Sandro Rosell declara ante la juez Carmen Lamela

Sandro Rosell, el día de su detención

Sandro Rosell, el día de su detención / J. Ferrándiz

EFE

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela toma este lunes declaración al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que lleva ya un año en prisión preventiva por el supuesto blanqueo de 15 millones de euros de la venta de derechos audiovisuales de partidos de la selección brasileña de fútbol.

Según han informado fuentes jurídicas, Lamela ha citado a Rosell, que ingresó en prisión el 25 de mayo de 2017, días después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le rechazara un nuevo recurso pidiendo su puesta en libertad.

El abogado de Rosell alegó en ese recurso dilaciones en el procedimiento para pedir su excarcelación, pero la Sala considera que "basta ver el informe del Ministerio Fiscal" para "no compartir el criterio de la defensa".

Los jueces, al igual que la Fiscalía, consideran que existe un riesgo de fuga "altamente probable" que "frustraría" una investigación que está "prácticamente terminada", sobre todo teniendo en cuenta las grandes cantidades de dinero que tendría en el extranjero y que le permitiría instalarse en otro país.

En su informe, la Fiscalía apuntó a Rosell como el "máximo responsable de una organización dedicada al blanqueo de capitales", en tanto que entre 2007 y 2011 efectuó "operaciones financieras tendentes a ocultar" la procedencia de casi 15 millones de euros procedentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CDF).

Además, participó de los beneficios mediante la constitución de la empresa Üptrend, propiedad de una mercantil panameña, a través del cobro de 6,5 millones de euros.

Según la Fiscalía, Rosell, junto al resto de investigados, dispone "con enorme facilidad de elevadísimas cantidades de dinero" que mueve "por todo el mundo" y además "carece de un especial arraigo en el territorio español".

Para el ministerio público, las actividades de Rosell en Asia, África, Senegal y Catar y la utilización de cuentas opacas ubicadas en territorios 'off shore', entre otras cuestiones, "acreditan un riesgo objetivo y cierto" que solo la prisión provisional puede evitar.