Colau rechaza dimitir y declara que no existen irregularidades en las subvenciones concedidas por el ayuntamiento

Colau rechaza dimitir y declara que no existen irregularidades en las subvenciones concedidas por el ayuntamiento

| Agencia ATLAS

La alcaldesa tendrá que declarar como imputada ante el juzgado 21 el 4 de marzo en un caso del que se encargará la Fiscalía Anticorrupción

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, , ha sido llamada a declarar como imputada el próximo 4 de marzo ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática se ha querellado contra ella a raíz de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Barcelona a diversas entidades amigas, entre ellas el Observatori DESC – la edila trabajó antes de entrar en la política-, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) -de la que era portavoz y cabeza visible-, y Enginyers sense fronteres.

De este caso, según las fuentes consultadas por El Periódico, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, se ha hecho cargo la Fiscalía Anticorrupción y no el fiscal adscrito al juzgado que. El auto judicial de admisión de la querella sostiene que la alcaldesa firmó de forma "arbitraria, discrecional y recurrente" las subvenciones y financiaciones. El escrito detalla que las ayudas económicas a las entidades se llevaron a cabo "sin justificar" y "sin concurrencia pública". El togado solicitó acordó en diciembre que se recabasen los expedientes de todos los convenios firmados por las organizaciones enumeradas en la querella para la obtención o concesión de subvenciones en el periodo 2014-2021". Asimismo, requirió a la fiscalía que le remita "la integridad" de las gestiones administrativas que realizaron a raíz de una anterior denuncia similar en el fondo y que fue, finalmente, archivada por la fiscalía. Entonces se hablaba de subvenciones por 3.4 millones de euros.

El carpetazo a esa denuncia, que fue presentada por Abogados Catalanes por la Constitución, ha sido un dato que Colau ha subrayado especialmente este miércoles al ser preguntada por la citación judicial. La alcaldesa ha precisado que esa citación no ha sido recibida por el ayuntamiento, que la han conocido a través de medios de comunicación, lo que le ha parecido “sorprendente”. “Esta mañana los servicios jurídicos se han dirigido al juzgado para personarnos y mostrar nuestra voluntad de colaborar y de dar la información que sea necesaria”.

Colau ha mostrado su “perplejidad” por el dato de que los hechos denunciados ya suscitaron la apertura de una investigación por parte de la fiscalía que fue archivada en julio pasado: “Sorprende que se abra otra causa”. “Desconozco si hay algún elemento nuevo, pero nosotros colaboramos con la justicia, con la total tranquilidad de (saber) que en esta casa las cosas se hacen bien. Creo que la causa quedará en nada”.

Sobre la entidad denunciante, la alcaldesa ha afirmado que es “una supuesta asociación por la transparencia de la que no se le conoce actividad en la ciudad. Lo único que sabemos es que emprendió acciones judiciales contra nuestro reglamento de participación para impedir que hiciéramos una consulta a la ciudadanía sobre la gestión pública del agua y que también se opuso ante la justicia a la municipalización del agua en Valladolid. Esta es la actividad que conocemos, que cada uno extraiga sus conclusiones”, ha remachado.

Código ético

Colau aludía así a la oposición que generó los planes de su gobierno de apostar por una gestión pública del agua, algo que la enfrento especialmente con Agbar. También le han preguntado por el hecho de que le código ético de Barcelona en Comú prevé el cese de las personas investigadas, condición en la que ha sido llamada a declarar. Su respuesta es que no cree que eso deba darse: “El único dato que tengo por ahora es que los hechos fueron archivados porque no había indicios de irregularidad. Me parece fuera de lugar plantear cualquier cese”.

El código ético de Barcelona en Comú cuenta con un punto que subraya el "compromiso de renuncia o cese de forma inmediata ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, el tráfico de influencias, el enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, el soborno, la malversación y apropiación de fondos públicos ya sea por interés propio o para favorecer a terceras personas".

Barcelona en Comú ha afirmado en un comunicado que la dimisión no procede en este caso porque no ha existido "ánimo de lucro personal" por parte de la alcaldesa. El texto de denuncia la existencia de una "estrategia de lawfare (guerra jurídica) que es un ataque directo al debate democràtic" y también subraya: "Las subvenciones las concede la Comisión de gobierno de forma colegiada".

La oposición

Los grupos municipales de Ciutadans y el PP han reclamado la dimisión de Colau por ser citada como investigada. La jefa de filas de los primeros, Luz Guilarte, ha afirmado sobre la alcaldesa: “No debe seguir arrastrando el nombre y la marca de Barcelona”: Los populares han apelado al reglamento de Barcelona en Comú para pedir el cese. Junts per Catalunya ha exigido “máxima transparencia” a la alcaldesa para que “no haya ninguna sombra de duda”, sin pedir por ahora que renuncie.

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