Diputados/as al borde de un ataque de nervios: la transversalidad en el Congreso es mal negocio

Como la inestabilidad es una nube que cubre ya todos los edificios del

Congreso de los Diputados

en la carrera de San Jerónimo de Madrid, hay que hacerse a la idea de que 

esperan meses trepidantes

. Los diputados que busquen la calma y amen el sosiego, que vayan cambiando el chip. El alud lo van a tener que soportar, sobre todo, los miembros del

Gobierno

encargados de las relaciones con los grupos parlamentarios y la dirección del

PSOE

en la Cámara.

Se prevé un mes de junio de infarto porque la segunda quincena de mayo lo está siendo. Durante el pleno de la semana es verdad que no se han convalidado decretos ni se han ratificado proyectos de ley procedentes del Senado, pero esto es más una casualidad que una pausa en clave política. Hace una semana salieron la ley de igualdad de trato ("la ley Zerolo") y la ley de telecomunicaciones, y aguardan su aprobación inminente la del "sólo sí es sí" y la audiovisual. Dos normas sociales y dos económicas. Dos avances en derechos y dos remodelaciones completísimas en el sector de la comunicación.

Las cuatro constituyen otros tantos ejemplos de cómo negocian ahora el Gobierno y el PSOE, con Unidas Podemos en la retaguardia. Ahora bien, retaguardia sólo en el frente de izquierdas, porque con PP y Cs no negocian.

Sin embargo, sí lo hace la dirección socialista, y aquí está problema. Cuando una normativa empiezan a pactarla con ERC y EH Bildu, o con uno de los dos, populares y liberales se marchan. Y al revés: si la empiezan a cocinar con el

Partido Popular

 y con los de Inés Arrimadas, la izquierda independentista dice "adiós". La transversalidad es imposible.

El colmo lo dio la ley de garantía integral de libertad sexual, la del "sólo sí es sí". El PSOE creyó que tenía atadas sus enmiendas para abolir la prostitución gracias al "ok" del PP, y a su vez, garantizado el dictamen global de la ley porque ni la izquierda pasaría al "no" ni los populares abandonarían la abstención. No fue así, y la dirección socialista, capitaneada aquí por Adriana Lastra, tuvo que retirar dichas enmiendas.

El cabreo de todos los grupos se hizo notar, aunque sonó con estridencia entre los habituales aliados parlamentarios. La portavoz de ERC en la Comisión de Igualdad, Pilar Vallugera, fue contundente y vehemente durante la sesión del jueves pasado; más templada estuvo Bel Pozueta, de EH Bildu, pero se la entendió con claridad. Porque no sólo criticaron las enmiendas abolicionistas del PSOE, sino las formas que usó el PSOE para incorporarlas al texto de la ley. Ni la norma era la adecuada ni el socio elegido resultaba idóneo.

Salvo la pinza socialistas-populares, 208 escaños, y la que podrían formar los grupos progresistas, en torno a los 180, todas las demás combinaciones entrañan multitud de riesgos. Se vio en el decreto de la reforma laboral y en el decreto "anticrisis" provocado por la

guerra de Ucrania.

Se ha visto también en la ley del "sólo sí es sí". Hasta ahora, el Gobierno siempre ha ganado, eso es incuestionable: todas las leyes han salido. Ahora bien, cada viaje es un ejercicio de funambulismo, o como caminar por el borde de un precipicio. Y los nervios, claro, se notan. Ha habido más situaciones así.

Las pensiones: espejo de una aritmética endiablada

Los diputados y diputadas que forman parte de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es la que trata los asuntos de los ministerios de Yolanda Díaz y de José Luis Escrivá, tuvieron que cambiar sus planes tres veces en un solo día, el martes pasado: comenzaron la jornada con la preparación de la ponencia sobre la nueva ley de las víctimas del amianto; a las 13.30 horas recibieron una notificación en sus móviles que cancelaba esa sesión y que, en su lugar, habría otra ponencia sobre la ley de los planes públicos de pensiones; durante la tarde, aunque sin confirmación oficial, supieron que tampoco esa ponencia se celebraría. Ya el miércoles, a primer hora, fueron informados por mensaje.

La razón de tanto vaivén no es un problema de agenda, ni son sucesivos imprevistos que trastocaron los planes. La razón tiene que ver con la política y con las necesarias alianzas actuales. Cuentan las fuentes de la Comisión de Trabajo e Inclusión que el Ministerio de Escrivá pidió a la Presidencia, que ejerce un diputado de Unidas Podemos, Antón Gómez-Reino, que convocara la ponencia sobre los planes públicos de pensiones con la finalidad de aprobar la ley apenas dos días después, en la propia Comisión. Hubo cierta hilaridad entre los diputados. No es una norma sencilla ni superficial. Es la segunda pata de la reforma del modelo de pensiones de este país, tras la ley que asumió el mecanismo de equidad intergeneracional (la que aumentó las cotizaciones un 0,6%).

