TRIBUNALES
La Audiencia Nacional considera "una grave amenaza para la seguridad" al líder musulmán que fue símbolo de "la represión política" de España para los nacionalistas
El Parlament aprobó una declaración institucional en la que se solidarizaba con el activista musulmán Mohamed Said Badaoui y consideraba que era objeto de "un caso de islamofobia por parte del Estado español"

Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional en la calle García Gutiérrez, 1, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El 19 de octubre de 2022 la Junta de Portavoces del Parlament aprobó, con el apoyo de ERC, la CUP, JxCat y En Comú Podem, una declaración institucional en la que se solidarizaba con el activista musulmán Mohamed Said Badaoui, presidente de la Asociación en Defensa de la Comunidad Musulmana (Adedcom), y entonces representante de la mezquita Al-Sunnah, en Reus (Tarragona). Su detención y posterior orden de expulsión fue considerada por estas formaciones "un caso de represión política e islamofobia por parte del Estado español, esta vez mediante la ley de extranjería".
Pero el pasado 14 de mayo, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional confirmó la decisión del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska de expulsar a Said Badaoui y prohibirle la entrada en España durante diez años, al considerar que su permanencia "supone una grave amenaza para la seguridad pública". Cree que hay "datos suficientes" sobre su radicalización" y "su apoyo a la doctrina salafista radical". Por eso, los magistrados no albergan ninguna duda de que la actividad de este líder musulmán es "constitutiva de una amenaza real, actual y suficientemente grave para la seguridad pública, afectando a intereses fundamentales de la sociedad".
El abogado Benet Salellas, que ejerce la defensa de este activista musulmán, que llevaba residiendo en Cataluña desde hacía más de 30 años, consideró que la expulsión era una "represalia por la actividad pública como defensor de los derechos humanos de la comunidad musulmana" y "por las críticas realizadas a las instituciones y a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". En su recurso, este letrado destacaba precisamente que diferentes "organizaciones de la sociedad civil catalana y el mismo Parlamento de Cataluña" habían hecho público su apoyo a Said Badaoui, lo que según su opinión evidenciaba que este ciudadano era "una figura relevante en términos de enlace entre la comunidad islámica, las instituciones y la sociedad", y que trabajaba por la cohesión social y los derechos de los musulmanes.
No estaba imputado
También el letrado resaltaba que su defendido nunca había sido investigado, ni imputado, "ni mucho menos juzgado por ningún delito contra el orden público o la seguridad nacional, ni de ningún otro tipo". Alegaba finalmente que Said Badaoui no suponía "ningún riesgo para la seguridad nacional ni el orden público y que, en este sentido, la Administración autonómica, mediante su Dirección General de Migraciones, Refugio y Antirracismo, había emitido un informe en el que se negaban las conclusiones alcanzadas por la Policía Nacional".
Sin embargo, el informe de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) concluye que este líder musulmán "predica el salafismo más ortodoxo en su comunidad" y que es incluso uno de los "principales referentes en España". Por eso, "su influencia ha sido tal que, desde su llegada se ha producido un aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso”.
Said Badaoui, siempre según el informe de antiterrorismo, "ha realizado durante años proselitismo y reclutamiento, especialmente con los colectivos más vulnerables y manipulables. Presta especial atención a los menores, en concreto a los menores no acompañados (menas), principalmente de origen marroquí. Bajo una apariencia de presunta labor de asistencia religiosa, les adoctrina en el salafismo más radical de su situación de vulnerabilidad. En este sentido, son varios los casos en los que ha ejercido como educador de este tipo de jóvenes", concluye el documento policial.
Los agentes resaltan, además, que Said Badaoui "en julio de 2020 llevó a cabo una gira por las comunidades salafistas de varios países europeos (Francia, Alemania y Países Bajos) para predicar un discurso de odio a Occidente y segregación". La policía destaca, en el mismo sentido, que este líder musulmán considera que el contacto "con los no musulmanes o infieles debe reducirse y evitarse en la medida de lo posible". También mantuvo vinculaciones "con individuos radicales", y publicó una fotografía el 12 de mayo de 2020 en una red social en la que se puede observar "cómo levanta su dedo índice señalando hacia arriba, haciendo el gesto de la unicidad (Tawhid), muestra inequívoca de este tipo de simbología de su pertenencia al salafista combatiente, así como una conexión con las doctrinas más extremas del islam".
La 'sharía'
La expulsión de Said Badaoui a Marruecos, su país de origen, se fundamentó en la investigación desarrollada por la Comisaría General de Información, que le acusó de realizar adoctrinamiento en su comunidad de postulados radicales proyihadistas. En concreto, el sospechoso instó a los fieles de su mezquita "a vivir conforme a la ley islámica (sharía) y no conforme al ordenamiento jurídico español". dice la denuncia policial.
Finalmente, los agentes desvelaron las supuestas vinculaciones de este líder musulmán, que era muy activo en redes sociales, "con individuos radicales relacionados con el terrorismo", al mismo tiempo que ha tratado de "desestabilizar al Estado español y sus instituciones", pues promovió "la no integración, el odio a Occidente y la conflictividad social".
A preguntas de esta redacción el abogado Salellas ha confirmado que ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Nacional: "Es un atropello a los derechos humanos", ha zanjado el letrado.
Vía: El Periódico
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