Multas entre 50.000 y 200.000 euros para los particulares que crían perros y gatos como antes: la Ley de Bienestar Animal extrema la vigilancia

Como muchos de vosotros ya sabéis, la Ley de Bienestar Animal ha cambiado de forma radical algunas prácticas que durante años fueron habituales entre los propietarios de mascotas en España.

Una de las más afectadas es la cría de perros y gatos por parte de particulares, una actividad que ahora está sometida a controles mucho más estrictos y que puede acarrear importantes sanciones económicas si no cumplimos la normativa.

La normativa, aprobada para reforzar la protección de los animales de compañía y combatir el abandono, establece que la cría con fines comerciales solo puede ser llevada a cabo por personas o entidades inscritas en el Registro de Criadores de Animales de Compañía.

Esto supone que ya no es posible anunciar libremente una camada de perros y vender cachorros de forma ocasional sin cumplir previamente los requisitos legales estbalecidos.

El objetivo de la norma en cuestión es garantizar la trazabilidad de los animales y frenar el comercio irregular que durante años ha operado fuera de cualquier control administrativo. Además, busca reducir el número de perros y gatos que terminan abandonados o en centros de acogida, cada vez más saturados.

La ley también introdujo otro cambio importante para quienes desean adquirir una mascota. Desde septiembre de 2024 está prohibida la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de animales. Estos ejemplares únicamente pueden obtenerse a través de criadores autorizados o mediante la adopción.

Cualquier cesión gratuita entre particulares debe hacerse mediante un contrato y cumplir una serie de requisito:

• Los animales deben estar correctamente identificados y registrados antes de ser entregados a una nueva familia.
• Perros, gatos y hurones no pueden separarse de la madre antes de las ocho semanas de vida.

Otro aspecto muy preocupante para propietarios de mascotas son las sanciones: la normativa ya contempla multas de hasta 200.000 euros en los casos más graves relacionados con la venta ilegal o el incumplimiento reiterado de estas obligaciones.