Crisis climática

Las comunidades autónomas, rezagadas en la lucha contra el cambio climático

Un informe internacional reclama "más esfuerzo" a las regiones, competentes para reducir el 65% de las emisiones en España

La industria emite el 21% de los gases de efecto invernadero en España.

La industria emite el 21% de los gases de efecto invernadero en España. / unsplash

Ramón Díaz

La transición energética es cosa de todos. Puesto que la estructura política de España se basa en tres niveles administrativos –nacional, autonómico y local–, en el sector público se requiere un esfuerzo tripartito para lograr un avance equilibrado hacia una economía descarbonizada, justa y sostenible.

Pero un informe internacional ha venido a revelar que hace falta una mayor acción climática por parte de las comunidades autónomas, que con el actual reparto de competencias son responsables de reducir el 65% de las emisiones de CO2, a través de medidas de mitigación, eficiencia, ahorro y adaptación.

El informe del proyecto Life Unity, en el que participa SEO/BirdLife, analiza el proceso de descarbonización en diez países de la Unión Europea. Concluye que España debe mejorar «la coherencia de su respuesta multigobierno frente al cambio climático».

En particular, el estudio llama la atención sobre el papel de las comunidades autónomas, porque "no todas cuentan todavía con planes autonómicos de descarbonización" con vistas a 2030 y su grado de ambición "no guarda plena coherencia con los objetivos nacionales y europeos".

"En un país descentralizado como el nuestro la coherencia política entre diferentes niveles de gobierno es vital", señala David Howell, responsable de Energía y Clima de SEO/BirdLife.

Contaminación en Madrid.

Contaminación en Madrid. / EFE

"Las comunidades autónomas cuentan con importantes competencias para combatir el cambio climático y, en un contexto de emergencia climática, es preciso que pisen el acelerador de la acción y de la coordinación, asegurando una respuesta conjunta y solidaria para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. El clima y, con él, la salud de todos, no puede ser objeto de confrontación Estado-autonomías, como habitualmente viene ocurriendo", añade Howell.

Comunidades como Baleares, Cataluña o Andalucía ya cuentan con leyes para la descarbonización aprobadas y en fase de desarrollo posterior. Pero otras, como Asturias o Madrid, no tienen aún proyectos normativos de este tipo, revela el informe.

Las ciudades, protagonistas

Respecto a planes o estrategias para la acción climática, en Asturias, Cataluña, La Rioja y Madrid se encuentran en fase de estudios previos o tramitación, mientras las demás autonomías cuentan con documentos en vigor con horizonte 2030 o, en los casos de Euskadi, Galicia y Navarra, 2050.

El documento también subraya el "papel protagonista" que pueden tener las ciudades en la acción climática y apremia a la implementación de medidas a escala local. En cuanto a los municipios de menor tamaño, recomienda destinar fondos y recursos técnicos, aprovechando las líneas de Next Generation, para dotarlos de planes de descarbonización.

En ese sentido, urge a que, en la próxima revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), prevista para 2023, se incluyan indicadores y medidas clave para que los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias, reduzcan emisiones.

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Situación de las leyes de cambio climático en las comunidades autónomas. / SEO/BirdLife

El texto plantea, entre otras cuestiones, medir el aumento de la energía fotovoltaica instalada en zonas edificadas, el rendimiento de las zonas de bajas emisiones y zonas peatonalizadas, el aumento de espacios que actúen como sumidero de carbono, el uso de transporte público o el aumento y uso de carriles bici.

"Los municipios tienen un papel central en la aceleración de la acción climática y en el avance hacia una economía resiliente y descarbonizada", apunta Ana Márquez, responsable del proyecto Unify en SEO/BirdLife.

"Son el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos y, por ello, su papel en la acción climática tiene una incidencia directa y rápida en el bienestar y la calidad de vida de las personas. Hay múltiples medidas identificadas, que dependen en buena medida de la voluntad política de los regidores", añade.

"Pero, además y muy especialmente en el caso de los municipios pequeños, es preciso articular recursos para facilitar su descarbonización. Los fondos Next Generation representan una oportunidad en este sentido, que España no puede permitirse perder", subraya Márquez.

Objetivos más ambiciosos

Además de la acción a escala autonómica y local, el estudio considera "fundamental" establecer varios objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos para 2030:

–Conseguir que la opinión científica independiente pese más que los intereses empresariales, financieros y políticos que ralentizan la acción climática.

–Mejorar el uso de los fondos públicos.

–Asegurar que los sumideros naturales de carbono estén adecuadamente protegidos y mejorados (biodiversidad, silvicultura, agricultura, agua, mar...) y que el uso de la tierra urbana y rural, y las políticas de zonificación, favorezcan la reducción de emisiones y el ahorro de energía.

–Impulsar el despliegue de renovables que respeten la biodiversidad y las personas.

–Garantizar una acción climática decisiva para la agricultura y para los sumideros naturales de carbono.

–Adoptar alternativas al vehículo privado.

Emisiones brutas totales de gases de efecto invernadero en millones de toneladas de CO2 equivalente en España

Emisiones brutas totales de gases de efecto invernadero en millones de toneladas de CO2 equivalente en España / Life Unify

El informe revela que las emisiones brutas totales de gases de efecto invernadero descendieron en España en 2020 un 14% respecto a 2019, lo que supone estar por primera vez por debajo de los niveles de 1990 (un 6%, en concreto).

El sector del transporte sigue siendo el mayor emisor (el 28% del total), seguido de la industria (el 21%) y la energía y agricultura (un 14%, cada una). Las emisiones cayeron entre 2019 y 2020 en todos los sectores principales, excepto agricultura y residuos, en los que se incrementaron un 1%.

Las emisiones en los sectores ETS (centrales eléctricas y grandes instalaciones industriales) se redujeron un 19% y en los sectores ESR combinados (transporte, pequeña industria, edificios, agricultura, residuos y gases fluorados), un 10%.

Sin embargo, la absorción neta de CO2 en sumideros naturales de carbono cayó por tercer año consecutivo (un 3%), en línea con la tendencia negativa prevista en la Estrategia a Largo Plazo de España. El consumo total de energía final se redujo en 13% en 2020, con las energías renovables generando el 21% del total y el 43% de la electricidad consumida.

Informe de referencia: https://seo.org/wp-content/uploads/2022/08/necp-report-taking-stock-planning-ahead.pdf