El surfista español muerto en Filipinas no tenía vínculo con la Federación

"No tenemos conocimiento de que sea cercano al mundo federativo" afirman

La policía define su actuación como una "operación exitosa en la lucha contra las drogas"

Un surfista durante una competición
Un surfista durante una competición  | EFE

El surfista español de 32 años que murió este miércoles a manos de la policía en la isla filipina de Siargao, según fuentes policiales en el transcurso de una operación antidroga, no era profesional de ese deporte ni estaba vinculado a la Federación Española, indicaron a 'EFE' desde este organismo.

EFE

El fallecido es Diego Bello Lafuente, que residía temporalmente en Siargao, una isla situada 800 kilómetros al sureste de Manila y muy popular entre surfistas, donde tenía varios negocios relacionados con el turismo.

Tras tener noticia del suceso, desde la Federación se interesaron por la identidad del surfista, en cuyas redes sociales aparece como practicante de la modalidad de SUP (paddle surf). "No tenemos conocimiento de que sea cercano al mundo federativo", indicaron. La policía filipina afirma que Bello era un "traficante de drogas de alto valor" que llevaba encima 10 gramos de cocaína y 30.000 pesos filipinos en billetes marcados (600 dólares) y valoró la acción como una "operación exitosa en la lucha contra las drogas".

Tras ser disparado, Bello fue trasladado al hospital, donde se confirmó su muerte, según el portavoz de la Policía Regional de Surigao del Norte, Reynel Serrano. "Fue una operación en legítima defensa", apuntó Serrano, quien sostuvo que Bello llevaba una pistola calibre 45 y disparó primero a los agentes.

CRÍTICAS A LA POLICÍA FILIPINA

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la policía filipina falsifica pruebas para justificar ejecuciones extrajudiciales en la sangrienta guerra contra las drogas que comenzó hace tres años bajo el mandato de presidente Rodrigo Duterte. Naciones Unidas y defensores de derechos humanos han criticado el clima de impunidad de la campaña antidroga en la que han muerto unas 30.000 personas, la mayoría en ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía. La policía ha admitido haber matado en redadas a unos 6.700 sospechosos, aunque alegan que todos ellos se resistieron al arresto.

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