El Gobierno confía en calmar a los socios antes de afrontar en junio el debate del estado de la nación

Al Gobierno se le ha ido oscureciendo el panorama desde que

Vladímir Putin invadió Ucrania

a finales de febrero. Desde entonces, una sucesión de malas noticias y funestas previsiones. Como la actualidad va a toda velocidad, nadie se acuerda ya de los fondos europeos y de las promesas de grandes reformas. No hace mucho, el presidente,

Pedro Sánchez

, anunciaba un PERTE un día y al siguiente, otro. Y de repente, las sombras.

Consciente de que la guerra ucraniana iba a agujerear la evolución de la economía española (las previsiones de crecimiento de los próximos años no son tan altas), el Ejecutivo aprobó en marzo un ambicioso decreto plagado de medidas económicas y sociales, destinadas a paliar las consecuencias del conflicto bélico. Su convalidación en el Congreso, en abril, fue tortuosa, una agonía, por culpa de la irrupción de un escándalo llamado Pegasus

, sobre espías y autoridades espiadas.

Han pasado dos semanas desde que el independentismo comenzó a agitar el árbol de la política, a raíz de los presuntos casos de intromisiones ilegales en móviles de más 60 dirigentes catalanes. Hay portavoces en el Congreso que no se atreven ya a hablar de una legislatura estable. El tono se ha vuelto agrio entre los aliados del PSOE, que ve cómo incluso su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, avanza por un camino estratégico propio: sin disimulo, ha puesto a la ministra de Defensa,

Margarita Robles

, en el foco.

Pero en el Ejecutivo y en el PSOE confían en que la tormenta se vaya en mayo,

aseguran a El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, fuentes parlamentarias

. Este jueves, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, comparecerá ante la recién creada comisión de control de los gastos reservados. No podrá trascender mucho porque las sesiones, aquí, son secretas y los asistentes no pueden difundir ni divulgar lo que se trate dentro; está prohibido por ley.

Pese a ello, en el Partido Socialista confían en que la hostilidad de ERC, PNV, EH Bildu o Más País vaya disminuyendo a partir de esta semana. Ello no supondrá un restablecimiento de las alianzas, que tampoco eran permanentes antes, aunque dieran garantías. La idea que manejan las fuentes consultadas es básicamente una relajación ambiental, la vuelta a un clima que facilite el diálogo y el pacto.

Y así, en esas condiciones, afrontar en junio uno de los hitos de cualquier legislatura, aunque en España lleve siete años sin celebrarse: el debate sobre el estado de la nación.

Las resoluciones o dar imagen de fortaleza

El debate sobre el estado de la nación no está regulado como tal en el reglamento del Congreso. Ciudadanos inició hace semanas una ofensiva para conseguir el fin de esta anomalía. Cambiar el reglamento de la Cámara no es sencillo, sin embargo. Hay dos modificaciones pendientes, una sobre el papel de los grupos de presión y su encaje en la rutina y quehacer de los diputados; y otra sobre el control de iniciativas de alcance meramente político. Ambas se encuentran atascadas, la primera desde hace un año.

Con todo, al debate sobre el estado de la nación se le aplican dos artículos, el 196 y el 197, pues son los que pautan las sesiones de pleno y comisión que se celebran como consecuencia de las peticiones del Gobierno. En el 197, de hecho, se habla ya de las propuestas de resolución.

Desde primeros de los 80 se ha venido celebrando un tipo de debate que, por formato, incide en la dinámica de control al Gobierno. Si bien es el presidente el que pide su convocatoria y el que expone en primer lugar su balance de gestión, su programa y sus proyectos, ha de responder a continuación a los grupos que componen la oposición. El debate dura dos días, tras el que los partidos con representación en el Congreso se dan un margen para registrar y aprobar las citadas propuestas de resolución, que suelen clasificarse según áreas: materia económica, ámbito laboral, terreno diplomático, etcétera. El siguiente paso consiste en la organización de otro debate, éste sobre las resoluciones, y de la votación posterior.

No se desprende del formato un efecto legislativo. Tanto lo que discutan el Gobierno y la oposición como las peticiones que sean aprobadas se mueven en un terreno exclusivamente político. Puede salir adelante una solicitud al Ejecutivo para que regrese a una posición neutra en el conflicto territorial del Sáhara Occidental, por ejemplo, pero no es de obligado cumplimiento. Rechazarla sería una victoria del Ejecutivo; sacarla adelante, una victoria de la oposición.

Dado que el PSOE y Unidas Podemos, 153 escaños entre los dos, necesitan alianzas con otras formaciones para alcanzar la mayoría absoluta, en especial ERC, PNV, EH Bildu y PDeCAT, no es conveniente pedir la celebración del debate en un clima enrarecido o adverso. Perder las votaciones de las resoluciones puede retratar soledad parlamentaria y, lógicamente, debilidad política. Ganarlas puede insuflar oxígeno para el resto de la legislatura, haya o no haya alianzas definidas, restauradas o sólidas.

Los planes de Sánchez

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,

Félix Bolaños

, confirmó en el Congreso que habría debate sobre el estado de la nación durante el actual periodo de sesiones. Lo dijo en febrero, lo que situaba el evento entre los meses de marzo, abril, mayo y junio. La abrupta sustitución de liderazgos en el PP ralentizó los ritmos y la guerra de Ucrania los ha adormecido aún más.

En una entrevista en Antena 3, el 18 de abril, el presidente del Gobierno insistió en que pediría la convocatoria dentro del periodo de sesiones, lo que empujaba la probable fecha a mayo o a junio. El plazo se va acortando irreversiblemente, como es obvio. El problema es que apenas unas horas después estalló el caso Pegasus en el independentismo catalán. Más de 60 mandatarios habían sido espiados años atrás, en coincidencia temporal con hitos recientes como la sentencia del Supremo tras el juicio a los dirigentes que orquestaron "el procés", en octubre de 2019. Ya gobernaba Sánchez.

Desde entonces, el ambiente parlamentario sólo ha acumulado sobresaltos, el último este pasado martes. La oposición en bloque, en la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, apoyó en bloque la petición de comparecencia del presidente para informar sobre el espionaje con este software israelí. PSOE y Unidas Podemos se quedaron solos en el rechazo.

Los contactos entre los portavoces de los grupos, apuntan las fuentes, no han cesado al respecto. Tal y como informó este medio, el de ERC, Gabriel Rufián, sondeó al del socialista, Héctor Gómez, así como a Adriana Lastra y a Bolaños para intentar que reconsiderasen su negativa a la comisión de investigación sobre el espionaje. Ha habido más, no entre estos partidos, sino entre otras formaciones. Las fuentes prefieren no revelar más información.

El mensaje que estaría transmitiendo la dirección socialista se resume en una palabra: "paciencia". Las explicaciones que dé la directora del CNI servirán de bálsamo, auguran. Los resultados de la investigación interna anunciada, también. En el PSOE han optado por ver la forzada intervención del presidente como una oportunidad, aunque haya supuesto un revés político. No hay fecha todavía para esa comparecencia, si bien las fuentes casi dan por descartada la semana que viene por su agenda. Quedarían los plenos de los días 17-19 y 24-26 de mayo.

Y a partir de ahí, si el panorama se ha tranquilizado, en cualquier momento el líder socialista comunicará a la Presidencia del Congreso su deseo de celebrar el debate sobre el estado de la nación, que lleva sin hacerse siete años, récord de la democracia. "El presidente no es de los que se amilane ante los contextos más complejos; seguro que lo hará", sentencia una fuente. Influye, y mucho, que Alberto Núñez Feijóo

 no pueda darle la réplica al no ser diputado.