IU planea un pago "en especie" para financiar a Podemos en Andalucía y sortear al Tribunal de Cuentas

IU planea un pago "en especie" para financiar a Podemos en Andalucía y sortear al Tribunal de Cuentas

La candidata de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto.
| POR ANDALUCÍA

El partido dirigido por Ione Belarra se quedó sin acceso a las subvenciones públicas al no estar formalmente representado en la coalición Por Andalucía tras llegar fuera de plazo al registro

Izquierda Unida y Podemos ya trabajan en fórmulas para solventar la falta de acceso a la financiación pública de los morados en la región. El partido dirigido por Ione Belarra quedó fuera de la coalición Por Andalucía al llegar tarde al registro, y quedó excluido de una serie de derechos derivados de su representación parlamentaria.

Así, su logo no estará en la papeleta electoral ni podrá recibir fondos para sufragar la campaña, aunque el principal problema reside en acceso a las subvenciones de la coalición; un extremo que se verá solventado por una suerte de sistema de "retribución en especie", por el que la financiación se haría llegar a través de la contratación de personal a cargo de los fondos del grupo parlamentario. Un extremo que sortearía la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

En las últimas semanas, los distintos partidos han trabajado para tratar de suplir las carencias derivadas de la ausencia de Podemos a nivel jurídico, con el objetivo de traducir la el acuerdo político sellado entre seis partidos a la realidad de una coalición jurídica donde sólo conviven cuatro. El escollo más inmediato fue el de la inclusión de dirigentes de Podemos en las listas electorales, que se solventó incorporando a los cuadros morados como independientes.

Pero los términos económicos son los que adquieren especial relevancia, puesto que Podemos no puede recibir fondos del Estado, y el acuerdo alcanzado establecía un reparto por el que Podemos e IU se repartían los fondos en un 60%-40%. Sin embargo, la fiscalización del Tribunal de Cuentas hace imposible la transferencia de caudales públicos de la coalición a un partido que no está representado en la misma.

Los partidos de izquierda están convencidos de que la fórmula escogida para hacer efectivo el reparto no puede tener resquicios legales y debe respetar la Ley sobre Financiación de los Partidos Políticos, puesto que las consecuencias de su eventual incumplimiento recaería sobre el conjunto de la coalición. "No puede ir ni un céntimo del grupo parlamentario a Podemos", destacan desde la coalición, que añaden que cualquier transferencia levantaría las alarmas.

Es por eso que gana fuerza la opción de sufragar a Podemos mediante la contratación de equipos, es decir, emplear los fondos públicos del grupo parlamentario para contratar a personal del partido, que bien podría trabajar para la organización morada, en lugar de hacer las tareas propias del personal técnico del Parlamento andaluz.

Destacan fuentes conocedoras que este sistema de "retribución en especie", que va ganando fuerza, sí tendría el visto bueno del Tribunal de Cuentas, que sólo se encarga de revisar que las subvenciones públicas estén debidamente justificadas, en este caso, en contratos de personal, sin entrar a valorar el desempeño efectivo de los trabajadores contratados, y sin discernir si trabajan para partidos políticos o para la institución parlamentaria. Así, las fuerzas andaluzas aprovechan la "flexibilidad" que permite la ley para poder transferir fondos a Podemos mediante la cesión de masa salarial a la organización morada para contratar a personal propio, sin que se incurriera en ninguna desviación de fondos.

Entre las otras opciones barajadas que han sido a día de hoy descartadas está, por ejemplo, la contratación de Podemos como si se tratara de un tercero a quien encargar servicios externos. Este sistema, sin embargo, conllevaría algunos recargos económicos, puesto que la actividad generaría IVA y estaría sujeta a impuestos, de manera que parte de los fondos asignados a la coalición volverían a las arcas públicas.

Más allá del sistema establecido, hay un elemento que debe primar para que la coalición no salte por los aires: la confianza. En la anterior legislatura, cuando IU y Podemos se presentaron con la marca Adelante Andalucía, se dio la circunstancia de que la escisión de Teresa Rodríguez dejó al grupo parlamentario con 7 diputados, todos ellos de Izquierda Unida. Pese a que los morados no tenían diputados propios, el reparto económico continuó siendo el mismo, y Podemos no dejó de percibir las subvenciones que habían sido precisamente acordadas.

Sin embargo, la confianza entre los distintos partidos se ha visto seriamente comprometida en los primeros compases de la alianza. Tras el registro fallido de la coalición Por Andalucía los partidos integrantes, principalmente Podemos e IU se vieron abocados a una segunda negociación para ajustar los términos de lo pactado en el acuerdo político a la realidad jurídica. Un proceso que desató una guerra entre las dos fuerzas principales por la negativa de los morados a revisar el texto, y que desestabilizó al artefacto electoral a poco más de un mes de las elecciones.

A raíz de la última disputa, todos los actores han optado por rebajar el tono y tratar de negociar con discreción las posibles soluciones para dar cabida a Podemos también en términos económicos. Los equipos jurídicos de las distintas formaciones se pusieron en marcha para encontrar vías legales, pero han tratado de evitar que trasciendan los términos finalmente fijados para enterrar una polémica que amenaza con desmovilizar al electorado de izquierdas.

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