La crisis peruana no da tregua y se acentúa la debilidad del Gobierno provisional

La crisis peruana no da tregua y se acentúa la debilidad del Gobierno provisional

Enfrentamientos en Lima (Perú) entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
| EFE/ Hugo Curotto

Las protestas contra la presidenta interina Dina Boluarte no hacen más que corroer su autoridad

La presidenta provisional de Perú, Dina Boluarte, dio un paso más hacia el abismo político. La crisis política desatada tras la destitución de su sucesor Pedro Castillo por parte del Congreso, a comienzos de diciembre pasado, todavía no ha tocado su punto más dramático. Pero los acontecimientos más temidos parecen precipitarse. Boluarte ha vuelto a pedir este martes una "tregua” que pacifique el país, pero la protesta sigue instalada en el sur y se mantiene viva en Lima. Pidió "diálogo" con una voz temblorosa. Sin embargo, a estas alturas no cuenta con interlocutores en la calle. La mandataria interina expresó a su vez sus "disculpas" por el modo en que la Policía Nacional intervino en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima, dejando a su paso un tendal de heridos y detenidos. La actitud de los uniformados, dijo, "no fue la adecuada". Las palabras no tuvieron el eco esperado y el malestar de los estudiantes de clase media se ha convertido a estas alturas en un frente de tormenta que amenaza con arrastrar a otros sectores sociales de la capital, mientras el sur peruano se mantiene como el principal dolor de cabeza de las autoridades.

Boluarte inició su carrera política en Perú Libre, un partido regional de izquierdas que promovió la candidatura de Castillo. Pero después de asumir la jefatura de Estado no tuvo reparos en girar hacia la derecha y aliarse con un sector de las Fuerzas Armadas. Esos apoyos no representan, a estas alturas de la crisis, una garantía de supervivencia, entre otras razones porque, al igual que sucedió con su fallido antecesor, Boluarte tampoco se muestra a la altura de las circunstancias que ya han provocado decenas de muertos, en su mayoría por balas policiales.

"País en llamas", aseguró el analista César Hildebrandt en su portal. El Gobierno, añadió, "se aferra a la mano dura y desoye las protestas, algunas de las cuales volvieron a ser desaforadas y violentas. Se garantiza así la profundización de la crisis".

Las razones del conflicto

Puno ha llevado la delantera en los pedidos de destitución de la presidenta provisional, el cierre del Congreso y el llamado a elecciones este año y no en el lejano 2024, como ha resuelto la legislatura, aunque todavía no se ha confirmado ese calendario. Boluarte ha reaccionado de manera airada ante las protestas que estallaron en el sur peruano. "Puno no es el Perú", dijo y no hizo más que encender la mecha de la indignación en las redes sociales. Sobrevino entonces otro pedido de perdón. "No fue una expresión de discriminación ni soberbia", señaló el Gobierno y lamentó "si se malinterpretó" su intervención. Más allá de esos dichos, el Ejecutivo dispuso extender en 10 días el estado de emergencia en esa región díscola.

Las acciones represivas y las expresiones de la autoridad ejecutiva alentaron a miles de peruanos a volver a manifestarse, con el respaldo en Lima de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la presencia de contingentes de las regiones de Cajamarca, Apurímac, Lambayeque y Puno.

Impacto regional

La situación peruana ha sido observada de manera crítica por la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) que tuvo una sesión en Buenos Aires. Boluarte no pudo participar. En su nombre habló la ministra de Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, quien diferenció la protesta pacífica de sectores históricamente marginados de "acciones violentas con intención de subvertir el orden constitucional". A la vez, criticó, sin mencionar a "algunos gobiernos, de países particularmente cercanos, no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y, más bien, hayan priorizado la afinidad ideológica, al apoyo inequívoco al Estado de derecho y a la sucesión constitucional". Colombia y Chile fueron los países que con mayor dureza hicieron referencia a la respuesta estatal a las manifestaciones.

La supervivencia de Boluarte depende en parte de un gesto del Parlamento que se demora en llegar: la ratificación del adelanto de los comicios. "Llamo al Congreso para que acelere el adelanto de elecciones", dijo, y pidió a los legisladores que "prioricen" ese tema. "Yo me iré cuando los congresistas voten y hayamos convocado elecciones generales", aseguró. Sin embargo, ese horizonte se muestra por estas horas más difuso que el momento en que se puso de emergencia la banda presidencial, aquel lejano 7 de diciembre. “No hay celeridad en el Congreso para sancionar las nuevas elecciones, ni para el 2024 ni mucho menos para rebajar la fecha al 2023. Por el contrario, avanzan otros proyectos que buscan ganar en río revuelto", advirtió en su editorial el diario limeño 'La República'.

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