El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común

La Seguridad Social estudia reconocer la pensión de viudedad para aquellas parejas que no se hubiera registrado como parejas de hecho, pero tengan hijos en común. El Ejecutivo ha reanudado este lunes las negociaciones con patronal y sindicatos para reformar el sistema de pensiones, así como los protocolos de gestión de las bajas médicas. En este sentido, el ministerio dirigido por Elma Saiz ha puesto encima de la mesa una reordenación de los tribunales médicos y su intención de crear una macro unidad que centralice los expedientes de potenciales incapacidades permanentes y descargue de papeleo a las provincias más saturadas, según coinciden en señalar distintas fuentes conocedoras.

Actualmente, hay parejas que viven juntas durante años, tiene hijos pero nunca se acaban dando de alta en el registro de parejas de hecho. Un trámite burocrático que en caso de fallecimiento de uno de los dos integrantes puede ocasionar una desigualdad notable respecto a aquellas personas que o bien se han casado o bien se han dado de alta en el registro. En el sistema legal español, la Seguridad Social es estricta y dispone que para tener derecho a dicha pensión de viudedad es menester haber formalizado ante la Administración dicha relación. Ahora el Gobierno se abre a relajar dichos requistos si hubo una convivencia marital real y los hijos serán la principal prueba de ello. Según le ha expuesto a patronal y sindicatos, tener vástagos garantizaría de manera automática el derecho a pensión de viudedad en caso de fallecimiento de uno de los dos 'cónyuges'.

La Seguridad Social se ha comprometido a transmitir una propuesta por escrito a los agentes sociales para desarrollar esa y otra propuestas, lo que podría incorporar alguna varible más para acreditar la convivencia más allá de tener hijos en común. Por ejemplo, que ambas personas estén empadronadas en un mismo domicilio durante años. ¿Cuántos años? Esa variable todavía no está cerrada y podría oscilar entre los dos y los cinco años.

Otro elemento que pretenden cambiar desde el Gobierno en materia de Seguridad Social y pensiones y sobre el que hace meses que cavila es el sistema de gestión de bajas médicas. Sobre la mesa hay varios cambios planteados, como permitir una reincorporación progresiva después de una baja de larga duración a aquellas personas que se recuperen de un cáncer, un ictus o un infarto, entre otras dolencias.

También pretende modificaciones en materia de gestión y este lunes el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha avanzado que pretenden crear una unidad central para valorar potenciales incapacidades permanentes y descargar de papeleo a las unidades provinciales que hoy funcionan. La intención es que las evaluaciones médicas se seguirían haciendo en cada delegación provincial, pero la valoración del expediente sería centralizada. El acto administrativo para dar o negar una incapacidad permanente lo determina un tribunal colegiado, formado por distintos perfiles médicos. La diversidad requerida para dicha evaluación provoca que en algunas delegaciones provinciales se demore el proceso por la ausencia de alguno de los integrantes y con esa centralización la Seguridad Social busca más estabilidad y diligencia.

El objetivo manifestado es meramente burocrático y desde los agentes sociales no se ha visto con malos ojos la iniciativa, a expensas de saber más detalles, el volumen de personal que se contrataría para dotar esa unidad o sus competencias concretas, entre otros. La Seguridad Social baraja la necesidad de incorporar a unas 300 personas, según cálculos preliminares trasladados en la reunión de este lunes.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reiniciado las negociaciones con los agentes sociales tras un parón de varias semanas. Los sindicatos plantaron al Ministerio hasta que solucionara elementos que ellos consideraban ya pactados pero no ejecutados, como la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas, "algo que está ya en vías de solución", según ha manifestado la secretaria ejecutiva de UGT, Cristina Estévez. Así como el mecanismo "determinar la cuantía de las pensiones de jubilación anticipada voluntaria", según ha explicitado CCOO en un comunicado. La Seguridad Social volverá a citar a las partes en una próxima reunión para seguir negociando.

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