De todos los grupos vinieron las protestas. En ERC, por ejemplo, estaban que trinaban porque comprobaban, una vez más, que el Gobierno intentaba diluir el papel del Congreso (y de los grupos) con un trámite exprés. En el PP expresaron su malestar con un argumento similar. Cs puso el grito en el cielo. "¡Pero si no tienen apoyos!", decía una fuente de esta formación. Otra fuente afín al Gobierno reconocía que la pretensión de Escrivá y de su equipo era una temeridad, y además, enrarecía el buen ambiente que con mucho esmero se había construido. "Si hay una Comisión que funciona, y ésta lo es, lo adecuado es garantizar tramitaciones parlamentarias normales, más sosegadas, y no buscar estas imposiciones de procedimientos tan rápidos; eso enfada mucho a los diputados, y con razón", recalca.

"Quieren presionarnos con un trámite tan rápido", apuntaba una fuente más. "Mal negocio", apostillaba. Y efectivamente lo fue. En unas horas, la ponencia para impulsar la ley de los planes públicos de pensiones se aplazó al lunes próximo. El Ministerio de Inclusión constató que no tenía los apoyos suficientes para sacarla adelante en Comisión, y obviamente, en el pleno. Se dio unos días para negociar y empezaron los contactos.

ERC y EH Bildu están en contra y así lo han transmitido. Consideran que la ley es una puerta abierta, y bien abierta, a los bancos y grandes fondos, que buscarían beneficio en los planes de ahorro de los trabajadores. Al PP no le suena mal, pero, fieles a la impronta que se han sellado a sí mismos, no adelantan su posición; a Cs sí le gusta, pero exige antes de dar su respaldo una serie de cambios. La cúpula del Ministerio vio a la diputada "naranja" María Muñoz el jueves por la tarde, en las instalaciones de la calle José Abascal de Madrid. Ella planteó las condiciones indispensables de su formación, que son dos: incentivos fiscales a las empresas para que creen los fondos (incentivos sobre todo en el impuesto de sociedades) y la despolitización de la gobernanza de los fondos, de manera que desaparezca la sombra del Gobierno. Ni Escrivá ni su secretario de Estado de Seguridad Social respondieron; no desdeñaron las peticiones, tampoco las secundaron.

Indica una fuente parlamentario al tanto de la evolución de la ley que en Inclusión saben que el camino más despejado para aprobar los fondos públicos de pensiones lo marcan el PP y Cs. Por allí, seguramente, avanzarán. Pero los riesgos son altos.

La ley audiovisual o la batalla silenciosa

Pedro Casares, diputado del PSOE por Cantabria, y Begoña Nasarre, diputada socialista por Huesca, llevan meses trabajando con el texto de la ley audiovisual. Desde que entró en la Cámara, en febrero, no han parado de verse con representantes de los muchos sectores afectados, desde las televisiones lineales a las plataformas, sin dejar de lado a los agentes publicitarios o a las productoras cinematográficas. Las reuniones, a decir verdad, fueron numerosas con todos los grupos. En varios, la impresión era la misma: esta ley va a dar muchos quebraderos de cabeza.

No han sido tantos. Ha ayudado el denuedo de los diputados socialistas y de los de Unidas Podemos, encabezado en este trámite por Txema Guijarro y Sofía Castañón, y la garantía de que iba a moverse mucho dinero, porque los fondos europeos han puesto en lo audiovisual un ojo. Pingües inversiones aguardan, por tanto, y eso ha aliviado algunas quejas.

En cuanto la Comisión de Asuntos Económicos acabó con la ley de telecomunicaciones, comenzó el de la ley audiovisual. Nasarre y Casares se reunieron con los demás grupos y fueron limando las cientos de enmiendas presentadas. Al cabo de la semana pasada, en el PSOE eran optimistas, sobre todo con ERC y con el PP, claves para el futuro de la norma. Pero la Secretaría de Estado del Departamento que dirige Nadia Calviño no las tenían todas consigo. Vieron a los populares en el rechazo. Esquerra suscitaba dudas. El PNV, al menos, sí estaba muy cerca del voto a favor.

Pero, al mismo tiempo, constataron un temor: en Unidas Podemos había reticencias. Indican fuentes de las negociaciones que Economía jugó con habilidad durante el tramo final de las gestiones. Los negociadores del Gobierno descartaron al PP ("casi siempre se inician las conversaciones con un -140, es decir, sin el grupo popular (88 escaños) ni Vox (52); el éxito reside en el resto", explica una fuente) y pusieron las esperanzas en Esquerra y en el PNV, cuyos votos terminó atando. Esto dejó a "los morados" abocados al apoyo, aunque no dejaron de expresar sus críticas.

Unidas Podemos respaldó el dictamen en la Comisión, el jueves pasado, y hará lo mismo dentro de una semana, en el pleno, momento de aprobación definitiva de la norma. Pero quien intervenga desde la tribuna no hará un discurso amable. Hay varios aspectos de la ley que no son de su agrado, entre ello uno de los caballos de batalla (silenciosa) de las negociaciones: la definición y campo de actuación del productor independiente.

Apenas ha trascendido el disenso, a diferencia del que suscitó la ley del "sólo sí es sí", en la que Podemos y PSOE estuvieron a punto de protagonizar una colisión de consecuencias políticas impredecibles. Una muestra, una más, de que esperan tiempos frenéticos en el Congreso de los Diputados.