El Gobierno cambia las normas y se plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver al trabajo

La Seguridad Social plantea que aquellos trabajadores que salgan de una baja larga por cáncer, ictus, infarto o fractura ósea grave puedan reincorporarse progresivamente a su puesto una vez ya tengan el alta. El ministerio dirigido por Elma Saiz está negociando con patronal y sindicatos cambios en los procesos de incapacidad temporal y este lunes por la tarde está prevista una nueva reunión en la que el Ejecutivo tratará de trazar consensos con los agentes sociales. Uno de los principales cambios es la creación de ese mecanismo de vuelta paulatina al trabajo en el que el Ministerio va concretando el listado de enfermedades que estarían cubiertas, tal como recoge el último borrador al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El esquema que plantea el Gobierno es que el retorno progresivo quede circunscrito a trabajadores a tiempo completo o tiempo parcial, pero siempre que ejerzan a un 80% o más de jornada. Podrían tener contrato indefinido o temporal y este se alargaría lo que durara el regreso al 100%. Y para poder solicitar este beneficio deberán salir de una baja de al menos 180 días (unos 6 meses) y los procesos deben tener "origen oncológicos, isquémicos cardíacos o accidentes cerebro vasculares o traumatológicos graves, incluidas situaciones post-trasplante", según recoge el texto.

El secterario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, anunció la semana pasada la creación de un observatorio para monitorizar la evolución de las bajas médicas en el que participarán también patronal y sindicatos. Uno de los objetivos de dicho organismo será también el ver qué otras enfermedades podrían introducirse en ese mecanismo de retorno progresivo al trabajo. La competencia de abrir o no ese abanico, no obstante, quedaría en manos del Gobierno. "Reglamentariamente, se podrán incluir otras enfermedades o patologías que se consideren igualmente graves", recoge el borrador.

Acuerdo entre empleado y empresa

Este cambio en el sistema de gestión de las incapacidades temporales ni tendrá entrada en vigor de forma inmediata, ni está garantizado que prospere. La propuesta, hasta ahora, no ha entusiasmado ni a patronal ni a sindicatos y debe también superar el trámite parlamentario, donde el Gobierno no cuenta con mayorías claras. El objetivo de la norma es facilitar la vuelta al trabajo de personas que hayan superado una enfermedad dura y ya tengan el alta médica. No obstante, el aterrizaje de dicha idea no acaba de convencer a los agentes sociales.

La propuesta de Seguridad Social restringe esa vuelta progresiva al plazo máximo de un mes, si bien el tiempo concreto lo recetará el médico de la sanidad pública. Durante el mismo, el empleado operará con una jornada reducida y la duración de la misma "se determinará mediante acuerdo entre el empresario y la persona trabajadora dentro de su jornada ordinaria". Si no hay acuerdo, el empleado deberá recurrir a la jurisdicción social. La propuesta deja la puerta abierta a que en el convenio colectivo de cada sector se den pautas a efectos de concreción horaria. Durante ese tiempo, la mitad del sueldo del trabajador lo pagará la empresa y la otra mitad la Seguridad Social.

No obstante, la Seguridad Social se compromete a revisar estas condiciones al cabo de un año de aplicación de este nuevo modelo. "El porcentaje de la jornada del trabajador durante el periodo de reincorporación progresiva al trabajo y, en consecuencia, la cuantía del subsidio que viniera percibiendo en el proceso de incapacidad temporal del que deriva, establecidos en este real decreto-ley, podrán ser modificados reglamentariamente teniendo en cuenta los resultados de la evaluación", recoge el borrador.

Debate polémico

La Seguridad Social volvió a reactivar la mesa de diálogo social sobre incapacidades temporales tras varios meses de tenerla en barbecho. El Ejecutivo volvió a citar a patronal y sindicatos unos días después de que la Airef emitiera un informe en el que radiografiaba cuántas bajas se producen en España, cuánto duran, de qué tipo son, su distribución geográfica y su evolución temporal, entre otros. En su diagnóstico, la presidenta del evaluador independiente, Cristina Herrero, criticó al Gobierno por descuidar, en su opinión, el control de los partes de baja durante sus primeros estadios, lo que acaba redundando en la cronificación de dolencias que luego saturan el sistema.

La reforma que plantea la Seguridad Social en la gestión de la incapacidad temporal introduciría algunos cambios a este respecto. El principal, si bien no sustantivo, sería permitir que la mutua de la empresa formule, en cualquier momento, una propuesta de alta con propuesta de incapacidad permanente. Es decir, que no haya que esperar a superar el umbral de 365 días de baja para que el tribunal público dictamine que el trabajador ya no se recuperará de esa dolencia.

Vía: El Periódico