El juez del Supremo rechaza practicar más pruebas sobre los dispositivos del fiscal general y acerca la decisión sobre su procesamiento

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha rechazado practicar varias diligencias que habían sido solicitadas por las acusaciones en el marco de la investigación abierta al fiscal general del Estado por una revelación de secretos que habría afectado a la presunción de inocencia de la pareja de la presidenta de a Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De este modo, acerca su decisión sobre si finalmente sentará en el banquillo a Álvaro García Ortiz, algo que se espera conocer en las próximas semanas.

En una resolución conocida este miércoles, el instructor de la causa afirma que no considera necesarias las últimas pruebas solicitadas tanto por el empresario Alberto González Amador como por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales "en orden a la determinación la naturaleza y circunstancias del hecho y personas que han podido participar" en la presunta revelación de secretos. Añade que las acusaciones tampoco han explicado su relevancia de cara a la decisión que él debe adoptar para pasar a la nueva fase del procedimiento, que es la de decidir si cuenta con indicios suficientes para procesar o no al fiscal general.

El Gobierno asume que García Ortiz será procesado en los próximos días pero no piensa relevarlo como fiscal general

Queda pendiente, no obstante, la declaración este viernes del propio Gónzalez Amador, así como dar respuesta a la petición realizada este mismo martes por García Ortiz para que sean citados determinados periodistas y el abogado que representó al novio de Ayuso ante Hacienda, autor del correo electrónico en el que asumía los delitos fiscales de su cliente de cara a evitar llegar a juicio, y cuyo contenido se filtró a prensa dando lugar a esta causa penal contra el principal responsable de la Fiscalía en nuestro país.

Nueva personació

Además, el juez tendrá que resolver sobre la petición realizada por Vox, que mediante un escrito con fecha del pasado lunes, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO ha solicitado ser tenida como acusación popular en este asunto, para lo deja "ofrecida la oportuna fianza". En el mismo escrito, que firman las abogadas Marta Castro, vicesecretaria nacional jurídica de la formación y María Pilar Hidalgo, solicitan a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se les de traslado "de cuantas actuaciones se hayan llevado a cabo hasta el momento" en este procedimiento.

Por otra parte, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, imputada junto a García Ortiz en este mismo procedimiento, ha decidido recientemente sustituir la defensa que hasta ahora le prestaba una abogada del Estado y fichar a un exfiscal de la Audiencia Nacional, Daniel Campos. El fiscal general continúa siendo representado por los Servicios Jurídicos del Estado, según las últimas notificaciones realizadas por el alto tribunal a la que ha tenido acceso esta redacción.

Pruebas rechazadas

La pareja de Díaz Ayuso pedía analizar el archivo de Word con la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 donde se detallaba el intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, un comunicado que se investiga como parte de la presunta revelación de secretos. Buscaba con ello que se examinara el archivo enviado vía WhatsApp por García Ortiz a Rodríguez a las 00:12 horas del 14 de marzo de 2024 para determinar si los metadatos permiten conocer la fecha de creación, el autor y las modificaciones del documento, si bien el juez no ve relevancia a estos datos.

También desestima, por los mismos motivos, las diligencias solicitadas por la asociación minoritaria de fiscales en relación con el teléfono móvil de García Ortiz, dirigidas a ver si constan una serie de números de teléfono, entre ellos los de la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el del jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y los de varios periodistas.

Esta asociación también había pedido la aportación por parte de la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, de los tres expedientes de dación de cuenta relativos a González Amador, recordando en este sentido que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, manifestó en su día cuando compareció como testigo sobre la existencia de los documentos. Para esta acusación podría ser de gran utilidad conocer "qué se sabía o no, o qué se dejó de incluir y la motivación real de cada uno de los intervinientes" en estas comunicaciones.

Sin embargo, el juez responde, respecto a estos documentos, que "tampoco se indica la eventual incidencia que pueda tener, o hasta qué punto pueda ser relevante, de cara a la decisión de dictar el auto de pase a procedimiento abreviado, que es lo que se nos está pidiendo", en relación con lo dicho por la asociación de fiscales en su escrito en relación con procesar ya a García Ortiz.

Peticiones pendientes

En todo caso Hurtado aún tiene pendiente responder a unas últimas diligencias solicitadas este mismo martes por la Abogacía del Estado, en representación del fiscal general. Quiere que se cite a declarar como testigo a Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador en su litigio por fraude a Hacienda, que fue quien se dirigió al Ministerio Público en busca de un pacto para su cliente. La defensa de García Ortiz cree que su testimonio puede ser determinante para la causa, "incluso para fundamentar en su caso una petición de archivo de la misma", según señalaba en el escrito al que ha tenido acceso este diario.

La Abogacía del Estado quiere preguntarle si el 12 de marzo de 2024 --un día antes de que se produjera la denunciada filtración-- recibió comunicaciones de periodistas de El País en las que se solicitaba que confirmara si González Amador tenía voluntad de reconocer la comisión de dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

La defensa ha aportado también un acta notarial que "recoge y autentifica el contenido de los mensajes de Whatsapp y correos electrónicos intercambiados por los citados periodistas el abogado Carlos Neira en relación con una noticia que publicó dicho medio el pasado 20 de enero bajo el título "Las pruebas de un 'secreto' difundido al menos 31 horas antes de que lo reclamara el fiscal general". También han solicitado al magistrado del Supremo que cite a declarar a los tres periodistas de 'El País' para que "puedan ratificar en sede judicial las manifestaciones ya realizadas en documento público notarial".

Otras diligencias instadas por el fiscal general, y aún pendientes de resolver por Hurtado, son a citación de los dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que redactaron el informen técnico-pericial del pasado 7 de febrero para que "puedan aclarar de forma expresa la contradicción existente entre dicho informe y el anterior informe de la misma unidad, fechado el 21 de noviembre de 2024". También reclama un nuevo informe para determinar "si resulta técnicamente posible identificar" cuántas veces se eliminaron los mensajes de Whatsapp del fiscal general, y que los agentes esclarezcan si es posible afirmar que las conversaciones mantenidas entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 fueron eliminadas el día 16, cuando el Supremo abrió causa contra García Ortiz.