Una jueza declara ilegal la congelación de becas a Harvard del gobierno de Trump

En la guerra en los tribunales con que Harvard combate los ataques, presiones y castigos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la universidad ha ganado este miércoles otra de sus batallas. Allison Burroughs, una jueza federal de distrito en Boston, ha declarado que el gobierno federal violó la Constitución y otras leyes al congelar y cancelar 2.200 millones de dólares en casi 1.000 becas de investigación e innovación como método de presión para, supuestamente, forzar al campus a intensificar sus esfuerzos contra el antisemitismo.

Burroughs ha dictaminado que las acciones del gobierno violan la Primera Enmienda de Harvard y constituyen “venganza y condiciones y coerción inconstitucionales”. También ha prohibido a la Administración usar en el futuro razonamientos similares para congelar fondos a la universidad. 

Apelación anunciada

Liz Huston, portavoz de la Casa Blanca, ha anunciado que el gobierno va a apelar la decisión de la jueza, que con anterioridad ya falló a favor de Harvard tras el intento del gobierno de vetar la matriculación de alumnos extranjeros, otra sentencia que Trump también ha recurrido. 

La Casa Blanca, además, ha atacado a la magistrada como “activista”, ha recordado que fue nombrada por Barack Obama y le ha acusado de “ignorar los hechos”. Es la tónica habitual del gobierno cada vez que las decisiones judiciales van en contra de Trump.

Este, en su segunda presidencia, ha lanzado un ataque frontal contra centros de educación superior en el que combina varios frentes y culmina décadas de lucha conservadora. Un argumento central de su campaña es la supuesta inacción de los campus en el combate contra el antisemitismo, acusaciones que se dispararon tras las protestas en universidades por la guerra de Gaza. Pero la suya es también una cruzada ideológica contra la supuesta promoción de ideas de izquierda radical y “woke” en el mundo académico y contra programas de diversidad, equidad y inclusión.

Los argumentos de la jueza

En la sentencia de este miércoles Burroughs asegura que las acciones del gobierno en Harvard “han puesto en peligro décadas de investigación y el bienestar de todos los que se benefician de esa investigación, y reflejan un desdén por los derechos protegidos por la constitución y estatutos federales”.

La jueza, que es judía, no ha negado que Harvard haya tenido problemas con el antisemitismo y ha escrito que la universidad “erró al tolerar comportamiento de odio por tanto tiempo como lo hizo”. En su sentencia de 84 páginas, no obstante, asegura que “es difícil llegar a una conclusión que no sea que los acusados usaron el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo e ideológicamente motivado a las principales universidades del país”.

Burroughs dice que las acciones del gobierno, que además de retener el dinero de las becas exigió cambios en la gobernanza de la universidad, en sus prácticas de empleo, contratación o de admisiones, tenían que ver con “el poder y las opiniones políticas” de la Administración Trump y “poco que ver con el antisemitismo”. “Debemos combatir el antisemitismo, pero igualmente necesitamos proteger nuestros derechos, incluyendo el de libertad de expresión, y ninguna meta debe ni necesita ser sacrificada en el altar de la otra”, ha escrito.

La magistrada concluye que antes de congelar los 2.200 millones a Harvard las agencias del gobierno “consideraron poco o ningún dato referido al problema del antisemitismo en Harvard”, los cambios en políticas de la universidad o si alguno de los investigadores afectados por los recortes habían mantenido comportamientos antisemitas.

Negociaciones

Aunque la victoria de Harvard no sea definitiva representa un importante espaldarazo para la universidad y puede darle alguna carta que jugar en las negociaciones con la Administración. Trump decía la semana pasada que quiere que la Universidad pague “no menos de 500 millones de dólares” para recuperar la financiación, aunque en la misma reunión de gabinete donde hizo esas declaraciones insto a su secretaria de educación a “no negociar” con Harvard. “Han sido muy malos”, declaró. 

Otras universidades de la prestigiosa Ivy League a las que Trump ha sometido a presión, como Columbia, Brown o la Universidad de Pensilvania, no fueron a los tribunales, como sí ha hecho Harvard, y han tratado de aplacar con concesiones al mandatario. En julio Columbia acordó pagar 221 millones al gobierno.

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