Nos la jugamos

Un total de 4.457 socios compromisarios del FC Barcelona están citados hoy, en el Palau Blaugrana, a las 15 horas en primera convocatoria, para celebrar la Asamblea General de Socios 2021. Dispondrán de un máximo de 6 horas para abordar los 9 puntos que contempla el Orden del Día, teniendo en cuenta que a las 21 horas empieza en el Camp Nou el partido de Liga FC Barcelona- Valencia CF. Unos 40 minutos de promedio para cada punto. Habrá que tomar decisiones que van a marcar absolutamente el futuro de la institución porque nunca antes la entidad había pasado por una situación económica tan comprometida, al borde de la quiebra. En algunos de los puntos clave del orden del día subyace la necesidad de hipotecar capacidad de maniobra y autonomía de gestión a cambio de ingresos que ayuden a hacer viable económicamente la entidad. 

El punto 4 del orden del día, por ejemplo, someterá a votación la financiación necesaria para construir el Espai Barça. Para estar a la altura de las grandes competiciones del futbol del futuro, el Club necesita imperiosamente un nuevo estadio. Ya no porque el actual no reúne las condiciones de confort exigibles a un club top, sino porque no dispone de espacios para generar nuevos ingresos (eventos, restaurantes, palcos VIP, tiendas…) con los que los principales competidores ya cuentan actualmente. Lo mismo ocurre con el baloncesto, balonmano, futbol sala y hockey sobre patines y por este motivo se necesita un nuevo Palau Blaugrana. Si, además, estas nuevas instalaciones del Club quieren disponer de un entorno agradable y con servicios y ser un atractivo de la ciudad para el turismo, se debe construir este espacio. Todo ello, junto al estadio Johan Cruyff, ya en pleno funcionamiento, es el Espai Barça y su presupuesto de construcción es de unos 1.500 millones de euros, según anunció recientemente el CEO del Club, Ferran Reverter. 

Joan Laporta y su equipo han conseguido que Goldman Sachs, y seguro que podría haber más fondos de inversión dispuestos a entrar en la operación, apuesten por financiar la obra. Nos explican que los grandes pagos de esta inversión solo llegaran cuando el Espai Barça ya esté construido y genere ingresos. Unos 200 millones de euros de facturación adicional cada año una vez esté totalmente acabado, según el Club.

SOMBRAS RAZONABLES

Pero hay muchas sombras razonables en este panorama: ¿un Club que debe más de 1350 millones puede endeudarse con otros 1500 millones? Cualquier fondo de inversión, por facilidades de pago que ofrezca y riesgos que asuma, no solo quiere recuperar su dinero sino obtener beneficios. Para asegurarse de que esto va a pasar acostumbra a exigir garantías. ¿Si las hay, qué garantías exactas se le exigen al Barça? ¿Por cuánto tiempo?

¿Qué ocurre si las cosas van mal y el Barça no alcanza la facturación deseada e incumple sus pagos? Es legítimo y razonable pensar que Goldman Sachs apueste sobre seguro: si recupera la inversión y obtiene beneficios, bingo. Si hay incumplimiento, Goldman Sachs o cualquier otro fondo ejecutará las garantías sin ninguna duda. También gana. Este segundo escenario puede ser la puntilla definitiva para que el Barça deje de ser propiedad de sus socios, a no ser, como reflexionaba Jaume Roures recientemente, que los socios quieran y puedan pagar de su bolsillo a través de una derrama. La única solución real para seguir con el modelo de propiedad actual.

Ante esta elección tan decisiva cabe preguntarse por tres aspectos, cómo mínimo: 

1 ¿Por qué no se ha presentado a los socios del Club el proyecto arquitectónico exacto para el que se pide la financiación? ¿Qué queda de la decisión que tomó el 9 de marzo de 2016 un jurado formado por nueve miembros, cinco del club, tres del Colegio de Arquitectos y uno del Ayuntamiento de Barcelona, y que declaró por unanimidad ganador del concurso del Nou Camp Nou al proyecto del equipo formado por la firma japonesa Nikken Sekkei y el despacho catalán de Joan Pascual y Ramon Ausió, que por cierto, fue misteriosamente apartado del encargo al poco tiempo sin ninguna explicación pública?

2 ¿Por qué no se explican hasta la extenuación y con todo detalle las condiciones económicas de la operación?

