Condenada a cinco años de prisión la exalcaldesa de la localidad zaragozana de La Muela

El tribunal deja en 11 años y cuatro meses la condena a la exalcaldesa, que deberá pagar 6,5 millones | Aunque su abogado recurrirá ante el Constitucional, podría entrar en la cárcel antes de producirse el fallo

María Victoria Pinilla, la exalcaldesa de La Muela.
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EP

El Tribunal Supremo ha rebajado la condena que le impuso en junio de 2019 la Audiencia Provincial de Zaragoza a la exalcaldesa de La Muela, Marivi Pinilla. Los 16 años de prisión se han quedado en 11 años y 4 meses, mientras que la multa por los delitos de malversación, prevaricación, blanqueo de capitales, cohecho, fraude y delitos fiscales ha pasado de 8,4 a 6,5 millones de euros. Al mismo tiempo la ha absuelto de tráfico de influencias y fraude de subvenciones, así como de fraude a la Administración en una de las operaciones de la causa. El abogado de Pinilla, Santiago Palazón, ha confirmado que presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque existe la posibilidad de que, antes de que se conozca la sentencia, la Audiencia Provincial decida ejecutar la sentencia y la exalcaldesa deba ingresar en prisión. La Audiencia de Zaragoza condenó a la excalcaldesa del Partido Aragonés a penas que sumaban más de 16 años de prisión y a multas por 8,4 millones de euros por once delitos de corrupción.

Estos fueron cometidos mientras ejercía como máxima responsable municipal en su localidad, entre finales de los años 90 y el 2009, en relación a varias operaciones urbanísticas y adjudicaciones irregulares realizadas en dicho municipio. Su abogado anunció entonces que iba a recurrir la sentencia al Supremo al entender que existía un «claro prejuicio» en algunos de los argumentos utilizados. Pues bien, más de dos años y medio después se ha hecho pública la decisión de esta corte, que mantiene básicamente las conclusiones de la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 25 de junio de 2019, respecto al mayor caso de corrupción urbanística de Aragón. Fuentes del Supremo explicaron que en la sentencia se destaca la gravedad de la corrupción urbanística que, aunque no constituya un delito con esa denominación específica, tiene lugar «mediante la ejecución de hechos que generalmente pueden ser constitutivos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho». Además, añaden los magistrados que es «indiscutible» que el sistema democrático se resiente cuando quienes alcanzan cargos públicos, por elección o por nombramiento, «emplean para el lucro personal, de la clase que sea, las potestades y poderes que se les confieren para la satisfacción del interés general».

No obstante, el Supremo absuelve a Marivi Pinilla del delito de tráfico de influencias ya que, aunque se declara probado que la recurrente se valió de su posición privilegiada como alcaldesa de la Muela, este dato, aislado y no acompañado de ningún otro, no permite asegurar «la necesaria posición de superioridad ni la existencia de una situación de ascendencia que permitieran ejercer una influencia real sobre las personas con las que se contactó», como exige el tipo penal. En cuanto al delito de fraude de subvenciones, el Supremo señala que, después de que se produjeran los hechos juzgados, se introdujo una norma que limitaba el delito a los casos de actividades privadas y, respecto al de fraude a la administración en una de las operaciones, recuerda que por dichos hechos resultó absuelta en el primer juicio que el Supremo ordenó repetir. Así pues, el segundo juicio solo podía versar sobre los hechos por los que fue condenada. La resolución del Supremo confirma las condenas por responsabilidad civil, que incluyen el pago por la exalcaldesa al Ayuntamiento de La Muela de más de 1,5 millones de euros y a la Hacienda Pública de casi medio millón de euros.

Otros acusados

En lo que se refiere a otros acusados, este tribunal confirma la condena de 8 años de inhabilitación y multa de 1.440 euros impuesta al exconcejal de la Muela Fernando Miguel Barba; reduce la pena a Antonio Fando, representante de la empresa a la que el ayuntamiento adjudicó el servicio de abastecimiento de aguas en 2007, que estaba en 6 años y 7 meses de prisión y ha quedado en 2 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de seis años. Además, absuelve a los constructores Julián de Miguel Ortega y Juan Ignacio Unsain Azpiroz David de Miguel, copropietario de una inmobiliaria. La Audiencia Provincial ha juzgado este caso en dos ocasiones. La primera se produjo en 2016, cuando Pinilla fue condenada a 17 años de prisión y al pago de casi 10 millones de euros de multa. No obstante, el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio al entender que se vulneró su derecho de defensa al no aceptar el juzgado la renuncia de su abogado a representarla. El Supremo no anuló, sin embargo, las condenas de otros 15 acusados que alcanzaron acuerdos de conformidad, entre ellos Carmelo Aured, que aceptó 9 años por el cobro de comisiones, y del exmarido de Pinilla, Juan Antonio Embarba, que fue condenado a 3 años por corrupción.

CRONOLOGÍA DEL LARGO PROCESO


Noviembre de 2005

Se descubren por primera vez las irregularidades en la gestión del consistorio de La Muela.

Octubre de 2006

La DGA denuncia en firme al considerar ilegal la aprobación de una zona residencial con campo de golf junto a Centrovía.

Diciembre de 2007

La oposición popular en el ayuntamiento destapa acciones ilegales que lleva a actuar a la Policía Nacional y se inicia la operación Molinos.

Marzo de 2009

La detención de Mariví Pinilla y 17 personas más, entre empresarios y miembros de la corporación, convierte el asunto en el mayor caso de corrupción urbanística en Aragón, el más importante de los registrados. La alcaldesa estuvo cuatro meses en prisión.

Abril de 2013

Termina el proceso para la obtención de pruebas y determinación de responsabilidades.

Diciembre de 2015

La celebración del primer juicio, que termina en marzo del año siguiente, provoca una salida de tono de la exalcaldesa, que para eludir la justicia, alega una supuesta indefensión tras cambiar tres veces de abogado.

Septiembre de 2016

La Audiencia de Zaragoza emite la primera sentencia, condenatoria para Pinilla (17 años de cárcel y 10 millones de multa) y con penas variables para el resto de imputados, por blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Es recurrida.

Mayo de 2018

El Tribunal Supremo anula la condena a 17 años impuesta a Pinilla y ordena repetir el juicio porque considera que no estuvo debidamente defendida tras renunciar ella a sus abogados y tener que ser representada por uno de ellos pese a su renuncia.

Julio de 2019

Pinilla, tras un nuevo juicio, es condenada a 16 años y a 8,5 millones de responsabilidad económica. Otras seis personas son condenadas con ella y se absuelve a otras dos. 



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