El juez Peinado se centra ahora en los correos que la asesora de Begoña Gómez mandó al Instituto de Empresa en busca de la malversación

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dado un nuevo paso en la pieza en la que investiga si se produjo un delito de malversación en la contratación por Moncloa de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En una providencia ha reclamado al Instituto de Empresa que le remita todos correos electrónicos que cruzó con Cristina Álvarez para que a su vez sean trasladados a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su análisis.

La petición de los mails se suma a la que ya cursó respecto de los que la colaboradora de Gómez intercambió con el que era vicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio en relación con la gestión del máster de Transformación Social Corporativa que codirigía la esposa de Pedro Sánchez en esa universidad madrileña. Un total de 121 mensajes que llegaron a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla el pasado día 16, tras lo que el magistrado convocó a las partes para informarles de que la pieza que había abierto por malversación se seguiría por el trámite de la ley del jurado, motivo por el que fueron convocadas el pasado sábado.

El magistrado quiere recabar también los correos que la asesora de Gómez pudo intercambiar con el centro privado madrileño donde la mujer de Pedro Sánchez dirigió el departamento IE África Center. Su objetivo es comprobar si a la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, Álvarez fue contratada por Moncloa, pero su responsabilidad se centraba en la actividad profesional privada que Gómez desarrollaba, lo que a juicio del instructor podría ser constitutivo de un delito de malversación de caudales públicos, por el que ha imputado a ambas y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por su responsabilidad anterior en Presidencia.

Además, en otra providencia, a la que también ha tenido acceso EL PERIÓDICO, con fecha del pasado viernes, víspera de la última comparecencia que se ha producido en el procedimiento, el magistrado se dirige a las partes para trasladarles la petición de la acusación popular que ejerce Hazte Oír de prorrogar la causa en función del artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal, que permite la prórroga de la instrucción de seis meses en seis meses tantas veces como sea necesario.

Se da la circunstancia de que este lunes uno de los recursos que tiene entre manos la Audiencia Provincial de Madrid es la anterior prórroga de las actuaciones, la que se acordó el pasado mes de abril y por la que el plazo máximo de instrucción, de no acordarse finalmente su prolongación, finalizaría el próximo 16 de octubre.

Dado el estado de las pesquisas, el magistrado previsiblemente procederá a ampliar el plazo de la investigación una vez reciba la opinión de las partes, porque tiene varias diligencias encargadas pendientes de que concluyan y de aquí al próximo 16 de octubre, que es cuando finalizaría la instrucción, resultaría muy complicado poder dar por concluida e iniciar la fase intermedia de cara a la celebración de un futuro juicio.

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