Es oficial: el Gobierno cambia las normas y prohíbe a la banca ampliar o conceder crédito sin permiso del cliente

El nuevo anteproyecto de Ley sobre Crédito al Consumo, aprobado por el Gobierno, introduce una prohibición tajante: las entidades financieras no podrán emitir tarjetas de crédito no solicitadas ni ampliar líneas de financiación sin consentimiento previo y expreso del cliente.

El texto legal lo formula sin ambigüedades: "Se prohíbe toda concesión de crédito a los consumidores que no hayan solicitado previamente y sin su consentimiento expreso".

Durante años, la banca había recurrido a prácticas como ampliar límites de tarjetas, activar nuevas líneas de crédito o incluir tarjetas adicionales dentro de paquetes comerciales sin que el usuario lo pidiera.

Aunque la Ley de Servicios de Pago ya impedía enviar instrumentos de pago no solicitados, el Ejecutivo quiere ahora cerrar también la puerta a la ampliación unilateral del crédito disponible.

Ofertas comerciales sí, activación automática no

La prohibición no afectará a las ofertas habituales del sector, como los préstamos preautorizados. El Ministerio de Economía aclara que las entidades podrán seguir anunciando o proponiendo financiación, pero no podrán concederla sin la aceptación expresa del consumidor.

En otras palabras, la publicidad y las propuestas seguirán existiendo, pero ningún crédito podrá activarse sin un "sí" claro del cliente.

Una regulación más amplia del crédito al consumo

El anteproyecto transpone dos directivas europeas y amplía el marco regulatorio a prácticamente todas las modalidades de financiación al consumo: préstamos personales, pagos fraccionados, microcréditos, créditos rápidos y, por primera vez, los modelos buy now, pay later.

Uno de los puntos más relevantes será la limitación del coste del dinero para combatir la usura, con especial impacto en las tarjetas revolving, tradicionalmente entre los productos más caros del mercado.

Más transparencia y supervisión reforzada

La norma también contempla topes al coste de los descubiertos, nuevas obligaciones de información clara y transparente y la supervisión del Banco de España sobre todas las empresas que concedan crédito al consumo, incluidas las plataformas digitales.

Esto implica que cualquier compañía que quiera ofrecer financiación para impulsar sus ventas deberá asociarse con un intermediario financiero regulado o, de lo contrario, no podrá cobrar intereses.