Los clubes femeninos recurrirán ante el CSD las normas de competición de Primera y Segunda División

Este miércoles se ha dado a conocer el calendario de Primera y Segunda división femenina. La primera comenzará, como adelantamos en SPORT; el fin de semana del 3-4. En el caso de la Segunda, y como también anunciamos en este periódico, tendrá lugar el fin de semana del 17-18 bajo un formato de dos grupos de 17 equipos, divididos además en dos subgrupos. Formato de competición establecido por la RFEF que tienen previsto denunciar los clubes de la categoría.

A eso se suma la polémica en torno al conflicto audiovisual existente en la Primera división y que afecta a Barcelona y Real Madrid femenino. Y a estos dos escenarios anteriores debemos sumar un tercero. Y es la denuncia que tienen previsto hacer también los clubes ante el CSD de las normas de competición de la Primera y Segunda división publicadas en el día de ayer por la RFEF. Especialmente en tres apartados: el número de jugadoras extranjeras, el número de licencias profesionales y el control económico que la RFEF fija sobre los clubes de ambas categorías. 

El convenio colectivo femenino no obliga a un mínimo de licencias profesionales

En la circular publicada desde la RFEF en el día de ayer establece que se requerirá de un mínimo de 14 licencias profesionales en la Primera división por 6 de la Segunda. Desde los clubes entienden que la Federación no tiene competencia alguna en esta materia. Primero porque ya el convenio colectivo firmado el pasado mes de febrero no incluye obligación alguna al respecto. Y 

segundo porque los contratos son materia de régimen laboral y deben ser objeto de acuerdo entre el sindicato y los clubes, pero nunca por la Federación. Es algo que está sujeto a la legislación laboral española luego, aún siendo el organizador de la competición, no tiene competencia alguna en esta materia. 

Las competiciones no profesionales no tienen límite de extranjeros

El segundo punto de conflicto radica en el número de jugadoras extrranjeras. E las normas de competición publicadas por la RFEF dice textualmente que  "Las futbolistas extranjeras podrán inscribirse siempre y cuando acrediten su residencia legal en España. En tal sentido, no podrán formar parte de la plantilla del club más de tres futbolistas extranjeras no comunitarias que vayan a desarrollar una actividad profesional. Adicionalmente, y en línea con lo anterior, únicamente podrán ser alineadas 3 jugadoras extranjeras no comunitarias de forma simultánea, a partir de la Temporada 2021/2022, si bien tal limitación temporal podrá extenderse para el caso de que el club acredite que, a la fecha de entrada en vigor de la presente norma, la jugadora ya estaba dada de alta en seguridad social con un contrato de duración superior, en cuyo caso, se respetará lo reflejado en el mismo hasta su finalización".

Los clubes consideran que al tratarse de una competición no profesional, y pese al rango de profesionalizada reconocido por la RFEF, no hay limitación alguna a la hora de tener y alinear jugadoras no comunitarias. Otra cosa bien distinta es si el CSD acaba dando el visto bueno al paso a convertirse como liga profesional. Algo que desde el Consejo Superior de Deportes se transmitió que es uno de sus grandes objetivos bajo la presidencia de Irene Lozano. No es descartable incluso para la próxima temporada 2020-2021. 

Control económico sobre los clubes femeninos

El tercer punto de discordia radica en el control económico que la RFEF ha dibujado tanto en el fútbol femenino como en la Segunda B y Tercera. Establece tres fechas de control económico financiero. De momento responde a una observación pero el objetivo es que sea obligatorio en el futuro con la posibilidad de exclusión de la competición a quien no lo cumpla. Los clubes consideran que tampoco aquí la RFEF tiene competencias. Este control debe ser como resultado del acuerdo de los propios clubes pero nunca por imposición de la Federación. No olvidemos que a este recurso se suma el presentado ya en su día por todas las normas que fijó la RFEF como "competición profesionalizada" y que está incluso recurrido ante el contencioso administrativo.