3 ¿Los socios compromisarios que van a decidir sobre la aprobación o no de la financiación del Espai Barça tienen toda la información y el tiempo de reflexión necesarios para emitir un voto responsable? ¿La van a tener con las explicaciones que la Junta Directiva pueda ofrecer el próximo domingo en los 40, 60 o 90 minutos que pueda dedicar a exponer sus argumentos? ¿Siendo ésta una decisión tan relevante para el futuro de la Entidad, no sería imprescindible abrir un periodo de información a todos los socios, hasta hoy propietarios formales del Club, y acabar tomando una posición en un referéndum en el que participen todos los propietarios del Club que lo deseen? Para tal propósito no hacen falta más de dos meses, si se cuenta con la tecnología del siglo XXI para efectuar la votación, y sobre todo si se actúa con voluntad de transparencia y respeto a los socios del Barça.

REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Otro punto del Orden del Día de la Asamblea del próximo domingo que requiere una especial atención es el número 6 y hace referencia a la propuesta de reforma de los estatutos del Club.

Se pretenden reformar 8 artículos y dos disposiciones transitorias de los estatutos vigentes, según se describe en la memoria explicativa que ha preparado la Junta Directiva para avalar su propuesta. 

Algunas de las modificaciones presentadas difícilmente van a generar discusión. Es el caso de la propuesta para que el Barça añada un párrafo al artículo 4 (ámbito funcional) de sus Estatutos, en que diga que el Club “promoverá los valores democráticos de la igualdad y la no discriminación y que luchará por la erradicación de todas las actitudes machistas, homófobas y racistas en el ámbito social y del deporte”. Difícil no estar de acuerdo. 

Tampoco debería despertar mucha oposición que el Club permita las solicitudes on-line para darse de alta como socio (artículo 12).

Es el mismo caso de la propuesta que propone limitar los mandatos del Presidente del Club y de su Junta Directiva a cinco años. Actualmente los mandatos son de seis años (artículo 34). 

Igualmente, es opinable pero nadie hará ‘casus belli’ de si la Junta Directiva del Club debe estar formada por un máximo de 21 miembros, como ocurre actualmente, o si debe ampliarse a 25 como propone la reforma del artículo 33. 

Pero seguramente ahí acaba el consenso y empieza la polémica. 

La reforma del artículo 67 de los estatutos es una de las que más controversia genera. Este artículo 67 explica claramente que la Junta Directiva que presente dos balances anuales “sin haberse alcanzado el equilibrio patrimonial supondrá motivo de cese anticipado de la Junta Directiva, que deberá ser sustituida por una Comisión Gestora”. O lo que es lo mismo: la obligación de la Junta Directiva de dimitir si encadena dos ejercicios seguidos con cifras que conlleven un grave endeudamiento.

Joan Laporta y su equipo proponen la aprobación de una disposición transitoria que reconozca que “a consecuencia de les pérdidas registradas y del endeudamiento existente del Club en el momento de aprobarse las cuentas anuales del ejercicio 2020-2021, el artículo 67 de los Estatutos queda provisionalmente en suspenso y sin efectos, hasta la restitución del patrimonio neto positivo”. 

Diferentes voces de socios relevantes del Club ya han hecho saber que “la derogación del control no puede ser un cheque en blanco para cinco años” o que “suspender la aplicación del artículo 67 de los estatutos sin una propuesta alternativa no es más que el preludio de una SAD”. 

EL FUTURO DE LAS PEÑAS

Otro punto caliente de discrepancia hace referencia a la práctica extinción de la actual Confederación Mundial de Peñas, que agrupaba y daba servicio a más de 1.265 peñas y 170.000 peñistas de todo el mundo, estableciendo una red de espacios Barça a lo largo y ancho de todo el territorio y era la organizadora del Congreso Mundial de Peñas. Su presidente era Antoni Guil.

A pesar de que en el pasado mes de febrero, durante la reciente campaña electoral, Joan Laporta firmó un contrato en que se comprometía a renovar el convenio existente entre el Club y la Confederación, ahora propone legitimar la ruptura de esta     relación.

En el punto 2 del artículo 16 de los Estatutos, la Junta Directiva reivindica “el reconocimiento de la individualidad, personalidad e independencia de las peñas, así como de la facultad del Club de regular la relación con estas”. 

En el punto 3 se propone “no discriminar en la relación entre el Club y las peñas permitiendo que estas, si así lo desean, se puedan relacionar directamente con el Club sin la intermediación de ningún otro interlocutor”. 

Finalmente, la propuesta presentada consiste en eliminar completamente el párrafo que reconoce que “los representantes de la Confederación forman parte de la Asamblea de acuerdo con lo que se prevé en el artículo 23 de estos Estatutos”.

