Inflación

Los agricultores denuncian que los intermediarios "se están forrando" con el precio de la fruta

UPA reclama que el Gobierno y las Comunidades Autónomas endurezcan los controles en la compraventa de alimentos frescos

Frutas.

Frutas.

Eduardo López Alonso

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha denunciado este miércoles que los intermediarios están inflando de manera injustificada los

precios

de la

fruta

y la

verdura

en España. En una situación de alza de costes, los productores denuncian los abusos que se están produciendo por parte de los intermediarios. UPA ha denunciado que, a pesar de la subida de precios de frutas y hortalizas a los

consumidores

, los agricultores siguen sin cubrir costes en la mayoría de los calibres, con la excepción de los de mayor tamaño, que apenas suponen un 20% de la producción total de fruta de hueso (cerezas, ciruelas, melocotones…).

Al calor de la inflación, muchas empresas intermediarias están aprovechando la situación para subir los precios de manera injustificada y "con falta de lógica". "Se están forrando", explican en fuentes de UPA. "Creemos que detrás de estos movimientos de encarecimiento de precios en destino sin reflejo en el origen hay movimientos especulativos que buscan enriquecerse aprovechando la espiral inflacionista", afirman. Frutas de verano como la sandía y el melón también están siendo víctimas de esta especulación.

UPA ha exigido a los intermediarios y a las cadenas de distribución con las que colaboran que depongan esta actitud, paguen un precio justo a los agricultores y apliquen un margen justo para que los consumidores tengan más fácil acceder a alimentos frescos, "los más nutritivos y necesarios".

UPA cree que un año más se está incumpliendo la ley de la cadena alimentaria en el sector de la fruta de verano, donde sigue imperando la "venta a resultas" (entrega del producto sin precio y liquidación varios meses después), por lo que exigen al Gobierno, a través de la Agencia AICA del

Ministerio de Agricultura

y a las Comunidades Autónomas, a través de sus administraciones competentes, que refuercen los controles para evitar los abusos.