Mourinho: un año de cárcel y multa de 2 millones

El exentrenador del Real Madrid Jose Mourinho ha ratificado este martes en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid, por el que ha sido condenado a un año de prisión, que no cumplirá porque no tiene antecedentes penales, y a una multa de alrededor de 2,2 millones de euros por eludir el pago de 3,3 millones de euros.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el técnico portugués ha reconocido los hechos ante el tribunal de la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid en un juicio que apenas ha durado unos minutos, al tratarse de una formalidad tras el acuerdo alcanzado entre la defensa del jugador y la Fiscalía.

Así, Mourinho ha sido condenado a un año de prisión, como autor de dos delitos fiscales al defraudar 3,3 millones de euros a Hacienda durante su etapa como entrenador del Real Madrid, además de pagar una multa de 2,2 millones de euros, correspondiente al 60% de la cuota defraudada, esto es, 966.922 euros (2011) y 1.015.879 (2012). Para llegar a la cantidad total se suman otros 180.000 euros que sustituyen la pena de prisión.

No obstante, a esta multa penal habrá que descontar los 1,14 millones de euros que pagó en concepto de sanción administrativa, de forma que a Mourinho le quedan pendiente el pago de un millón. 

Al margen de la multa penal y la administrativa, el exentrenador del Real Madrid abonó en 2015 en concepto de cuotas impagadas de IRPF e intereses la cantidad de 3.286.890 euros.

La sentencia ratifica la acusación, que subscribía que el entrenador firmaba contratos por los cuales simulaba la cesión de la explotación de sus derechos de imagen a la empresa Koper Services SA, con domicilio a las Islas Vírgenes Británicas. La totalidad de la cantidad defraudada contra la Hacienda Pública asciende a 3.304.670 euros.

Así, el entrenador creó una estructura societaria "con el objeto de hacer físicamente opacos los beneficios procedentes de sus derechos de imagen".

El técnico portugués declaró ante el juez el pasado 3 de noviembre de 2017 que se marchó de España en 2013 con la información y con la convicción de que su situación tributaria "estaba perfectamente legal".

"Un par de años más tarde he sido informado de que se ha abierto una investigación y me han dicho que para regularizar mi situación yo tenía que pagar una cantidad 'x'", dijo ante los medios.