RUPTURA DE LAS CONVERSACIONES SOBRE EL CGPJ

El PSOE insiste en que el pacto estaba "listo" y acusa a Feijóo de no resistir las "presiones de la derecha"

Le reprochan "falta de autonomía" y creen que ha usado como "nueva excusa" la reforma del delito de sedición

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita en Kenia.

Johannesburg (South Africa), 27/10/2022.- Spain's Prime Minister Pedro Sanchez (C) with his wife Maria Begona Gomez Fernandez (L) during a visit to the prison cells at Constitution Hill, Johannesburg, South Africa, 27 October 2022. Sanchez made a tour of the prison cells that Nelson Mandela and other detainees where imprisoned in. (Sudáfrica, España, Johannesburgo) EFE/EPA/KIM LUDBROOK / KIM LUDBROOK

Marisol Hernández

La ruptura de las conversaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional que el PP anunció esta tarde por el impulso que el Gobierno ha dado en los últimos días a la reforma del delito de sedición ha provocado una durísima reacción del PSOE, en las que acusa a Alberto Núñez Feijóo de "falta de autonomía política". En un comunicado, los socialistas aseguran que el dirigente gallego, "no ha resistido las presiones de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto", en referencia a las presiones de algunas órbitas, entre ellas el bloque conservador del CGPJ, de que no pactara.

La versión del PSOE, en línea con lo manifestado esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Pretoria es que "el acuerdo que ya estaba negociado y listo para ser firmado por el PSOE y el PP". Y lo que ha sucedido es que Feijóo "ha utilizado una nueva excusa para bloquear la renovación del CGPJ, rompiendo así la negociación e incumpliendo con la Constitución una vez más".

La excusa, según la nota emitida por Ferraz, es la rebaja de las penas al delito de sedición. Esta mañana, con el acuerdo que habían muñido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del

PP

Esteban González Pons, prácticamente cerrado, unas afirmaciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en medio del debate de Presupuestos, dejando entrever que el Ejecutivo abordaría este cambio legal, generaron un enorme malestar en el PP que, con el paso de las horas fue en aumento. De nada sirvió que Montero las matizara después explicando que no había dicho nada distinto a lo expresado días antes por el jefe del Ejecutivo, en referencia a sus palabras del viernes en Bruselas sobre que cumplirá ese compromiso "personal" si hay una "mayoría suficiente" para esta modificación del Código Penal.

El propio Pedro Sánchez, en una comparecencia junto al presidente de Suráfrica, Cyril Ramaphosa, trató de que el PP separara la "agenda legislativa", en alusión a una modificación del Código Penal de los delitos juzgados en el 'procés', de las "obligaciones constitucionales" del PP. "Estamos ante una crisis constitucional sin precedentes", defendió, con el CGPJ cuatro años bloqueado, que provocó la dimisión de su presidente,

Carlos Lesmes.

¿Llamó Sánchez o Feijóo?

Este llamamiento no convenció a Feijóo, que decidió hablar directamente con él por la tarde. En este punto difieren las versiones que ofrece cada partido, el PP asegura que lo hizo el dirigente gallego pero la nota de los socialistas apunta a que fue Sánchez quien tuvo la iniciativa de ponerse en contacto con él. Según el comunicado hecho público por los populares, el Gobierno, a través de Bolaños, "había trasladado que no estaba en sus planes acometer la modificación" del delito de sedición. "Pero esta tarde el presidente Sánchez ha confirmado a Feijóo que su agenda legislativa incluye esa reforma del Código Penal y en consecuencia no va a renunciar a su modificación".

Desde el PSOE niegan lo que expone el PP, en referencia a que pudieran haber transmitido ese compromiso. "La agenda legislativa del Gobierno no ha sido modificada en ningún momento a lo largo de la legislatura ni tampoco durante la negociación de las últimas semanas. Y, desde luego, no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución Española".

El alcance de esta crisis, a punto casi de que fructificara el acuerdo para actualizar el CGPJ y el TC, es tan brutal, que no sólo deja absolutamente desmantelado el Poder Judicial en España, sino que impide cualquier posibilidad de entendimiento entre las dos principales fuerzas políticas.