenzó por fin el plazo de registro de propuestas, grupos como el PNV y Cs fueron en esas direcciones.

Entre los miembros de la subcomisión el debate se ha producido: ¿qué reforma de la ley electoral había que hacer? Recientemente, el pleno del Congreso avaló la extensión del tiempo de trabajo de la subcomisión seis meses. Las fuentes consultadas explican que la idea consistió en mantener vigente el foro en el que acometer otros posibles cambios en la LOREG, al menos el debate sobre ello.

Sin embargo, estas mismas fuentes, de todos los grupos, reconocen que las opciones de que efectivamente haya más cambios son escasas. "A corto y medio plazo, no", apuntaba una fuente. "Es probable que haya comparecencias de expertos, que la discusión tenga lugar, pero dudo mucho que se traduzcan en más reformas", afirma otra. "Lo importante era renovar el voto rogado; una vez hecho, puede que se toque algo más tarde, pero lo dudo".

Sanciones más duras

Ciudadanos es el grupo que con más ahínco ha apostado por una reforma amplia y ambiciosa. Presentó una enmienda para pedir que en vez de cinco fueran dos los días en los que se prohibiera publicar encuestas sobre intención de voto. Argumentó que el periodo de restricción actual resulta "un vestigio de una época anterior a la multiplicación de opciones informativas, encuestadoras e imposibilidades de aceleración de determinados plazos procedimentales".

Igualmente, abogó por endurecer las sanciones contempladas en la LOREG y disuadir de los numerosos incumplimientos cosechados durante los últimos procesos electorales. El propio Pedro Sánchez fue sancionado por una entrevista que dio antes de los comicios del 10 de noviembre de 2019 e Isabel Díaz Ayuso fue amonestada por dos actos anteriores a la jornada del 4 de mayo de 2021. Dos ejemplos sonoros y polémicos.

El grupo que coordina Edmundo Bal registró una enmienda en la que aumentaba hasta los 9.000 euros la cuantía máxima con la que sancionar a autoridades (ahora, 3.000). Añadió que si las infracciones se cometían en la semana previa a colocación de las urnas, la amonestación podría incrementarse hasta tres veces. Los liberales, además, incluyeron una propuesta para castigar a quienes falsificaran las encuestas con el fin de influir en el proceso electoral. Hasta la posibilidad de solicitar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) una evaluación del impacto del programa electoral estaría permitido.

En fin, una batería de enmiendas destinadas a reformar en profundidad la ley electoral. Una de las fuentes consultadas no descarta que alguna incluso triunfe. Su voz, pese a todo, es aislada. "Si hay algo que resiste es la aceptación de los resultados electorales; no creo que debamos cambiar muchas cosas. Desde luego no cambiarlas si las piden formaciones minoritarias en el Congreso", sostiene otra.

En esta tesitura estaría la enmienda que plantea la rebaja de la edad mínima a la que votar, de los 18 a los 16 años. Más País ha firmado una con esa finalidad. ERC, sabedor de que la subcomisión no dará para mucho más, directamente ha usado la vía de la proposición de ley. Tampoco le aguarda un panorama luminoso.

El voto rogado y la vía telemática

La subcomisión llevará este miércoles a la Comisión Constitucional, que preside el diputado socialista Patxi López, el informe sobre el cambio del voto de los españoles en el exterior. El alcance de lo acordado no es menor. La reforma del voto rogado ha sido una demanda largamente aplazada. Hasta ahora.

Se trata de un cambio profundo del artículo 75. Las novedades son muy diversas. Por ejemplo, entre la documentación a entregar a los españoles que compongan el censo del exterior se incorporará la dirección de las web oficiales en las que se muestren las candidaturas definitivas y "en las que estarán disponibles los juegos de papeletas descargables con todas las candidaturas concurrentes". También se dará la relación de los centros habilitados para el depósito del voto en la demarcación consular.

Con el fin de garantizar el secreto del voto, sólo podrá efectuarse la descarga telemática del juego completo de papeletas, señala uno de los añadidos acordados. Además, las administraciones deberán desplegar los medios precisos para que los envíos de la documentación se haga de la manera más rápida, segura y eficaz, para lo que podrían recurrir a la valija diplomática y al reenvío por el servicio de correo interno del país extranjero correspondiente. Ahora bien, "en la medida en que la Oficina del Censo Electoral y la administración consular lo consideren necesario y posible".

Como casi siempre, los cambios de mayor impacto aparecen en las disposiciones. Una de ellas establece que un año después de la entrada en vigor de la modificación, y previo informe de la Junta Electoral Central, los envíos postales que regula la norma vigente se irán sustituyendo por "un envío telemático" de garantías. La otra indica que tras los primeros seis meses de la aplicación de la reforma, el Gobierno efectuará un "procedimiento extraordinario de verificación de los datos de las personas inscritas en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA). A partir de aquí, dicho proceso se hará cada cinco años, como mínimo.

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