Cámara Baja

La bronca política se recrudece en un Congreso que reforma el Código Penal bajo el acecho del TC

El PSOE compara la pretensión del PP de que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el trámite parlamentario con el golpe de Estado de 1936 y el intento de 1981

El Congreso aprueba la reforma expres del Gobierno en uno de los plenos más broncos de la legislatura

Agencia ATLAS / Foto: EFE

Ángel Alonso Giménez

Una vez más, y ya van incontables, el Congreso

ha vivido una jornada penosa. El clima político español no da para otra cosa. La bronca y la animadversión se han apoderado del hemiciclo y los debates se prodigan en descalificaciones, interrupciones, gritos y reprimendas de la Presidencia.

Meritxell Batet

ha vuelto a tener que redoblar esfuerzos para que el debate se desarrollara por cauces más o menos sosegados. Es casi imposible.

Da igual lo que se discuta. Pueden ser los presupuestos del Ministerio de Igualdad, o puede ser una respuesta a una pregunta en la sesión de control, sobre lo que sea. Da igual. Al menos las votaciones funcionan. La de este jueves: luz verde a la reforma del Código Penal y, vía enmiendas, al cambio en las mayorías para renovar el Tribunal Constitucional. Han sido 184 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, entre otros), 64 en contra (Vox, CC, Teruel Existe, PRC...) y 1 abstención. PP y Cs no han votado.

Está tan enconado todo que si la sesión versa sobre lo que ha versado este jueves, el tono se enciende y se enciende y entonces el diputado del PSOE Felipe Sicilia afirma cosas así: “Hace 40 años la derecha quiso parar un pleno, lo hizo con tricornios. Hoy la derecha ha vuelto a querer parar un pleno”.

La comparación ha soliviantado a la bancada del PP, no a la de Vox, que se ha vaciado porque al empezar la sesión se fueron todos en protesta por la celebración del pleno. Ahí ha estado el factor externo que ha calentado un debate ya caldeado por lo que se iba a tratar. Aunque al final ha decidido posponer la decisión al lunes, los magistrados del Tribunal Constitucional dirimen si el trámite seguido para reformar el Código Penal, y a través de éste, los cambios en el TC, incumplen la propia

Constitución

, en concreto el artículo 23, sobre el derecho a la participación política.

Durante la mañana ha planeado por el Congreso la posibilidad de la interrupción. Era sólo una hipótesis. Cuando trascendió la decisión del aplazamiento, se despejaron esos nubarrones. El pleno, que ha sido extraordinario porque se añadió el martes, en la Junta de Portavoces, a la agenda en curso, se ha hecho, pero de qué manera. Nada más anunciar Batet la apertura de la sesión, tomaron la palabra, sucesivamente,

Iván Espinosa de los Monteros, Inés Arrimadas y Cuca Gamarra para exigir el aplazamiento. La presidenta se ha negado porque ni se ha producido ninguna comunicación formal del TC ni existe “razón u obstáculo” que lo impida. Ha salido en defensa de la potestad legislativa del Congreso y de su autonomía parlamentaria, así como de sus procedimientos normativos.

La lectura que de ese temor a que no hubiera pleno ha hecho el PSOE es la siguiente, en opinión de Sicilia, quien, cabe puntualizar, es el presidente de la Comisión de Justicia, la que ha hecho el trámite en un visto y no visto y ha propiciado la inclusión de esas enmiendas “incongruentes” sobre el poder judicial y el propio Tribunal Constitucional. “Ya no cabe duda; ya sabemos la razón verdadera por la que tienen -el PP- bloqueado el poder judicial y el Constitucional. Porque es el último recurso que tienen para ganar lo que pierden en las urnas y lo que pierden aquí”, han sido sus palabras.

Tras citar ejemplos de tramitación rápida en el Parlamento de Andalucía (un decreto) y en el Congreso (ley de enjuiciamiento criminal, cuando el anterior Gobierno del PP), el diputado socialista ha arremetido contra los populares todo el tiempo, apenas ha defendido algo de la proposición de ley. Ha hablado de Alberto Casero, imputado por malversación y prevaricación y aún en el escaño; y ha incidido en que la derecha es la responsable de que la democracia esté en “peligro”.

