Las apuestas deportivas amenazan las categorías inferiores de fútbol

El amaño de partidos es una práctica cada vez más extendida en nuestro país. En disciplinas deportivas amateurs, como la 2ª B y 3ª División española de fútbol, el arreglo y la manipulación de resultados para ganar dinero de forma ilícita es un hecho habitual.

Según un informe de FederBet, la federación europea de casas de apuestas -que persigue la manipulación en defensa de su negocio- ha habido 50 partidos sospechosos en estas categorías las últimas dos temporadas, pero la gran mayoría, unos 46, se acumulan en la pasada. Es decir, más de un partido dudoso por jornada. 

Podemos pensar que 50 partidos en un año son una cantidad pequeña respecto a los 220 que se juegan cada fin de semana en 2ªB (80 equipos en cuatro grupos) y 3ª (360 en 18), pero el problema es la imagen del fútbol español, que está cogiendo fama de corrupta.

¿Qué dicta la ley para los tramposos? El castigo penal parece aplicable: desde 2015 el delito de corrupción deportiva (artículo 286 bis del Código Penal, introducido en 2010) no solo rige en competiciones profesionales, sino también cuando la mayoría de participantes percibe alguna cantidad económica. A los implicados se les podrían imponer sanciones que van de seis meses a cuatro años de prisión, de uno a seis años de inhabilitación especial para su profesión y una multa de hasta el triple de lo obtenido.

El negocio es fácil, directo, muy lucrativo y deja pocas huellas –mayoritariamente online–. El principal mercado son las categorías amateurs, donde hay menos control y más necesidad de dinero. En estos niveles, pocos clubs tienen a sus jugadores asalariados; tan solo pagan primas y los gastos mínimos. Así que un extra de entre 500 y 1.000 euros por partido amañado –la tarifa tipo– es un suculento sobresueldo. La sensación generalizada es que los amañadores campan a sus anchas resguardados por la opacidad. El verdadero problema reside en que nadie se atreve realmente a limpiar esta mancha.

Uno de los hechos más difíciles de entender es el bajísimo número de denuncias interpuestas por amaños en España y la falta de control de los órganos que rigen el fútbol español (en el caso de 2ªB y 3ª, la Real Federación Española de Fútbol). Además, otro de los factores que explican la impunidad generalizada que existe en estos asuntos ilegales es la omertá: ley del silencio que prohíbe informar sobre las actividades delictivas consideradas asuntos que incumben a las personas implicadas.