Para rematar, la Junta Directiva quiere suprimir totalmente el apartado e del artículo 23.1 que reconoce que son socios compromisarios permanentes de la Asamblea “los presidentes de las federaciones territoriales de peñas elegidos democráticamente y que sean socios de la entidad con más de cinco años de antigüedad”

Las posiciones, en este caso, están más que encontradas.

Finalmente, llama mucho la atención de la propuesta que hace la Junta Directiva respecto al Código Ético del Club (artículo 39) y sobre la Comisión de Ética y Transparencia (artículo 60 bis).

Respecto al Código Ético, la Junta Directiva propone que la obligatoriedad del cumplimiento del Código Ético deba ser reconocida en los Estatutos por parte de todos los directivos, miembros de las comisiones (tanto estatutarias cómo no estatutarias) y por todos los ejecutivos y empleados del Club y no solo, como hasta ahora, por los directivos y empleados de alta dirección. 

Hasta ahí todos, más o menos, de acuerdo. La polémica surge con la propuesta de reforma del artículo 60.bis que hace referencia a la creación de una Comisión de Ética y Transparencia que vele por el cumplimiento de este Código Ético. En este punto la Junta Directiva propone que esta Comisión “esté integrada por cinco miembros designados por la Junta Directiva”. O sea que los vigilados eligen y designan a los que les deben vigilar….

DIFÍCIL CONSENSO

La conclusión de este análisis es que la reforma de Estatutos que propone la Junta Directiva es muy desigual a la hora de generar consenso. Previsiblemente, la propuesta de reforma de algunos artículos pueden obtener la mayoría necesaria para ser cambiados (recordemos que la reforma de un artículo de los Estatutos requiere la aprobación de dos tercios de los votos de los asistentes a la Asamblea en el momento de la votación), pero otros puntos lo van a tener muy difícil para obtener la aprobación necesaria. Lo razonable sería informar suficientemente a los socios compromisarios de los cambios propuestos y lo que ello significa, debatir abierta y democráticamente sobre aquellos puntos que generan discusión y finalmente votar punto por punto, los 9 cambios propuestos en la modificación de Estatutos: 8 artículos y dos disposiciones transitorias.

¿Esto va a ser posible el próximo domingo con los 40, 60 o 90 minutos que la Asamblea le pueda dedicar al tema? Complicado. Pero es que además la Junta Directiva encabezada por Joan Laporta había decidido inicialmente que la votación se hiciera de una sola vez y mezclando todos los puntos a reformar. O se aprobaba la modificación entera de los nueve puntos o no se modifica nada. ¡Carambas!

La portavoz y vicepresidenta institucional del FC Barcelona, Elena Fort, anunció esta misma semana que la Junta Directiva del Club estaría dispuesta a aceptar una votación, punto por punto, si “la Asamblea lo pide”. 

Finalmente, anteayer jueves, Joan Laporta anunció que “la votación se hará punto por punto”. Donde algunos ven cintura y mano izquierda, otros ven un ejercicio de “si cuela, cuela” o de enésimo ejercicio de improvisación de esta Junta Directiva.

POLÉMICA LIQUIDACIÓN

Previamente, los socios compromisarios habrán tenido que aprobar o no la polémica liquidación de cuentas de la temporada 2020-2021. El Club presenta en este período unas pérdidas de 481 millones de euros. Laporta tomó las riendas del Barça el 17 de marzo de 2021 y él considera que no tiene por qué asumir 481 millones de pérdidas que no son suyas, sobre todo al efecto de avalar tal cantidad. Seguramente no le falte razón pero legalmente, y hay sentencias que lo confirman, él es el responsable. 

Además, diferentes miembros de la junta que presidió Bartomeu señalan que en el informe de auditoría se constata que hay un alto grado de subjetividad en los 140 millones de depreciación de jugadores y los 90 millones por previsiones de litigios. Al auditor le dicen que un jugador que antes valía 100 ahora vale 4 y anota 4 en las cuentas y se pone de perfil. También, los servicios jurídicos le dicen que hay unos litigios, creen que los perderán y se tienen que provisionar 90 millones. Los auditores también lo aceptan pero hay que destacar que lo hacen constar expresamente en su informe. Estas son las dos partidas principales que están en discusión. Esto duplica las pérdidas originales de Bartomeu. No queda nada claro qué es imputable a cada uno, pero el mandato se cierra en 481 millones negativos que nadie querrá asumir. Tiene toda la pinta que la discrepancia acabará en juicio y que el conflicto no será breve. 

Sin lugar a dudas, los socios compromisarios tienen un duro trabajo por delante este próximo domingo. Decidan lo que decidan, ojalá sea lo mejor para el Barça.