A Sicilia, desde la bancada del PP, le han dicho de todo y hasta con cierta mofa le han tratado. Cuando Batet pronunció su nombre para que fuera a la tribunal, los diputados populares empezaron a gritar “Patxi, Patxi”, en alusión al portavoz del PSOE en el Congreso, de quien creen que no se ha atrevido a hablar en una jornada tan delicada.

La intervención del PP, hecha por Cuca Gamarra, no ha sido tampoco muy conciliadora. Desde luego, no ha sido amable. Se trata de zurrar dialécticamente. Quizá lo de tender puentes lo quieran dejar para dentro de 180 años. 

Nueva bronca en el Congreso por alusiones al 23F

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Para la portavoz de los populares, el Gobierno ha impuesto procedimientos parlamentarios que niegan los derechos de la oposición. “Aquí nadie decide cuáles son los derechos fundamentales de un partido ni las dimensiones de los mismos”, ha proclamado antes de argumentar que, precisamente para que se respeten, han acudido al órgano que vela por ello: el Constitucional.

A su entender, lo que ha sucedido es “un golpe a la democracia”. El PSOE “se ha mimetizado con los que dieron el verdadero golpe a la democracia y ha llegado a creerse que la democracia son ustedes”, ha enfatizado para acto seguido denunciar la ausencia de Pedro Sánchez

, “el valiente”, según sus palabras. El presidente se encuentra en Bruselas.

La reforma del Código Penal, a su juicio, “abarata la corrupción”, y esto se lo ha reprochado al Partido Socialista especialmente, ya que se presentaron a las elecciones con un programa en el que no aparece una medida así. Y porque Sánchez precisamente cursó una moción de censura, a la postre exitosa, que se alimentó de la corrupción que persiguió al Partido Popular entonces.

Tanto la ley como el trámite que ha seguido constituyen “un fraude” a los electores socialistas, así que Gamarra ha pedido la convocatoria electoral. Convocatoria que, al margen de cuando sea, ganará

Alberto Núñez Feijóo

, ha opinado.

La intervención de

Gabriel Rufián

se ha antojado mansa comparada con las de los representantes de PSOE y de PP. Y con las de Cs y Vox. Inés Arrimadas ha abogado por la moción de censura, a lo que ha animado a Feijóo precisamente.

Pero, de vuelta a Rufián, su mensaje en el hemiciclo se ha centrado en las pulsiones de la Cataluña independentista, que no es una porción menor de población. Más de dos millones son, ha dicho; mayoría electoral, mayoría parlamentaria, ha recordado. Lo que está haciendo ERC es “vehicular el deseo y la opción” política del independentismo, ha añadido. Independentismo que insistirá en el referéndum, por cierto, según sus declaraciones.

Gamarra, por ello, no ha tardado en advertir al PSOE: “volverán a hacerlo”, como hicieron en octubre de 2017.

Golpes de Estado

El acecho del Constitucional ha recorrido el debate, desde el principio, con las exigencias de suspensión de la derecha, hasta el final, que ha sido un llamamiento de Batet muy sustancial: “Las reiteradas faltas de respeto a los servicios de esta Cámara, a la Mesa y a la Presidencia son intolerables y les pido que cesen en ello”.

Rufián ha expresado con ironía que tenía “miedo” de que entraran “‘tejeros con togas’” en el hemiciclo, como en 1981. Ana Oramas, de Coalición Canaria, ella sí tranquila, ha dicho: “Como diputada y demócrata nunca hubiera concebido que un tribunal impida a una Cámara independiente celebrar un pleno, debatir y votar. Otra cosa es que luego el Tribunal Constitucional, tras publicarse la ley en el BOE, la suspenda”. Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha calificado la convocatoria del pleno del TC como “el hecho más grave en términos democráticos desde el 23-F”. Jaume Asens, de Unidas Podemos, ha asegurado: “No han dejado agujeros arriba, pero están intentando perforar la democracia”.

Pese al clima, así de tenso, suenan aún palabras interesantes, como estas de Orama, recordando una canción de Braulio sobre “el volcán y las pasiones”. Canción que dice esto: “Si se enconan las pasiones, no sé qué va a pasar”.

La reforma exprés del Código Penal entró en el Congreso un 24 de noviembre, cuando se admitió a trámite. Se irá un 15 de diciembre. Viaja al Senado, en donde, si salen los planes del Gobierno, el trámite durará… 4 días. 4. Si el Tribunal Constitucional no dice otra cosa.