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La Conselleria de l’Esport da la razón a la Federació Catalana de Futbol

La Federació Catalana de Futbol no tendrá que convocar una Asamblea General Extraordinaria por el adelanto electoral

Joan Soteras, presidente de la FCF, y Sergi Garrido, vicesecretario de la FCF, en rueda de prensa

Joan Soteras, presidente de la FCF, y Sergi Garrido, vicesecretario de la FCF, en rueda de prensa / @FCF_CAT

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La Federació Catalana de Futbol (FCF) no tendrá que convocar una Asamblea General Extraordinaria para un adelanto electoral, y desestima las solicitudes presentadas por el Gimnàstic de Tarragona y la Unió Esportiva Olot.

La Conselleria de l’Esport ha dado la razón a la FCF. El Conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, comunicó a las partes la resolución sobre la petición de Asamblea Extraordinaria para la convocatoria de elecciones.

El documento de 23 páginas subraya que “la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria con fines electorales anticipados no es jurídicamente admisible”, avalando así los criterios sostenidos por la Federació, que ya había señalado que se trataba de una petición fuera del marco normativo aplicable.

La resolución recuerda que el único mecanismo habilitado para el cese anticipado de los órganos de gobierno es la moción de censura.

Ratificación de cargos

No obstante, la Conselleria de l’Esport sí solicita a la FCF la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria con un único punto en el orden del día: la ratificación de tres cargos previstos estatutariamente, que era uno de los puntos solicitados por el Gimnàstic de Tarragona y la UE Olot, impulsores de la petición.

Esta Asamblea se convocará y celebrará con normalidad, de acuerdo con lo que establecen los estatutos federativos y la normativa vigente.

La Federació recuerda a los clubes que la celebración de una Asamblea representa un gran coste económico para la FCF y para los clubes, y adelantó que pedirá explicaciones a los promotores de la solicitud.

En cualquier caso, la Federació Catalana de Futbol se felicita por esta resolución, que refuerza el respeto al principio de seguridad jurídica y al correcto funcionamiento institucional de la entidad.