La designación de Arabia Saudí para el Mundial 2034 "pone vidas en riesgo"

Arabia Saudí se confirmó, como estaba cantado desde hace varios meses, como única sede del Mundial de fútbol de 2034. La noticia fue comunicada por la FIFA y, de inmediato, las reacciones negativas no se hicieron esperar, con varias ONG anunciando que dicha competición "pone vidas en riesgo".

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"Dando por válida la candidatura y adjudicando la Copa del Mundo al país árabe, el Congreso de la Federación Internacional decidió ignorar las advertencias de Amnistía Internacional, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y varias organizaciones de aficionados europeos", según Amnistía en un comunicado del que hizo eco 'L'Equipe'.

Desde que se reveló la candidatura saudí el año pasado, única en liza tras un procedimiento de un mes limitado a las confederaciones asiáticas y oceánicas, las más de veinte organizaciones firmantes han advertido de los riesgos "para los residentes, los trabajadores inmigrantes y los aficionados visitantes" .

"VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS"

“Hoy en día, no faltan pruebas: trabajadores migrantes explotados y víctimas del racismo, activistas sentenciados a décadas de prisión por expresarse pacíficamente, mujeres y personas LGBTIQ+ enfrentando discriminación legalizada, e incluso residentes desalojados por la fuerza para dar paso a proyectos estatales ”, puntualiza su declaración.

Para los firmantes, “está claro que sin una acción urgente y reformas integrales, el Mundial de 2034 se verá empañado por la represión, la discriminación y la explotación a gran escala”.

La FIFA ha reconocido, desde la introducción de compromisos en materia de derechos humanos en 2017, "que tiene la responsabilidad de prevenir y mitigar las violaciones y abusos vinculados a sus actividades" , así como de "remediarlos" si fuera necesario, dice el texto.

Pero, debido a la falta de competencia sobre a la atribución del torneo, estos compromisos resultaron ser "una farsa" , y "no hubo ninguna consulta a las personas susceptibles de verse afectadas" , "ni medidas específicas o restrictivas" para garantizar el respeto en favor de las normas internacionales del trabajo o, en términos más generales, de los derechos humanos, concluyen los firmantes.