El abogado de Puigdemont denunciará en Europa al juez del CNI por su espionaje

El abogado de Puigdemont denunciará en Europa al juez del CNI por su espionaje

El ’president’ de la Generalitat, Pere Aragonès, y el ’expresident’ Carles Puigdemont, ayer en Bruselas.
| Jordi Bedmar

Argumenta que participó en resoluciones sobre los huidos del 'procés' o respecto a Torra conociendo su estrategia de defensa | La primera parte de la ofensiva judicial en la que trabaja el bufete se interpondrá en los procedimientos abiertos en el TJUE y el TGUE

El abogado Gonzalo Boye, que cuenta entre sus clientes con los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Quim Torra y los 'exconsellers' huidos Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig, figura entre las 18 personas que fueron vigiladas por el CNI con la preceptiva autorización del magistrado encargado de ello en el Tribunal Supremo, Pablo Lucas, quien como miembro de su Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha pronunciado sobre los anteriores en determinadas resoluciones.

Esta circunstancia es sobre la que Boye, que ya ha interpuesto una querella en los juzgados de Madrid por los 19 ataques sufridos, articulará su ofensiva judicial contra el magistrado del CNI por no abstenerse en los asuntos que afectaban a sus defendidos, pese a conocer su estrategia de defensa, según considera que se desprende a la autorización judicial de su vigilancia que el magistrado fue prorrogando cada tres meses en función de la solicitud que le iban planteando los servicios de inteligencia.

En causas abiertas

Fuentes del entorno de Puigdemont señalaron a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio que, al igual que este diario, pertenece al grupo editorial Prensa Ibérica, que su primer paso será plantear lo ocurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal General de la UE en los procedimientos que hay abiertos, en los que ya constan resoluciones firmadas, entre otros magistrados, por Lucas en relación con Torra, Ponsatí, Comín y Puigdemont. Al ser el magistrado que autorizaba las escuchas a su abogado defensor vulneraba el derecho de defensa de estos, al permitirle conocer su estrategia de defensa.

La Sala Tercera del Supremo es la encargada, entre otros asuntos, de resolver los recursos contra las decisiones de la Junta Electoral Central y se ha pronunciado sobre la pérdida de sus escaños por causa de inelegibilidad.

Entre esos procedimientos también figuran las dudas que elevó el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en relación con las euroórdenes ante la negativa belga a entregar a Puig por no considerar al alto tribunal español el competente para solicitar su entrega a España.

Aunque el magistrado del CNI autoriza las escuchas solicitadas por estos servicios y no es informado del avance de las pesquisas, las fuentes consultadas aseguran que sus autos estaban ampliamente motivados e incluyen datos que dan a entender que podía conocer los pasos que seguiría el letrado en ciertos procedimientos judiciales, lo que vulneraría los derechos de los defendidos y es el motivo por el que los abogados gozan de una especial protección.

Antecedente de Garzón

De hecho, la intervención de las comunicaciones de los detenidos por el caso Gürtel y sus abogados fue el motivo por el que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue apartado de la carrera judicial tras su condena, vía que el entorno del 'expresident' no descarta plantear, tras solicitar la nulidad de las actuaciones de las causas en curso, según adelantó este viernes El Confidencial y ha confirmado este diario.

La ofensiva contra el que ha sido magistrado del CNI desde 2009 se suma a las distintas querellas presentadas por algunos de los más de 60 espiados con Pegasus, según destapó un informe del Citizen Lab, dependiente de la Universidad de Toronto. El propio Boye interpuso una querella contra la empresa israelí responsable del software espía que correspondió al Juzgado número 29 de Madrid, cuya titular, si lo considera necesario para dejar constancia en el procedimiento, podría solicitar la desclasificación de los autos en los que desde 2019 se acordaban las escuchas y que fueron mostrados por la directora del CNI en la comisión de secretos oficiales.

En el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona se han ido acumulando otras, ya que desde hace más de un año investigaba las denuncias del expresidente del Parlament Roger Torrent y del exdiputado de ERC Ernest Maragall.

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