Rato ve revelación en los mails entre Montoro y su jefe de Gabinete y recurre la decisión del juez

La defensa del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha recurrido el auto por el que el juez de Tarragona Rubén Rus, que investiga al exministro del PP Cristóbal Montoro por el favorecimiento fiscal a empresas que contrataban con su antiguo despacho --Equipo Económico-- no ve delito en que el que fuera responsable de Hacienda tuviera acceso a información tributaria de particulares, entre ellos rivales políticos.

Según el recurso, que firma la abogada María Salo y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la instrucción realizada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona ha incorporado evidencias de hechos que presentan caracteres de delitos de revelación de secretos cometidos por funcionarios y autoridades públicas, y que "obligan a incorporar ese objeto de investigación a los fines de su esclarecimiento y de la determinación de sus autores responsables".

El juez ha rechazado la personación de Rato y de todo aquel --como el exdirigente del Podemos Juan Carlos Monedero-- que se siente perjudicado por los correos con los que el que era político del PP era informado por su jefe de gabinete de la situación fiscal de cada uno de ellos.

Los 'mails' de Rato

A juicio de Rato, el intercambio de mensajes entre Montoro y su asesor pone de manifiesto maniobras desarrolladas por altos funcionarios de Hacienda en relación con los delitos fiscales de los que se acusaba por la gestión de su patrimonio y por los que ha sido condenado a 4 años y nueve meses de prisión. En su recurso ante el Tribunal Supremo, su defensa hace mención al uso político de la Agencia Tributaria contra él. Los correos electrónicos hallados son mensajes remitidos por Felipe Martínez a Montoro y en una ocasión el rebote de correo que aquel había recibido de Santiago Menéndez, por entonces director general de la Agencia Tributaria.

En uno de estos mensajes, que ya publicó en su día esta redacción, con fecha de 21 de enero de 2015, entonces jefe de gabinete de Montoro en Hacienda, Felipe Martínez Rico, quien relata que el jefe de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quería hablar con él sobre la "situación fiscal de Rato": "Tienen ahora indicios de que está procediendo a alzamiento de bienes. Traerá información preparada, pero es posible que la situación derive en la necesidad de una entrada y registro”. En otro de ellos, del 16 de abril de 2015 Felipe Martínez Rico relata a Montoro que la denuncia que había presentado la Fiscalía de Madrid contra Rato "tiene fecha de ayer. Es una denuncia muy extensa (54 páginas) y documentada. David [Mellado; que era secretario general técnico en el Ministerio de Hacienda] está repasando el texto".

La representación legal de Rato incide en que de la lectura de éstos y otros correos intercambiados sobre su cliente "resulta inequívoco que la fuente de los datos informados y a los que accede el Ministro son datos de trascendencia tributaria cuya fuente es la AEAT y evidencia, por demás, que la información tiene un carácter periódico, continuado y lineal".

No deberían acceder

La defensa del exministro de Economía con José María Aznar subraya que el ministro de Hacienda no tiene competencia en materia de comprobación, inspección, gestión o sanción tributaria y que el alcance del secreto legalmente protegido por el marco legal tributario está estrictamente acotado. "En consecuencia, el deber de sigilo protegido penalmente se extiende aquí, de acuerdo con el marco legal, a cualquier comunicación a quienquiera que no tenga competencia en el procedimiento tributario correspondiente, pertenezca o no a la misma AEAT", con la salvedad de dos excepciones que no cabría aplicar a este caso.

Cualquier otra utilización de los datos fiscales fuera del procedimiento legalmente previsto, y con fines distintos a los que motivaron su acopio, comporta intromisión ilegítima en la intimidad personal y una infracción del principio de legalidad, y por ello la defensa concluye que lo ocurrido con Rato es delictivo.

Añade que, en este caso, el jefe de Gabinete y el ministro propio Montoro "son inequívocamente 'terceros' en términos de cesión ilícita del dato, pues normativamente están excluidos de su conocimiento". Agregan que el hecho de que la información no se haga pública o no se divulgue es irrelevante a los efectos de la comisión de la revelación de secretos que Rato atribuye a Montoro.

Así, rebate las tesis del juez Rus al entender que "de ningún modo puede predicarse irrelevancia penal a partir de focalizar el punto de análisis en el ministro y afirmar que a este le corresponde la superior dirección de la Secretaria de Estado que dirige la AEAT" para autorizar conocer el contenido de actuaciones de este organismo. Insiste esta parte que el secreto en las leyes tributarias excluye del conocimiento de los datos de los particulares a "aquellos que funcionalmente no estén Ilamados a intervenir sobre él, en ejercicios de las funciones inspectoras, de gestión tributaria y de sanción propias de la AEAТ".

No rechazó la información

Añade el recurso que Montoro, "al recibir el correo accede al dato y no consta que lo rechazara ni instara la persecución penal de quien paladinamente le vehiculaba un dato reservado en cesión ilegítima". Desde este punto de vista, según Rato cabría también imputarle el reproche penal por no ordenar inmediatamente al remisor del correo, su jefe de Gabinete, "que cumpliera con sus deberes legales y no le informara de lo que no debía".

"Consentir en la recepción con la continuidad y linealidad que se infiere de los correos conduce a la calificación como cooperación necesaria en comisión por omisión por no haber ejercido los deberes legales que le concernían de evitar que se le suministrara una información cuando era evidente que no podía recibirla legalmente", agrega el recurso.

"Por supuesto que un Ministro de Hacienda tiene la responsabilidad política para orientar la actuación de la AEAT y fijar las finalidades hasta en los Planes de Inspección y sus prioridades sectoriales y hasta de riesgo fiscal, pero no tiene facultad ni derecho a conocer en el ejercicio de sus competencias la identidad concreta del contribuyente, ni los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria sobre su perfil fiscal", concluye el recurso.

Vía: El Periódico