Compra de votos en Melilla: las claves del caso

Un nuevo caso de corrupción en unos comicios sacude en esta campaña a la ciudad de Melilla

, acostumbrada, -según tiene dicho su expresidente Juan José Imbroda- a la "vergüenza" de la actuación de una "trama vieja" de compra de votos entre la población más empobrecida.

En la ciudad autónoma, hasta el martes el Partido Popular y la formación local Coalición por Melilla (CpM) se repartían casi a partes iguales las posibilidades de hacerse con el gobierno autónomo. Pero la acción policial ha golpeado a CpM, confirmando las especulaciones que se hacían en Melilla desde la pasada semana.

La operación sigue abierta, de momento con un saldo de diez detenidos y diez registros en diversos locales y domicilios de la ciudad. Hay también un misterio sin resolver en el caso: de más de 11.000 solicitudes de voto por correo realizadas, no han llegado a 1.500 los presentados finalmente en las oficinas de Correos de Melilla. ¿Dónde está el resto de los sobres?

Qué se investiga

Han sido objeto de investigación en distintos niveles más de 100 personas de diversos puntos de Melilla, hasta que la pesquisa se fue cerrando sobre ambientes delicuenciales y en dos entornos familiares de personas cercanas a Coalición por Melilla.

Una de las líneas de la investigación -que sigue aún abierta- permanece atenta a seguir pistas de un posible impulso extranjero, o dirección de la compra de votos desde

Marruecos

.

Quién investiga y desde cuándo

El despliegue de Interior contra la corrupción electoral de Melilla ha incluido también un refuerzo de policías de seguridad ciudadana para la custodia de instalaciones de Correos y escolta de carteros.

En esas labores de seguridad previas al golpe de este martes han participado también la Guardia Civil

 y la Policía Local. 

Cómo actúa la trama

Sus objetivos son en buena parte personas con doble residencia, o sea, con domicilio oficial en Melilla pero con vivienda en Marruecos, y a menudo ligadas familiarmente entre sí.

El pago que la red ofrecía a votantes era superior cuantos más miembros de una misma familia pudieran aportar. Así, según fuentes cercanas al caso, con los precios bajos se tentaba a los votantes aislados, y con hasta 200 euros por cabeza a familias que tuvieran cinco o seis votantes. "Cobrar 1.200 euros por algo tan fácil era muy tentador para estas familias", relata una de estas fuentes. Ir a por las familias era clave para la red, y para ello era crucial convencer a gente bien relacionada en los barrios. La Policía investiga también ese papel de algunos intermediarios.

El vendedor tenía que entregar su tarjeta censal y, en algunos casos, fotocopia de su DNI y dejar que la trama votara por él. El trato se ha llegado a ofrecer a familias enteras. Quien vendía su voto no tenía ni siquiera que aparecer en la oficina de Correos: la trama se encargaría de acarrear el voto, hasta 20 o 30 sobres por operario, directamente hasta el servicio postal, como se ha hecho en la ciudad en pasados comicios, presentado solamente la acreditación censal de cada remitente.

Pero la trama se ha encontrado con obstáculos en la propia oficina de Correos -a raíz de medidas de control instadas por la Junta Electoral-, y ha intentando desviar los envíos utilizando la posibilidad de hacerlo desde otras oficinas de Correos. Por ejemplo, en Barcelona. De ahí que la investigación también se haya extendido a la capital catalana.

Las Fuerzas de Seguridad trataron durante la pasada semana de atajar la salida de documentación electoral en el ferry que va a la península o a través de los pasos fronterizos con Marruecos.

Qué desató la investigación

El lunes 8 de mayo y el miércoles 10, cinco carteros que llevaban encima envíos postales electorales sufrieron asaltos de lo que para entonces se suponía era la misma trama que tenía “una presencia intimidante” en la oficina de Correos, según las mismas fuentes.

Interior decidió el refuerzo de la custodia policial de esa infraestructura, así como seguir con coches patrulla de Policía y Guardia Civil la ruta de los carteros por la ciudad.

Para el 17 de mayo, había ya acumuladas 9.905 solicitudes de voto por correo en la circunscripción de Melilla, para 55.186 electores que integran el censo de la ciudad autónoma. Eso suponía el 17,95%, un porcentaje muy superior a la media del 2,47% de voto por correo en el resto de España.

El porcentaje, según un acta de la Junta Electoral de Zona emitida el pasado jueves, era también muy superior a la ya alta cifra de voto por correo registrada en las elecciones generales de noviembre de 2019: 10,96%. También supera con mucho el porcentaje de voto por correo en las elecciones locales de mayo de 2019: 7,78%. “Estas cifras son insostenibles, y sin mayor esfuerzo intelectivo hacen pensar que pudieran existir irregularidades en el proceso de voto por correo”, concluía la Junta Electoral de Zona.

El 17 de mayo sus jueces ordenaron a los funcionarios de Correos de Melilla exigir el DNI a quien llegara a la oficina a entrar uno o varios votos por correo. Si quien se acerca no es el propio votante, deberá mostrar una solicitud cursada por el votante original ante la Junta Electoral acreditando estar impedido de acudir él mismo.

Para cuando se aplicó esta exigencia, la Policía ya había destacado dentro de las oficinas de Correos agentes de información sin uniforme con orden de identificar a aquellos que llegaran a Correos con más de un sobre en las manos para votar.

El fraude parece atajado: a día de hoy solo se han acercado a dejar su voto por correo 1.802 de los 11.707 votos postales que ya iban solicitados.

Los detenidos

A Aberchán -que participó el pasado 10 de marzo en un acto del Encuentro del Túria, en Las Palmas, de partidos regionalistas a la izquierda del PSOE- le quedan aún tres meses de inhabilitación asociada a su condena, en 2011, por su participación en el fraude electoral -también consistente en una compra de votos- en las elecciones generales en Melilla de 2008. Al-lal y Ahmed son dos de diez detenidos, todos ellos puestos ya en libertad y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 2 de Melilla, en una cadena de capturas que comenzó en la noche del lunes. A los detenidos se les imputa, según fuentes policiales, dos figuras penales: un delito electoral y otro de pertenencia a grupo criminal. 

Por qué en Melilla

Nuevamente Melilla sufre la corrupción de una trama que, en palabras del candidato popular Juan José Imbroda, “es vieja”. Dieciocho inculpados -entre ellos el secretario general local del PSOE y el líder de Coalición por Melilla- fueron juzgados por fraude en el voto por Correo para el Senado en las elecciones de 2008.

A las personas captadas entonces se les ofrecía un trabajo en la administración local. En aquella ocasión fue una denuncia del PP la que impulsó el juicio; hoy ha sido una de Vox la que ha movido a la Junta Electoral de Zona a pedir medidas. No ha trascendido aún que ninguno de los detenidos tenga antecedentes de participación en la trama ya juzgada de 2008.

En el fraude de aquel año, que implicó 211 años de petición global de cárcel por la Fiscalía, participó personal de Correos, y hubo también asalto a carteros para hacerse con los codiciados sobres de votación postal.