Oltra eleva una queja a la UE contra el PP al ver un uso partidista de las instituciones en el caso de su exmarido

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana recaba estos días la información requerida por el Parlamento Europeo, al que también trasladará su "malestar" por el papel de la exministra del PP Dolors Montserrat

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra.
| EP

Ana Cabanillas

Mónica Oltra trata de frenar la ofensiva que el PP mantiene desde hace meses por el caso de abusos a una menor por parte de su exmarido, un asunto por el que ya hubo condena y que los populares emplean ahora como munición política contra la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, a la que tratan de implicar por la gestión de la Conselleria de Igualdad y Asuntos Sociales que ostenta, de la que dependen los centros de menores.

Si este martes la dirigente compareció en Las Cortes valencianas para defenderse de las acusaciones, también prevé pasar a la ofensiva a nivel europeo. Y es que uno de los últimos pasos de los populares ha sido llevar este caso a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, un órgano dirigido por la exministra del PP Dolors Montserrat. El entorno de Oltra considera que este movimiento responde a una maniobra de desgaste para tratar de alargar la polémica por parte de la oposición. Adelanta en este sentido que elevarán una queja por el “uso espurio” de las instituciones europeas por parte de la jefa de los eurodiputados del PP. 

La Comisión de Peticiones es una especie de ventana abierta para cualquier ciudadano europeo, que puede solicitar pronunciamiento de esta institución en caso de no encontrar otros cauces para hacerlo. Sin embargo, lejos de atender las peticiones ciudadanas, fuentes próximas a la vicepresidenta valenciana consideran que Dolors Montserrat ha empleado este órgano con el objetivo de influir en la política doméstica, ya que la exministra fue la encargada de aceptar a trámite la petición para investigar a nivel europeo el caso del exmarido de Oltra. La petición en este caso la realizaba la vicesecretaria del PPCV y diputada de Las Cortes, Elena Bastidas, una de las figuras a nivel regional que más ha arremetido contra la dirigente valenciana por este asunto, con preguntas orales y escritas o comunicados denunciando este asunto. 

Desde septiembre de 2021, a raíz de la última sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el Partido Popular ha reavivado su ofensiva contra Oltra a cuenta de este caso, pese al trato relativamente discreto que se le había dado previamente. En este cambio de rasante se aprecia el cambio en la dirección del partido valenciano, antes liderado por Isabel Bonig y ahora comandado por Carlos Mazón, más próximo a la ejecutiva nacional.

A esto se une el comienzo de un nuevo ciclo electoral, con elecciones autonómicas en 2023, y con la implicación de la candidata de Compromís en el proyecto nacional de Yolanda Díaz. La condena al exmarido de Oltra se ha convertido ya en un ariete para los populares a nivel nacional, y el propio secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha llegado a a inquirir por este asunto a la vicepresidenta segunda del Gobierno. 

Una vez admitida a trámite la investigación preliminar en el seno de las instituciones europeas, Oltra trabaja por recabar toda la información requerida -"y más"- para enviarla a la Eurocámara, pese a denunciar que “quien ha hecho la petición tiene toda la información”. Confían en poder enviar su respuesta a finales de enero o principios de febrero.

Adelantan además que en esta misma respuesta a la Comisión de Peticiones van a elevar a nivel europeo “nuestro malestar por el uso espurio que se está haciendo de una institución tan importante como la Comisión de Peticiones”, al considerar que el organismo queda desvirtuado por el partidismo de su presidenta. "El Partido Popular utiliza esta Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo como una palanca para trasladar a Europa temas que no son de competencia europea pero que les permite tener el altavoz y tener titulares cada pocos días", añaden.

La candidata de Compromís compareció este martes a petición propia en las Cortes Valencianas para defenderse y responder a las duras acusaciones de la oposición, encabezada por el PP. "No se les ha ocultado nada y nada en las Corts se les ha negado, nada. A diferencia de cómo actuaron ustedes, ahora tienen acceso a toda la documentación pero no quieren información, quieren titulares tendenciosos para alargar sus indecentes calumnias y fake news o lo que se han llamado mentiras de toda la vida", denunció Oltra desde el parlamento valenciano.

Los populares trataron, a su vez, de señalar la posible implicación de Oltra a través de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de la que depende la gestión de los centros de menores concertados, incluyendo el centro donde se produjeron los abusos por los que su marido fue condenado a cinco años de prisión. 

La primera resolución judicial de este caso llegó a finales de 2019, y la última se remonta al pasado septiembre, cuando el TSJ de la Comunidad Valenciana ratificó la condena por abusos sexuales a una menor tutelada que residía en el centro donde trabajaba como educador social. En esa misma sentencia, se reprochaba el papel de la Conselleria apuntando al "cuestionable" tratamiento inicial que se dispensó a la menor cuando se tuvo conocimiento de esos posibles abusos, por la escasa credibilidad que dieron a la denunciante. 

El PP ha empleado todas las vías para mantener abierto el caso. La pasada semana el Sindic de Greuges (el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana) cerró la investigación abierta a partir de una queja del PP en la que se cuestionaba la gestión de los centros. En esta queja se incluía el polémico informe del departamento de Oltra donde constan 175 casos sospechosos de abusos detectados entre junio de 2021 y junio de 2021, de residentes de centros de menores.

Unos casos que, según explicó la vicepresidenta en Las Cortes, se corresponden con menores que podrían haber sido víctimas de abusos antes de pasar a ser tutelados, sin que ninguno de estos casos fuera cometido por profesionales del sistema de protección, como le acusó durante la jornada del martes el PP. Este mismo informe fue incluido por los populares en su petición al Parlamento Europeo para que fiscalice la labor de la dirigente de Compromís.

No es la primera vez que se cuestiona a nivel europeo el papel de la exministra Dolors Montserrat. En diciembre de 2020, una treintena de eurodiputados pertenecientes a los grupos socialistas europeos, verdes y de Izquierda Unitaria remitieron una carta de denuncia ante el presidente de la Eurocámara, el recientemente fallecido David Sassoli, insistiendo en la "clara falta de imparcialidad" de la dirigente poular, "especialmente en aquellas peticiones relacionadas con asuntos críticos con la gestión del Gobierno de España".

Censuraban también en esta misiva que "muchas de las peticiones vienen auspiciadas por dirigentes y militantes del Partido Popular español", asegurando que Montserrat "está basando su criterio en una posición política" y que "no se están siguiendo los criterios de independencia y justicia" que deberían regir su actuación.

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