Comunicado de una de las VPN bloqueadas por LaLiga: "No hemos sido notificados formalmente de ningún procedimiento o sentencia"

LaLiga emitió este martes un comunicado anunciando un nuevo golpe a la piratería en España. En el escrito, la patronal, dirigida por Javier Tebas, afirmaba que un juzgado había concedido "las medidas cautelares 'inaudita parte' solicitadas contra NordVPN y ProtonVPN, reconociendo la responsabilidad de estos intermediarios tecnológicos en el proceso de la piratería de partidos de LALIGA".

En este sentido, el organizador del fútbol en España decía que ambas compañías "deben implementar de forma inmediata en sus sistemas internos las medidas oportunas para posibilitar que las direcciones IP aportadas por las demandantes, en las que se ha constatado la emisión ilegal de contenido audiovisual protegido, resulten inaccesibles desde España".

A pesar de eso, ProtonVPN, una de las compañías mencionadas, emitió un comunicado poco más tarde asegurando que han conocido las noticias a través de este comunicado, sin notificación oficial.

"En esta etapa, no teníamos conocimiento de ningún procedimiento que pudiera haber estado en curso antes de que salieran a la luz estos informes y no hemos sido notificados formalmente de ningún procedimiento o sentencia", dice la empresa de VPN.

"Además, cualquier orden judicial emitida sin la debida notificación a las partes afectadas, negándoles así la oportunidad de ser escuchadas, sería procesalmente inválida según los principios fundamentales del debido proceso", añade.

Finalmente, ProtonVPN lanza un mensaje con la esperanza de poderse defender: "Los tribunales españoles, como todos los tribunales que funcionan bajo el Estado de derecho, están sujetos a garantías procesales que garantizan que las partes tengan una oportunidad justa de presentar su caso antes de que se dicte una sentencia vinculante".

Según lo que dice LaLiga, el juzgado reconoce expresamente que los prestadores de servicios VPN (Virtual Private Network) actúan como intermediarios tecnológicos y, por tanto, están sujetos a las obligaciones previstas en el Reglamento Europeo de Servicios Digitales. En este sentido, considera que deben impedir "al menos la comisión de infracciones bajo sus infraestructuras".