Hacienda remitió información "incompleta" al juez que investiga a Montoro por amañar leyes a favor de empresas privadas

El sumario del caso Montoro, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, revela que la documentación aportada inicialmente al juez Rubén Rus por el Ministerio comandado por María Jesús Montero sobre la tramitación de las normas tributarias que según la investigación fueron amañadas por influencia del despacho que había fundado el exministro del PP Cristóbal Montoro --Equipo Económico--, a petición de las empresas de gases industriales que lo contrataron, "fue incompleta".

La documentación se requirió en diciembre de 2021 y el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona tuvo que hacer un nuevo requerimiento meses después para poder obtener los expedientes completos.

En uno de los autos obrantes en la causa, en el que se justifica una de las prórrogas del secreto levantado el pasado 19 de junio, el juez recuerda que en diciembre de 2021 libró mandamientos a la Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la Dirección General de Tributos y a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con la finalidad de obtener copia completa de las cuentas de correo electrónico corporativo utilizadas por los investigados, que además de Montoro son gran parte de las personas que integraban la cúpula ministerial durante su mandato.

Solicitaba expresamente los mensajes entrantes y salientes, agenda de contactos, anexos, archivos adjuntos, subcarpetas creadas entre el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014 y también desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 4 de julio de 2018.

Impuesto a gases de efecto invernadero

Igualmente, en las mismas fechas requirió al Ministerio de Montero que, con la adopción de las medidas de sigilo necesarias, facilitara los expedientes completos de elaboración de varias leyes concretas: la 6/2013 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la 28/2014 que modificó los Impuestos Especiales, la Ley de Presupuestos Generales de 2018 (que las gasistas querían modificar con relación al Impuesto de Actividades Económicas ) y la Real Decreto que modificó impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero en 2014.

"En el mes de mayo, se realizaron nuevos mandamientos a dichos organismos ya que la documentación aportada en cumplimiento de los anteriores mandamientos fue incompleta", agregaba el juez, para posteriormente manifestar que el material obtenido en cumplimiento de tales mandamientos era tan extenso que justificaba una prórroga de la investigación secreta.

El juez deja constancia en su auto de la complejidad de la investigación, que viene dada por la necesidad de estudiar las reformas legislativas en las que supuestamente pudieron tener influencia las personas investigadas, por la "dificultad de determinar el alcance de las comisiones percibidas así como el destino de tales cantidades".

La investigación, vertida en al menos 18 tomos de sumario que contienen hasta 5.138 páginas, revela el modus operandi de dos operaciones concretas para modificar hasta dos tipos de impuestos: la primera logró obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, mientras que en la segunda ocasión llegaron a tocarse los Presupuestos Generales del Estado para 2018 en relación con el Impuesto de Actividades Económicas.

"Como se desprende de los correos intervenidos y tal y como consta en las actuaciones, la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) que es la entidad que representaba a las cinco empresas investigadas, tras no obtener las reformas pretendidas por las vías habituales, decidió contratar a Equipo Económico, a sabiendas, como así se dice en uno de los correos intervenidos, que se trata de un gabinete económico que tuviese acceso al Ministerio de Hacienda para conseguir esta reducción impositiva".

"Todo cambia tras la intervención de Equipo Económico, que en un escaso período de tiempo y mediando precio" logra para las empresas gasísticas las reforma legislativas que éstas pretendían, precisa el juez en sus autos.

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