¿Se puede frenar la reforma que beneficia a presos etarras? Todas las claves de la polémica

Salvo decisión del Gobierno, en la próxima semana las Cortes Generales ratificarán un proyecto de ley que permitirá descontar a los presos etarras las penas que hayan cumplido en cárceles francesas. No ha sido hasta este lunes, a escasas horas del debate en el Senado, que PP y Vox han sido conscientes de esta modificación legislativa, poniendo el grito en el cielo. Hasta ahora, ambas formaciones han ido votando a favor de este cambio lo que les ha dejado ahora con un margen de maniobra casi nulo. Los populares, por lo pronto, han anunciado que van a plazar la votación de la norma, programada para este martes. A continuación, las claves para entender lo que ha pasado y qué pasará en los próximos días:

El Gobierno aprobó en marzo un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea con el objetivo de adecuarla a la legislación europea. Desde entonces, la iniciativa se ha ido tramitando en el Congreso, donde hubo hasta una decena de ampliaciones del plazo para que los partidos presentaran enmiendas. En junio se publicaron la decena de páginas que contenían las 14 modificaciones registradas.

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A comienzos de septiembre, la Comisión de Justicia ratificó el texto fianl por unanimidad. Por el camino se introdujeron varias enmiendas que, en resumen, permiten que se descuente de las penas el tiempo en prisión cumplido en otros países de la Unión Europea. Hasta ahora, y para evitar beneficios a los presos etarras, la norma exceptuaba de este cómputo más beneficioso a los condenados antes de 2010, una salvedad que se ha eliminado.

Ningún grupo se opuso a estos cambios. Ni cuando se votaron las enmiendas en el trámite de ponencia, ni cuando se votó el texto de la norma en la Comisión de Justicia, ni cuando se votó y aprobó de manera unánime la ley en el pleno del Congreso de los Diputados. Incluso, el consenso era tal que ningún grupo decidió presentar más enmiendas o propuestas de veto cuando el proyecto de ley fue remitido al Senado para su aprobación definitiva.

El hasta hoy agrado del PP y Vox con la norma, así como la ausencia de enmiendas y vetos en el Senado, han derivado en que el proyecto de ley vaya a debatirse en el pleno este martes, sin pasar por comisión. Además, no hay margen de respuesta para evitar su aprobación. Tanto la Constitución como el reglamento de la Cámara Alta señalan de manera clara que la única forma para que no se apruebe una norma y que sea devuelta al Congreso es la introducción de una enmienda o la aprobación de un veto. Al no haber iniciativas de este tipo registradas, la ley irá directamente al BOE aunque el Senado se pronuncie en contra.

No obstante, como ha adelantado EL PERIÓDICO DE CATALUNYA y han confirmado después fuentes del PP, los populares han tomado la decisión de aplazar la votación de este martes haciendo uso de su mayoría absoluta. No obstante, no pueden retrasarla más allá del próximo lunes, cuando vence el plazo en el que se tiene que pronunciar la Cámara Alta. De lo contrario, la ley se enviará directamente al BOE.

La única vía posible para frenar la norma pasa por una decisión del Gobierno. Al tratarse de un proyecto de ley, el reglamento del Senado establece que el Ejecutivo puede retirar esta iniciativa en cualquier momento de la tramitación. No obstante, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya ha defendido que la norma "lo que hace es garantizar que se aplique la directiva europea y la normativa europea también en España".

Vía: El Periódico