La Fiscalía acusa al Barça de obtener favores arbitrales en su acuerdo con Negreira

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha recibido la denuncia de la Fiscalía de Barcelona por los pagos del Barça al ex árbitro Enríquez Negreria.

La denuncia que ha interpuesto la Fiscalía señala al club como responsable de un delito continuado de corrupción por fraude deportivo, otro de administración desleal y falsedad en el documento mercantil. También apuntan a los ex presidentes azulgranas, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, así como a otros dos como el director general Óscar Grau y director de deportes profesionales Albert Soler.

La Fiscalía sostiene que el FC Barcelona tuvo un acuerdo verbal confidencial con el denunciado Enríquez Negreira para que, aprovechando su calidad de Vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, realizase tratos de favor al club azulgrana a cambio de dinero con la intención de influir en la toma de decisiones de los árbitros y, de este modo, en los resultados deportivos de la entidad.

La denuncia

En concreto, y según sostiene la denuncia, el Barcelona, a través de los ex presidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, alcanzó un “acuerdo verbal estrictamente confidencial” con Enríquez Negreira “a fin de que, en su calidad de Vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el Club, y así en los resultados de las competiciones; árbitros cuya designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional se llevan a cabo en el seno del CTA, organismo encargado, además, de las evaluaciones –en las que participaba el denunciado- para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de la proposición de candidatos a árbitros internacionales”.

La empresa de Enríquez, según el texto, giró “facturas que fueron presentadas al cobro ante el FCB sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real”.

Todo arranca en una inspección fiscal que sacó a la luz pública los pagos. Al Barça se le requirió “copia de los vídeos, documentos o informes en los que se concretaron los trabajos de asesoramiento específico. La respuesta del FCB fue que no se había encontrado la documentación requerida”. La Agencia Tributaria estimó que “no existía conexión entre el gasto realizado y la generación de rendimiento, y tampoco se individualizaba el servicio prestado ni relación directa con la actividad empresarial o profesional del Club”.

Todos los pagos

La Inspección de los Tributos agregó que las facturas carecían de validez porque “no se correspondían con prestaciones de servicios por parte de las empresas” de Enríquez “ante la falta de una prueba que acreditara la realidad de la actividad desarrollada por aquellas”.

La fiscalía, en su denuncia, detalla todos los pagos efectuados por el Barcelona entre enero de 2014 y diciembre de 2015, que ascendieron a 1.286.530,19 euros. En el periodo anterior, entre 2011 y 2014, superaron los dos millones. Entre 2016 y 2018, Enríquez percibió 1.685.142,83 euros.

La suma total de lo percibido por el denunciado en el periodo investigado en las diligencias ascendió a 2.971.673,01 euros.

Todos los pagos se hicieron mediante transferencia bancaria a cuentas que se nutrían casi íntegramente por estos pagos. El dinero era retirado, después, a través de cheques al portador. Desde 2001 a 2018, periodo en que duró la relación entre club y dirigente arbitral, el Barça abonó a Enríquez 7,3 millones de euros, según la Fiscalía.

“Ello supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del Club ni aprobada por la Asamblea General por lo que carecía de título que lo justificara. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno”, agrega.

Bartomeu pone fin

En 2018, Bartomeu decidió poner fin al acuerdo coincidiendo con la salida de Enríquez de la vicepresidencia del CTA: “Personalmente no profeso animadversión hacia ninguna persona del Club, ni contra usted ni especialmente contra el Sr. R o el Sr. C, y 

Tengo la razón y el derecho que amparan dicha reclamación. Tanto usted como el Sr. R, como Vicepresidente y Presidente y viceversa, por no citar a más, convinieron conmigo los acuerdos que hoy ustedes pretenden incumplir impunemente”, dijo Negreira.

Lo que dice la ley

La legislación prevé penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel por corrupción; y seis meses y tres años por la administración desleal que deberían afrontar los ex directivos sin son condenados.

El código penal establece que las entidades condenadas por corrupción entre particulares deben pagar una multa.

Según informó La Vanguardia este viernes, el código penal establece, en casos extremos, el descenso de categoría e incluso la disolución de la entidad.

Para acreditar corrupción, debería probarse que el club pagó de manera continuada a Negreira (de 2001 a 2018) con la intención de alterar la competición.

Administración desleal

Otro asunto es el de la administración desleal. El Barça deberá justificar los 1,4 millones de euros que pagó al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros por unos supuestos informes arbitrales (también de jugadores, según el comunicado que hizo público el Barça a raíz de las primeras informaciones sobre el caso). Esos pagos aumentaron a siete millones en el arco que va entre 2001 y 2018.

La UEFA está investigando el caso después de que Javier Tebas pusiera en conocimiento todo este entramado diseñado por el Barça.